La madrugada de este viernes arribó al Aeropuerto de Santiago un nuevo vuelo de deportación proveniente de Estados Unidos, en el que regresaron 14 ciudadanos chilenos que se encontraban en situación irregular o con infracciones a la legislación estadounidense. Con este operativo, ya son 102 las personas repatriadas en lo que va del año.

El procedimiento, el tercero del año, fue coordinado entre las autoridades migratorias de ambos países y, según informó el Gobierno de Chile, se enmarca en una política migratoria impulsada por la administración de EE.UU., que también ha afectado a ciudadanos de otras naciones de América Latina.

“No se trata de una medida exclusiva hacia nuestro país, sino de una estrategia global que aplica también a otras nacionalidades”, explicó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Como en los vuelos anteriores, se realizó el control migratorio de rigor, donde se verificó la identidad de cada pasajero. Uno de los repatriados fue puesto de inmediato a disposición de la justicia por mantener una orden de detención pendiente en Chile.

“De todos los vuelos realizados hasta la fecha, se ha deportado a 102 personas. De ellas, más del 80% son hombres, poco más del 50% cometieron una infracción legal en Estados Unidos y los restantes incumplieron la normativa migratoria”, detalló Elizalde.

El operativo fue coordinado por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, en conjunto con la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil e Identificación y otras instituciones.

“Seguiremos realizando las coordinaciones necesarias con el gobierno de Estados Unidos en lo que a Chile corresponde para el retorno seguro de nuestros connacionales”, agregó el ministro.

Aunque no se han entregado cifras oficiales del próximo vuelo, trascendidos apuntan a que otro grupo de chilenos será deportado en los próximos días, entre ellos un individuo vinculado al robo de pertenencias de una autoridad estadounidense, hecho que ha llamado la atención en los medios internacionales.

La llegada de este nuevo contingente ha reabierto el debate sobre el manejo de las deportaciones, las políticas migratorias internacionales y los desafíos que enfrenta el Estado chileno para reintegrar a estas personas en la sociedad.

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Por Rodrigo Vidal Lagos, collipullense.

¿Te imaginas pagarle las vacaciones o incluso el parto a alguien que no conoces? No es una exageración ni una metáfora. Es lo que está ocurriendo hoy en Chile con el sistema de licencias médicas. Un sistema que debería proteger la salud de quienes realmente lo necesitan, ha sido pervertido por algunos profesionales y funcionarios públicos que encontraron en él un cómodo atajo para el beneficio personal.

El año 2024 nos dejó cifras indignantes. Más de 250 médicos se autorizaron licencias médicas para atender partos particulares, algunos incluso en los mismos hospitales donde trabajan. Uno de ellos, en un acto que raya en el delirio burocrático, se extendió una licencia a sí mismo. Y como si eso no bastara para encender las alarmas éticas y administrativas, el costo de estas prácticas ascendió a más de 350 millones de dólares. Sí, millones. Dinero que perfectamente podría haberse destinado a reducir las listas de espera, mejorar la infraestructura hospitalaria o fortalecer la atención primaria en sectores vulnerables.

Pero el desfalco no termina ahí. Más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país con licencia médica, amparados en certificados que indicaban reposo, pero con destino a playas, aeropuertos y hoteles fuera de Chile. No estamos hablando de errores administrativos. Estamos hablando de corrupción abierta, fraude al Estado y un abuso de confianza sin precedentes.

Lo más grave es que estos casos no se concentran en un solo organismo o región: se repiten en municipalidades pequeñas y grandes, en servicios de salud, educación y en cargos de responsabilidad. Se normalizó la licencia como derecho automático, como escudo frente a la fiscalización, y como herramienta para gozar de privilegios que la mayoría de los contribuyentes jamás tendrá.

Este escándalo, que algunos todavía intentan minimizar, es una afrenta directa a la ciudadanía. A cada persona que espera por una operación postergada. A cada madre que no consigue hora con el pediatra para su hijo. A cada adulto mayor que recorre kilómetros para recibir atención en un consultorio saturado.

Basta de licencias médicas convertidas en pasaportes vacacionales. Basta de profesionales que abusan de su posición para lucrar con el dolor de otros. Basta de una cultura que mira para el lado cuando el que defrauda es parte del aparato estatal.

Es hora de actuar. Las autoridades deben enviar un mensaje claro: quien roba al Estado roba a todos, y debe asumir las consecuencias. Las investigaciones deben avanzar, los sumarios deben derivar en sanciones reales, y los involucrados deben ser desvinculados, inhabilitados, y —cuando corresponda— procesados judicialmente.

