Por Francisco Farías.

Chile necesita certezas. Así de simple.

Y lo digo desde el inicio, porque a veces en política se le da demasiada vuelta a cosas que son bastante evidentes: sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay empleo, y sin empleo no hay una mejor vida para las personas. Todo lo demás, al final, son discursos bonitos, pero discursos al fin y al cabo.

Hoy día Chile está en una situación complicada. No destruido, no quebrado, no al borde del abismo, pero sí frenado. Con cautela. Con empresarios esperando. Con pymes aguantando como pueden. Con familias que ven que el sueldo no alcanza como antes y con mucha gente que quiere trabajar, pero no encuentra una oportunidad formal y estable.

Ese es el punto de fondo detrás de la llamada Ley Quiroz, Ley de Reconstrucción, reforma tributaria, reforma pro inversión o como quieran llamarla. El nombre da un poco lo mismo. Lo importante es lo que busca: devolverle a Chile algo que hemos ido perdiendo peligrosamente, que es la certeza.

Porque seamos claros: nadie invierte a largo plazo en un país donde las reglas cambian cada cuatro años. Nadie pone millones de dólares, compra terrenos, contrata trabajadores, levanta edificios o desarrolla proyectos grandes si no sabe qué impuestos va a pagar mañana, qué permisos le van a exigir pasado mañana o si después le van a cambiar completamente las condiciones.

La inversión necesita confianza. Y esa confianza no se decreta, se construye.

Por eso esta reforma debe aprobarse.

No porque sea perfecta. No lo es. Ninguna ley lo es. Tampoco porque vaya a solucionar todos los problemas de Chile de un día para otro, porque eso sería vender humo. Pero sí porque apunta en la dirección correcta: dar estabilidad, dar señales, decirle al mundo privado que Chile vuelve a tomarse en serio el crecimiento.

Y eso, aunque algunos no quieran decirlo, es fundamental.

La invariabilidad tributaria por 25 años para proyectos importantes no es un regalo. Es una señal. Es decirle a quien quiere invertir en Chile: “mire, si usted arriesga su capital, si desarrolla un proyecto, si genera empleo y mueve la economía, el país le va a respetar ciertas reglas básicas”. Eso es sentido común. No ideología.

Porque el capital, nos guste o no, compara. Compara Chile con Perú, con Colombia, con Estados Unidos, con Europa, con cualquier lugar donde pueda poner su plata con mayor seguridad. Y si Chile no entrega certezas, esas inversiones se postergan, se achican o simplemente se hacen en otra parte. Así funciona el mundo real.

Y cuando una inversión no se hace, no sufre solamente el empresario. Sufre el trabajador que no fue contratado. Sufre la pyme que no vendió. Sufre el transportista, el proveedor, el maestro de la construcción, el comercio local, la comuna completa.

Eso es lo que a veces se olvida en el Congreso.

La construcción, por ejemplo, está golpeada hace rato. Y cuando la construcción se frena, se frena una cadena enorme. No es solo una inmobiliaria que vende menos departamentos. Es empleo, materiales, servicios, arquitectura, ingeniería, transporte, comercio, barrios, vivienda. Es economía real, no teoría.

Por eso medidas como eliminar transitoriamente el IVA a viviendas nuevas o incentivar la compra de stock disponible pueden ayudar a mover un sector que necesita aire. Y rápido. Porque mientras más se demora el Congreso en actuar, más proyectos se congelan y más familias quedan esperando.

Lo mismo pasa con la rebaja gradual del impuesto de primera categoría. Algunos lo presentan como si bajar impuestos a las empresas fuera un pecado. Pero la verdad es otra: si queremos que las empresas inviertan, contraten y crezcan, no podemos tratarlas siempre como sospechosas. La empresa que cumple, que paga impuestos, que da trabajo y que apuesta por Chile merece reglas razonables.

No se trata de defender abusos. Nadie está diciendo eso. Se trata de defender la inversión, el empleo y el crecimiento. Que son cosas distintas, y bastante más importantes.

También hay que decirlo: la responsabilidad fiscal importa. Claro que importa. Chile no puede gastar sin mirar las cuentas. Pero tampoco podemos usar la responsabilidad fiscal como excusa para dejar al país paralizado. Una economía que no crece termina recaudando menos, generando menos empleo y necesitando más ayuda del Estado. Entonces, la mejor política social, aunque suene antiguo decirlo, sigue siendo el crecimiento.

