- Las agresiones contra periodistas mujeres han registrado un aumento sostenido del 69,4% entre 2022 y 2025.
- El hostigamiento digital y las campañas de descrédito buscan erosionar la credibilidad profesional y fomentar la autocensura.
- Existe una brecha de protección y registro en zonas rurales y regionales, donde el costo de fiscalizar es mayor debido a la cercanía con las fuentes.
Por: Perla Guatemala, comunicadora social.
En Chile y en regiones, las mujeres periodistas hemos ganado espacios, audiencias y reconocimiento. Sin embargo, la pregunta ya no puede limitarse a cuántas mujeres aparecen frente a una cámara, conducen un programa, firman una investigación u ocupan un liderazgo público. Hoy debemos preguntarnos en qué condiciones ejercen esa voz pública y cuánto cuesta sostenerla.
El último Informe de Vulneraciones contra la Prensa 2022-2025 del Observatorio del Derecho a la Comunicación registró 424 vulneraciones y 485 víctimas o entidades afectadas. Entre 2022 y 2025, los incidentes aumentaron 69,4%, pasando de 85 a 144 casos. El dato más inquietante para quienes ejercemos desde una perspectiva de género es que las agresiones contra mujeres periodistas presentan mayores niveles de reiteración, exposición y hostilidad digital. Además, 113 agresiones fueron atribuidas a usuarios de plataformas digitales.
La violencia contra una periodista ya no ocurre solo cuando se le impide cubrir una noticia. También aparece en campañas de descrédito, insultos, amenazas y hostigamiento digital que buscan erosionar su credibilidad y, finalmente, empujarla a la autocensura.
El propio monitoreo reconoce una limitación que no debiera pasar inadvertida: la capacidad de seguimiento es menor en regiones y zonas rurales. Esto significa que las cifras disponibles pueden no reflejar toda la magnitud de las agresiones que enfrentan periodistas fuera de Santiago. En territorios donde existen menos medios, equipos más pequeños y relaciones mucho más cercanas entre autoridades, fuentes, anunciantes y profesionales de la prensa, una amenaza, una presión o un intento de silenciamiento puede quedar sin denuncia formal, sin cobertura pública y, muchas veces, sin registro. La ausencia de datos, entonces, no necesariamente equivale a ausencia de violencia; puede revelar también una brecha en los mecanismos disponibles para detectarla, documentarla y acompañar.
Esta posible subrepresentación me obliga a mirar la libertad de prensa desde una perspectiva territorial. Una periodista que ejerce en una comuna pequeña o en una zona rural no enfrenta necesariamente los mismos recursos institucionales, redes profesionales o posibilidades de respaldo que una colega en la capital. Además, la cercanía cotidiana con las fuentes puede aumentar el costo personal de investigar, fiscalizar o publicar información incómoda.
Frente a ese ejemplo, fortalecer la protección de las mujeres periodistas en regiones requiere algo más que reaccionar frente a los casos conocidos: exige mejores sistemas de registro, canales seguros de denuncia, apoyo gremial y jurídico, y una política de libertad de expresión que considere las desigualdades territoriales porque si las agresiones de las periodistas en regiones no se ven, tampoco pueden prevenirse.
Sumado a ello, ya distintos gremios periodísticos han recalcado que el periodismo enfrenta desafíos como la desinformación, la pérdida de credibilidad y las transformaciones digitales. Para las mujeres, esos desafíos tienen además una dimensión de género.
Con todo ello, así es que considero que no basta con celebrar que haya más mujeres en los medios. No necesitamos solamente más mujeres frente a un micrófono. Necesitamos condiciones para que puedan investigar, preguntar, fiscalizar e incomodar sin convertir la violencia en “parte del oficio”.
Porque cuando una periodista se autocensura por miedo, no pierde solamente ella: se pierde el derecho de toda la sociedad a escuchar una voz que tenía algo importante que decir.