Porque si el Estado no da el ejemplo, ¿cómo puede exigir ética a sus ciudadanos?

Y si 25.000 empleados públicos viajaron por el mundo amparados en licencias falsas, lo mínimo que la sociedad debe exigir es que no regresen a costa del erario público. No necesitamos más funcionarios «enfermos». Necesitamos servidores públicos sanos, responsables y comprometidos con el país.

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Con 114 votos a favor y sólo 9 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento, lo que pondrá el sueño de la casa propia más cerca de los ciudadanos y de forma más rápida.

Uno de los votos a favor fue el del diputado por el Distrito 22 y miembro de la Comisión de Vivienda, Juan Carlos Beltrán, quien señaló que la idea central de esta modificación es simplificar los procedimientos administrativos que exige la ley para desarrollar proyectos habitacionales para el ante proyecto de construcción, el informe de mitigación de impacto vial y el permiso de edificación para reducir los plazos.

Asimismo detalló que también se busca responsabilizar a las Direcciones de Obra Municipal, a los Servicios de Vivienda y Urbanización, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transporte y Telecomunicaciones y al Conservador de Bienes Raíces por las demoras injustificadas en el despacho de los instrumentos esenciales para el desarrollo de un proyecto inmobiliario, además de que se acotaron los plazos con que cada una de estas dependencias cuenta para hacer los trámites relacionados con desarrollos habitacionales.

“Los procesos administrativos —indicó el diputado Beltrán— son lo que más retrasa la entrega de proyectos habitacionales, pues de un promedio de 32 meses en total para el proyecto, lo que incluye desde el anteproyecto hasta la inscripción en el Conservador, 17 se destinan a trámites administrativos y es por esto que estamos tan satisfechos de que la Cámara haya aprobado esta modificación, porque esto pone más cerca de nuestros vecinos, el sueño de la casa propia”.

De igual modo, Juan Carlos Beltrán dijo que con esta modificación legal se espera alentar el sector de la construcción disminuyendo los plazos administrativos, la discrecionalidad administrativa y la ambigüedad jurídica.

Entre los cambios que sufrirá la ley se encuentran la ampliación del procedimiento de reclamaciones también a las actas de observaciones que pueda realizar el Director de Obras respectivo; la eliminación del estudio de geotecnia o mecánica de suelos relativo a los proyectos de cálculo estructural y la reducción del plazo de 20 a 5 días hábiles para la entrega de la documentación que se requiera de las empresas de servicios como empresas sanitarias o eléctricas, entre otros.

También acotan y define las competencias de los Directores de Obras Municipales respecto del otorgamiento de los permisos y autorizaciones que se les requieran; establece la obligación, en caso de rechazo de la solicitud de que esta se haga por escrito, con expresión de los motivos y causas de este; se simplifica el procedimiento respecto de aquellos aspectos que no contienen normas urbanísticas; se fija el plazo de revisión de un permiso hasta 60 días cuando se trate de proyectos cuya carga de ocupación sea igual o superior a 5.000 personas y puede ser de 30 días con informe favorable de un revisor independiente. Actualmente este plazo es indeterminado.

Por último, Juan Carlos Beltrán expresó su alegría “porque de esta forma estamos apoyando a los dirigentes sociales y socios de los diferentes comités habitacionales que, por años, han esperado lograr tener su casa propia, el sueño de toda familia”.

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Dr. Teodoro Ribera Neumann, Rector Universidad Autónoma de Chile

Ex Ministro de Relaciones Exteriores

Tras el resultado del plebiscito de salida, donde la amplia mayoría de los ciudadanos se pronunció por el Rechazo, es fundamental que la nueva fórmula que se acuerde para generar un nuevo texto constitucional sea ampliamente consensuada y se adopten los ajustes necesarios para unir la legitimidad democrática, la experiencia histórica y el conocimiento técnico.

En este contexto, las universidades podrían ser un aporte clave, considerando que -según las últimas encuestas- estas instituciones están entre las más creíbles a nivel nacional. Por ejemplo, la publicada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), en junio pasado, las posicionó como las mejor valoradas, junto a la Policía de Investigaciones (PDI).

Dada la crisis de credibilidad que en general viven las instituciones en el país, se podría aprovechar esta mirada positiva que tienen los ciudadanos y poner a disposición todo el capital humano y profesional de las universidades para ser garantes del nuevo proceso constitucional. Así, se podría pensar que aportaran a través de un panel de expertos, con un perfil netamente académico, enfocados en el buen hacer, en el contenido y en la transparencia.