Un país que crece puede financiar mejores pensiones, mejores hospitales, mejores colegios y mejores oportunidades. Un país estancado solo reparte frustración.

Por eso esta votación no debiera mirarse como un gallito entre gobierno y oposición. Aprobar esta reforma no es hacerle un favor a un ministro, ni a un sector político, ni a un grupo empresarial. Es hacer lo correcto para Chile.

Los parlamentarios tienen que entender que el país está mirando. Las regiones están mirando. Las pymes están mirando. Los trabajadores están mirando. Y también están mirando quienes podrían invertir, pero todavía dudan. Esa es la realidad.

Chile no puede seguir atrapado en la sospecha permanente contra el que produce. No podemos seguir con la idea de que todo empresario es un enemigo, que toda utilidad es abuso y que toda inversión debe mirarse con desconfianza. Ese discurso nos ha hecho daño. Mucho daño.

Necesitamos volver a valorar al que emprende, al que contrata, al que arriesga, al que invierte y al que crea oportunidades. Porque al final, son esas oportunidades las que le cambian la vida a la gente.

Sebastián Piñera hablaba de una vida más plena y más feliz. Y detrás de esa frase había una idea bien concreta: las personas viven mejor cuando tienen trabajo, cuando tienen estabilidad, cuando pueden comprarse una casa, cuando pueden proyectar su futuro, cuando no están todo el día dependiendo de bonos o de promesas del Estado.

Eso es lo que está en juego.

No una ley más. No una discusión técnica más. Está en juego si Chile quiere volver a crecer o si quiere seguir administrando la mediocridad.

A los parlamentarios hay que pedirles responsabilidad. Pero responsabilidad de verdad. No la responsabilidad de quedar bien en redes sociales, sino la responsabilidad de pensar en el país completo. En los que tienen trabajo y en los que no. En los que invierten y en los que necesitan que alguien invierta para poder trabajar.

Chile necesita recuperar confianza. Necesita recuperar dinamismo. Necesita volver a ser un país donde se pueda emprender sin miedo, invertir con reglas claras y crecer con fuerza.

Por eso, hoy día, aprobar esta reforma es lo correcto.

Porque sin inversión no hay empleo. Sin empleo no hay progreso. Y sin progreso, la vida de los chilenos se vuelve más difícil, más estrecha y menos feliz.

Chile tiene que volver a crecer. Y para eso, hay que dar certezas.

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Por Edgardo Fuenzalida, Gerente General – Fundación Las Rosas

En el contexto del debate abierto tras la alerta sanitaria levantada por la ministra de Salud, May Chomalí, respecto de las cerca de mil personas abandonadas en hospitales, surge una clave central para enfrentar esta realidad: acoger el desamparo. Esto implica atender no solo la soledad y el abandono de las personas mayores, sino también apoyar a las familias que muchas veces no pueden entregar los cuidados requeridos por razones económicas, de espacio o falta de orientación.

Cada año, Fundación Las Rosas acoge a unas 550 personas mayores en sus 28 hogares. En 2025, un 55% de esos ingresos -306 personas- correspondió a pacientes sociosanitarios derivados desde hospitales. Sin embargo, nuestra capacidad es limitada: actualmente contamos con 2.300 camas y aspiramos a alcanzar 3.000 cupos en los próximos años.

Para avanzar, necesitamos sumar apoyos públicos, privados y de la sociedad civil, impulsando más hogares, mejores normativas y financiamiento para la estadía en ELEAM. Esta alternativa no solo entrega cuidado y dignidad, sino que también resulta socialmente más eficiente que mantener camas hospitalarias bloqueadas.

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José Alegría Morán

Académico Departamento de Ética Aplicada

Universidad Católica de Temuco

Vivir en comunidad es, ante todo, un ejercicio de renuncia. No implica desaparecer como individuos, sino comprender que la prosperidad de lo colectivo exige que cada uno entregue parte de su voluntad de poder. Convivir no es fácil, ya que supone enfrentarse a la diferencia, y eso suele incomodar.

No es extraño encontrarse con intereses y motivaciones diversas. Sin embargo, la dificultad no está ahí, sino en la codicia. Los seres humanos somos conscientes de nuestras aspiraciones y también de que nuestro tiempo es limitado, por eso dedicamos tanto esfuerzo a perseguir lo que queremos. Esa urgencia, trasladada al espacio común, tensiona la convivencia.

