“No es posible que cualquiera llame a tu teléfono privado para ofrecer productos que no han sido solicitados”, dijo el parlamentario.
Práctica que no es exclusiva de empresas de cobranza, sino que de telecomunicaciones, financieras e incluso campañas políticas.
Junto a la directiva de la Asociación de Consumidores del Sur (CDS) el Presidente de la Comisión de Economía del Senado Eugenio Tuma, presentó detalles del proyecto de ley que busca regular el acoso a los consumidores a través de llamados telefónicos a los clientes, y que a nivel nacional tendría a más de 18 millones de potenciales afectados.
Tuma enfatizó que “Las empresas están haciendo uso de bases de datos clandestinas, no hay otra explicación para que los consumidores reciban llamados continuos para ofrecer nuevos servicios, productos y ofertas (…) por lo que es urgente que éstas sinceren de dónde obtienen las bases de datos”, indicó.
Propuesta legislativa que va acompañada del slogan #NoMoleste como una forma de socializar sus alcances en los consumidores y usuarios de redes sociales, generando apoyo y conocimiento de una iniciativa que va en directo beneficio de los ciudadanos.
Al respecto, Eduardo Rivas, Vicepresidente de CDS aseguró que este es un proyecto necesario y que viene a dar respuesta a una práctica instalada y sobre la cual nadie se había pronunciado.
PROPUESTA
La iniciativa trabajada por el Senador Tuma, cuenta con diversas propuestas que incluyen a la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Servicio Nacional del Consumidor y al Ejecutivo, entre las cuales se incluye:
– Que Subtel evalúe la dictación de una normativa para regular a las empresas de telecomunicaciones y TV cable, respecto de sus bases de datos de clientes, y con ello establecer sistema de registro para aquellos que deseen recibir información y se prohíba contactar a quienes no se han registrado y no desean recibir llamados por parte de las empresas que no estén autorizados por la legislación.
– Que Sernac evalúe una modificación a la Ley del Consumidor para limitar el acoso por parte de las empresas, pudiendo los consumidores revocar la autorización a recibir información. Derecho extendido en época electoral.
Iniciativa que va asociada al anteproyecto de ley del Ejecutivo de protección de los datos personales y que creará una institucionalidad especializada, y cuyo despacho al Congreso por parte del Ejecutivo se espera se concrete a la brevedad.
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