Las condiciones naturales de nuestra geografía, sumadas a factores humanos asociados al emplazamiento de viviendas, riesgo de incendio en inmuebles deteriorados o la creciente construcción en altura, hacen necesario asumir una constante supervisión y mejora de los parámetros y normativas vigentes en materia de seguridad. Al fin de cuentas, se trata de estar preparados frente a emergencias, prevenir accidentes, evitar lesiones y, en casos extremos, salvar vidas.
Por ello a contar de este año, en virtud a la Ley 20.296, todos los edificios deben someter sus ascensores a una permanente y estricta mantención y certificación, las cuales deben ser exigidas por todos quienes habitan u ocupan sus dependencias. A esto se suma una capacitación a los administradores y vecinos que viven en edificios, sobre cómo hacer frente a emergencias, tales como sismos e incendios. Para ello, junto a simulacros realizados en varias regiones, el Minvu puso a disposición de las comunidades un Plan de Emergencia básico, que les permite no solo identificar riesgos potenciales, sino también: ejercitar planes de evacuación, supervisar el correcto funcionamiento de escaleras presurizadas, mejorar la señalización para emergencias, así como evaluar los eventuales obstáculos que existan para el trabajo de Bomberos o Ambulancias.
En la seguridad de barrios y de viviendas, también los avances han sido significativos. El Programa Quiero mi Barrio, en conjunto con la Onemi, trabaja en la Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres, metodología que permite diagnosticar las amenazas, vulnerabilidades y capacidades al interior de un barrio, generando un plan de acción conjunto con los vecinos y el municipio para realizar obras de mitigación o realizar capacitaciones preventivas. En el mismo sentido apunta el Serviu, mediante iniciativas incorporadas en los Planes de Acompañamiento Social, que apoyan el diseño y desarrollo participativo de estrategias ante situaciones de catástrofe, así como la entrega de consejos prácticos para el uso adecuado y mantenimiento de redes eléctricas, red de gas, instalación de calefón o el almacenamiento de combustibles en viviendas o conjuntos habitacionales.
Buscamos también avanzar rápidamente en una normativa que mejore las condiciones de seguridad al interior de locales cerrados como discotecas o salas de espectáculos, introduciendo la exigencia de rociadores automáticos en algunos casos o mejorando los sistemas de detección de humos y alarma contra incendios. Sin duda, la seguridad en el ámbito de la vivienda y edificaciones no solo es una necesidad urgente, sino también representa una obligación legal y ética, que puede contribuir a proteger la vida de miles de personas.
Jaime Romero Álvarez
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo
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