En comunidades sanas, donde existe respeto y reconocimiento, la vida compartida se construye cediendo y aceptando que el colectivo no puede satisfacer todas las voluntades individuales, porque es el bien común el que debe primar. En ese marco aparece el poder, entendido como la posibilidad de no tener que ceder la propia voluntad y, por lo mismo, como un privilegio. Sin embargo, ese poder solo se justifica cuando se ejerce en beneficio de todos. Cuando quien lo detenta lo usa para su ventaja personal, para conservarlo o ampliarlo a costa del resto, deja de ser una herramienta para la convivencia y se transforma en un problema que erosiona la vida en común.

Las comunidades donde nadie está dispuesto a ceder no son viables a largo plazo. Tampoco aquellas en que el poder se busca solo para beneficio propio. La historia humana nos muestra que hemos avanzado porque fuimos capaces de organizarnos y entender que el bienestar propio depende del de los demás. A la luz de esto, inquieta observar cómo nos desenvolvemos hoy. El poder no solo se ejerce, se exhibe, y la discusión pública parece orientarse más a imponerse que a encontrar acuerdos. El desacuerdo deja de ser una oportunidad y se convierte en un campo de disputa.

Necesitamos contener nuestra particularidad y repensarla desde lo colectivo, porque no hay salida a las crisis fuera de nosotros mismos. Somos quienes podemos optar por no aplastar la diferencia, por reconocer al otro y construir lo común. Pero conviene advertirlo con claridad, una comunidad que no aprende a ceder está condenada a fragmentarse hasta volverse inviable, y ese proceso comienza cuando dejamos de escuchar. Aun así, en esa misma tensión está la posibilidad, cada gesto de renuncia y cada espacio que abrimos al otro es una forma concreta de reconstruir la vida compartida. La viabilidad de nuestra convivencia depende de esa decisión cotidiana, ceder no como pérdida, sino como el acto consciente de sostener lo que nos une y hacer de este mundo un mejor hogar para todos.

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Señor director:

El reciente incidente informado por la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), asociado al uso indebido de credenciales de un funcionario público, vuelve a relevar una realidad incómoda: hoy, a menudo el principal punto vulnerable de una organización no es su infraestructura tecnológica, sino la gestión de identidades digitales.

En ciberseguridad moderna, los ataques ya no requieren necesariamente vulnerar servidores o explotar complejas fallas técnicas. El robo de contraseñas, la reutilización de credenciales y las campañas de phishing permiten a los atacantes acceder utilizando cuentas válidas, dificultando incluso la detección temprana del incidente.

Desde la Ingeniería Civil Informática observamos constantemente cómo personas y organizaciones suelen subestimar riesgos tan cotidianos como reutilizar contraseñas, compartir accesos o no activar mecanismos de autenticación multifactor. Sin embargo, una cuenta comprometida puede transformarse en una puerta de entrada crítica para cualquier institución.

Este caso deja importantes aprendizajes para organismos públicos y privados. La ciberseguridad ya no puede entenderse únicamente como un problema técnico o exclusivo de especialistas. Requiere cultura organizacional, capacitación permanente y una responsabilidad compartida por todos quienes utilizan sistemas digitales.

Más que un incidente aislado, este caso evidencia la necesidad urgente de fortalecer la educación y conciencia en ciberseguridad como parte esencial de la transformación digital del país.

Mg. Gabriel Venegas Mancilla

Director de carrera Ingeniería Civil Informática

Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco

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En el marco de una planificación estratégica para entregar seguridad a los habitantes de la Provincia de Malleco, Carabineros de la 2ª Comisaría de Collipulli detuvieron a un sujeto de 32 años de edad, por el delito de tráfico de drogas.

Carabineros fiscalizó en un Servicentro a un Jeep Grand Cherokee que transitaba a alta velocidad por la Ruta 5 Sur, km. 567. Las sospechas se levantaron al sentir los efectivos policiales un fuerte olor a sustancias químicas desde el interior del vehículo.

“En el marco del desarrollo de los servicios policiales dispuestos por la Prefectura de Malleco en la comuna de Collipulli, personal policial logró la detención de un hombre de 32 años de nacionalidad chilena por el delito de tráfico ilícito de drogas (…) Carabineros detectó a un vehículo que circulaba a alta velocidad y realizando maniobras temerarias. Al efectuar la fiscalización, Carabineros percibió un fuerte olor asociado a sustancias ilícitas, realizando posteriormente una revisión del móvil”, señaló la Capitán Camila Rojas, Subcomisario de los Servicios de la 2ª Comisaría de Collipulli.

Agregó que fue gracias a esta revisión que en la rueda de repuesto del Jeep, que Carabineros halló 13 bolsas de nylon ocultas, las cuales contenían un total de 12 kilos 549 gramos de cocaína.

El imputado, identificado con las iniciales G.B.M.M. y con antecedentes por , quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Collipulli para el control de detención.

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Por Dra. Michelle Mieres Brevis, docente Departamento de Economía de la Facultad de Administración y Negocios, Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco

Los últimos datos de IPC e Imacec nos muestran una economía en una situación incómoda. Por un lado, el IPC de abril registró un alza mensual de 1,3% (bastante superior al 0,2% observado en abril de 2025) que volvió a presionar los bolsillos de las familias chilenas, como era de esperar, explicada en gran parte por transporte y combustibles. Por otro, el Imacec de marzo evidenció una actividad débil (0,3%), especialmente en sectores productivos como minería e industria, aunque comercio y servicios mostraron algo más de dinamismo.

En conjunto, los indicadores muestran que los precios suben y que la actividad no termina de consolidarse. En ese contexto, el MEPCO vuelve al centro de la discusión. La presión del Congreso para restablecer criterios anteriores del mecanismo refleja una preocupación legítima, se necesita evitar que los shocks externos del petróleo se traspasen con tanta rapidez al precio que pagan las familias.

Es probable que el próximo IPC todavía venga presionado. La intervención reciente del MEPCO puede moderar parte del impacto, pero difícilmente borrará de inmediato el efecto acumulado de los combustibles, porque el índice recoge precios promedio del mes y porque los mayores costos de transporte también pueden filtrarse hacia otros bienes y servicios.

Por eso, más que mirar un solo dato, conviene observar la tendencia, una inflación que vuelve a incomodar y una actividad que aún necesita señales claras de recuperación. Ese equilibrio será uno de los principales desafíos económicos de los próximos meses.

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Por Francisco Farías.

Los primeros días de todo gobierno son, por definición, incómodos. Se cruzan expectativas sobredimensionadas, equipos que aún no terminan de cuajar y una oposición que busca instalar desde el minuto uno la idea de error o improvisación. Es el momento más expuesto, donde cada palabra pesa más de lo que debería y cada descoordinación se amplifica.
El inicio del gobierno de Kast no ha sido la excepción. Hemos visto un despliegue rápido de agenda, con señales claras en seguridad y economía, pero también tensiones propias de un gabinete con figuras fuertes, estilos marcados y convicciones firmes. Algunos lo interpretan como desorden. Yo lo leo distinto: como el costo natural de pasar desde la teoría a la ejecución.
Porque gobernar no es comentar. No es opinar desde la vereda de enfrente ni escribir columnas con soluciones perfectas. Gobernar implica tomar decisiones reales, con costos reales, en escenarios complejos. Y en ese tránsito, es inevitable que aparezcan fricciones.
Ahora bien, el punto clave no es si hay tensiones. El punto es qué se hace con ellas.
Si este gobierno logra ordenar su comité político, alinear vocerías y transformar esas diferencias en una coordinación efectiva, entonces lo que hoy parece ruido se convertirá en músculo. Un gabinete con carácter, bien conducido, no es un problema: es una ventaja competitiva.
Además, hay algo que no se puede perder de vista. Más allá de las polémicas del día a día, existe una dirección clara: recuperar el orden, reactivar la economía y devolver certezas a un país que lleva años tensionado. Esa claridad, bien ejecutada, tiene un potencial enorme.
Chile no necesita gobiernos silenciosos. Necesita gobiernos que funcionen. Y eso toma tiempo.
Por eso, más que quedarse atrapado en el titular de la semana, conviene mirar el proceso completo. Los primeros días no definen un gobierno. Lo que lo define es su capacidad de corregir, de ordenar y de avanzar.
Si eso ocurre —y están dadas las condiciones para que ocurra—, entonces la lectura cambia completamente.
Porque en política, como en los negocios y en la vida, los arranques rara vez son perfectos. Lo que importa es cómo se construye después. Y en este caso, pese al ruido inicial, todo indica que lo mejor aún está por venir.

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Por Roberto Neira Aburto, alcalde de Temuco.

En el debate público han comenzado a surgir propuestas que, a primera vista, parecen atractivas: eliminar el pago de contribuciones. La idea puede sonar justa para muchas familias que sienten la presión del costo de la vida. Sin embargo, cuando uno observa con detención sus efectos, especialmente desde la realidad de las municipalidades, la conclusión es clara: estamos frente a una medida que podría poner en riesgo el funcionamiento mismo de las comunas.

Y es necesario decirlo con todas sus letras: esta propuesta nace del eventual gobierno de José Antonio Kast. Y llama profundamente la atención, porque cuando se levanta un discurso centrado en el crecimiento económico, la seguridad y el orden, resulta contradictorio impulsar una medida que, en la práctica, reduce los ingresos del Estado. Menos impuestos significan menos recursos. Y menos recursos significan menos seguridad, menos vehículos municipales, menos retiro de basura, menos inversión en barrios, menos Estado en la vida cotidiana de las personas. No hay magia en esto: las comunas no funcionan con buenas intenciones, funcionan con presupuesto.

Esta es, sin duda, la gran batalla del municipalismo en Chile.

Primero, pongamos los datos sobre la mesa. En Chile, no todos pagan contribuciones. De hecho, aproximadamente el 77% de los inmuebles habitacionales está exento de este impuesto. Solo 1 de cada 4 viviendas paga contribuciones, y lo hace principalmente en sectores de mayor avalúo fiscal. Es decir, estamos hablando de un tributo progresivo, donde quienes tienen propiedades de mayor valor aportan más al desarrollo del país y, especialmente, de las comunas.

Además, existe una realidad territorial que no podemos ignorar. Las comunas con mayores ingresos —como Las Condes, Vitacura o Lo Barnechea— concentran gran parte de la recaudación por contribuciones. Sin embargo, ese dinero no se queda solo en esos territorios. A través del Fondo Común Municipal (FCM), se redistribuye a lo largo de Chile, permitiendo sostener a comunas con menores ingresos propios.

Este punto es clave: el 60% de lo recaudado por contribuciones va directamente al Fondo Común Municipal. Este fondo es el principal mecanismo de equidad territorial que tiene nuestro país. Gracias a él, comunas como Temuco pueden financiar servicios esenciales para la ciudadanía.

Para dimensionar su impacto, basta señalar que Temuco recibe más de 34 mil millones de pesos anuales desde el FCM, ubicándose entre las comunas que más recursos perciben a nivel nacional. Estos recursos no son un lujo: financian programas sociales, mantención de áreas verdes, alumbrado público, seguridad, cultura y una larga lista de servicios que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos.

Pero hay algo aún más preocupante. Según datos recientes, 265 de las 346 comunas del país dependen en más de un 44% de sus ingresos del Fondo Común Municipal. En casos extremos, como Isla de Pascua o comunas de La Araucanía como Saavedra o Toltén, esta dependencia supera el 90%. ¿Qué ocurriría con ellas si debilitamos la principal fuente de financiamiento del fondo?

Eliminar o reducir significativamente las contribuciones no es solo una medida tributaria: es un golpe directo a la estructura financiera de los municipios. De hecho, el impuesto territorial representa cerca del 45% del total del Fondo Común Municipal. En el caso de Temuco, además, constituye aproximadamente un 18% de nuestros ingresos totales.

Por lo tanto, hablar de eliminar las contribuciones sin una alternativa de financiamiento clara y robusta es, en la práctica, poner en riesgo la continuidad de servicios básicos para millones de chilenos.

Y frente a esto, no vamos a quedarnos en silencio. Los alcaldes de Chile nos estamos organizando. Esto no pasa desapercibido. Ya existen conversaciones y lo que viene será una defensa firme, transversal y corporativa de los alcaldes, alcaldesas y concejos municipales del país. Porque sin municipios fuertes, no existe Estado. Y si los gobiernos no protegen a sus municipios, lo que termina deteriorándose es la calidad de vida de las personas.

Esto no significa que el sistema no deba revisarse. Siempre es legítimo discutir mecanismos de alivio para adultos mayores, sectores vulnerables o casos donde el avalúo fiscal no refleja la realidad económica de las familias. Pero una cosa es perfeccionar el sistema, y otra muy distinta es desmantelarlo.

Como alcalde de Temuco, mi deber es ser claro: debilitar las contribuciones es debilitar a los municipios, y con ello, afectar directamente la calidad de vida de nuestros vecinos.

Chile necesita más equidad territorial, no menos. Y para lograrlo, debemos cuidar —y mejorar— los instrumentos que hoy permiten que comunas como la nuestra sigan avanzando con dignidad y oportunidades para todos.

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Daniel Schmidt M., decano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente, Universidad Autónoma de Chile.

Es motivo de alegría y también de tranquilidad que se hayan aprobado finalmente los recursos para la reconstrucción del Mercado Municipal. Este anuncio adquiere un sentido aún más profundo al coincidir con la conmemoración de los diez años del siniestro que enlutó a los locatarios, a la ciudad y a toda la región, marcando un antes y un después en la vida urbana de Temuco.

Lo fundamental ahora es asegurar que el proceso de licitación y la ejecución de las obras pendientes avancen con agilidad, transparencia y una supervisión rigurosa, de modo que no volvamos a caer en un ciclo de licitaciones fallidas que termine por hacer insuficientes los recursos disponibles o, peor aún, permita que las obras ya ejecutadas continúen deteriorándose.

Temuco y La Araucanía necesitan recuperar este espacio de identidad cultural y de encuentro ciudadano, esa parada obligada para residentes y visitantes que, con un diseño renovado y acorde a los estándares actuales, puede contribuir a reactivar el alicaído espíritu del centro de nuestra capital regional y devolverle el rol que históricamente ha tenido en la vida social y económica del territorio.

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José Alegría Morán, Académico Departamento de Ética Aplicada, Universidad Católica de Temuco.

Generalmente, cuando hablamos de violencia, pensamos en actos de fuerza que provocan daño a un tercero. Un insulto, un golpe, una humillación. Desde esa perspectiva, la discusión pública suele centrarse en cómo contener el acto dañino y proteger a la potencial víctima. Sin embargo, son escasas las reflexiones en torno a la raíz de la violencia, a las condiciones que permiten que estos actos dañinos emerjan.

Rara vez nos preguntamos si la violencia se manifiesta solo cuando hay un menoscabo evidente o si también puede ser silenciosa, imperceptible, cotidiana. Nos detenemos poco en comprender qué empuja a un joven a ingresar a su colegio y acabar con la vida de una inspectora, dejando a su paso estudiantes y trabajadores gravemente heridos. O qué ocurre en la mente de quienes deciden retener por la fuerza a una ministra y luego “acompañar” su salida entre insultos y golpes.

Estas son expresiones distintas de la violencia, pero comparten algo en común. El problema no se encuentra en el daño que se provoca, sino en aquello que hace posible provocarlo. Para causar daño a otro, lo primero que debe ocurrir es que ese otro deje de existir como sujeto. La violencia solo puede ejercerse sobre quien ha sido previamente convertido en objeto.

La víctima, en ese sentido, se transforma en un medio para el victimario. Es parte de un recorrido hacia un objetivo que se considera superior. No tiene historia, no tiene nombre, no tiene rostro. La violencia no consiste solo en dañar a alguien, consiste, antes que nada, en despojarlo de su condición de ser alguien para convertirlo en algo. Ahí se generan las condiciones para el daño explícito, o como una posibilidad latente.

No puedo ser violento con alguien que amo y respeto, solo puedo violentar aquello que cosifico. Por eso, debatir indefinidamente sobre más seguridad, más castigo o mayores atribuciones a las fuerzas de orden, difícilmente modificará la violencia. Sin abordar sus causas, solo administramos sus consecuencias.

El desafío es otro y exige trabajar cuanto antes en la convicción de que el otro importa y que su dolor importa. No basta con enseñar tolerancia, que apenas contiene la tensión de la diferencia, es necesario enseñar alteridad, una mirada donde el otro existe plenamente y no puede ser desplazado.

Solo una comunidad que se reconoce y se respeta está en condiciones de enfrentar la violencia, dando sentido a los vínculos, construyendo objetivos comunes y sosteniendo el respeto mutuo. En un tiempo marcado por la violencia en los espacios educacionales chilenos y por conflictos a escala global, apostar por el reconocimiento, el cuidado y el encuentro no es ingenuo, sino una condición indispensable para proyectar un futuro compartido.

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