Los académicos reúnen conocimientos mediante el trabajo, la práctica y la reflexión y de esta manera logran traspasar luego experiencias valiosas, que contribuyen al bienestar general.

En este sentido, cabe recordar, que el gobierno alemán ofreció la asistencia de académicos del connotado Instituto Max Planck en el proceso de elaboración de la constitución luego rechazada, realizándose diversas conferencias sobre el sistema político, el reglamento interno, etc., pero existió una indisposición severa de los grupos más intransigentes a considerar el valor de la historia y la experiencia comparada.

Algunas de las funciones que podrían desempeñar este grupo de expertos están el de analizar, sugerir o bien formular observaciones al texto que elabore el órgano electo, de manera de asegurar que el documento cumpla con los estándares propios de una Carta Magna y del Derecho Internacional.

Este momento histórico que vive Chile es más que oportuno para que las universidades cumplan una de sus vocaciones esenciales: contribuir a la solución de los problemas críticos que aquejan a la sociedad en la que están insertas. Y es que su compromiso con el país debe ser transversal, pasando por la formación de profesionales, investigación y transferencia de conocimiento hasta la contribución a las políticas públicas, todo con el fin de aportar a la comunidad y al bienestar de la población.

Las universidades pueden y deben ayudar, desde la academia, a encontrar caminos para superar la crisis social y política que vive nuestro país. El nuevo texto constitucional parece ser una llave para abrir la puerta al reencuentro de los distintos sectores -que ha sido tan esquivo- y a unirnos como nación.

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Tras una asamblea ampliada los gremios agrícolas reunidos en el CAS, manifestaron que no aceptarán ser tratados como ciudadanos de segunda clase debido a la violencia que golpea a la macrozona.

“No vamos a entregar lo que por generaciones ha costado sudor y lágrimas construir. Tampoco podemos dejar a nuestros compatriotas sin el debido abastecimiento de alimentos y menos vamos a abandonar a quienes trabajan con nosotros”, dice parte de la declaración pública emitida por el Consorcio Agrícola del Sur (CAS) tras una asamblea ampliada en la que abordaron el recrudecimiento de la violencia en La Araucanía y en otros sectores de la macrozona.

El presidente de la agrupación que reúne a los gremios agrícolas desde la Región del Ñuble hasta la Región de Los Lagos, José Miguel Stegmeier, dijo que no aceptarán seguir siendo tratados como ciudadanos de segunda clase por un Estado que no les brinda seguridad, ni justicia. “Tenemos todo el derecho de exigir a los representantes del Poder Ejecutivo, a los parlamentarios, a jueces y fiscales, que instauren desde sus respectivos cargos públicos, lo que todo país espera de sus autoridades: el buen gobierno, la justicia y la paz”,agregó.

El CAS sostiene que están dispuestos a luchar con las herramientas que la democracia les entrega, “para defender lo que es nuestro, y defender a todos quienes viven y trabajan en el mundo rural. Defenderemos a nuestras familias, a nuestros colegas, amigos y colaboradores, a nuestros bienes y propiedad, a nuestra libertad de emprender y trabajar”, expresaron.

Asimismo, los gremios agrícolas del sur manifestaron que están siempre dispuestos a colaborar con todas aquellas autoridades, en especial las de carácter gubernamental, que tienen la responsabilidad de velar y establecer el orden y la paz. “En este sentido valoramos los anuncios que al respecto realizó el Presidente de la República en su reciente Cuenta a la Nación y desde ya estamos dispuestos a colaborar en lo que nos corresponda, con el recién nominado Ministro del Interior, Víctor Pérez Varela quien, a pocos días de asumir su cargo, ya realizó una primera visita de trabajo a la capital de la Región de la Araucanía”, señaló Stegmeier.

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Portal del Consejo para la Transparencia presenta, de manera amigable y clara, los informes patrimoniales de quienes se presentarán para las elecciones de noviembre próximo, incluyendo a quienes aspiran llegar a La Moneda.

Bienes inmuebles, participación en sociedades e incluso deudas de los candidatos presidenciales y parlamentarios. Esos son algunos de los datos que los ciudadanos pueden encontrar en el sitio www.candidatotransparente.cl, un portal creado por el Consejo para la Transparencia.

Hasta ahora, el sitio cuenta con las declaraciones de 780 postulantes —incluyendo a los candidatos presidenciales— e información relacionada a los aportes de campaña. De hecho, en el caso de aquellos aspirantes que ya ostentan un cargo público, la plataforma cuenta con datos relacionados a audiencias de lobby, viajes y donativos recibidos.

De todos los postulantes que ya cuentan con información en el sitio web, ocho son candidatos presidenciales, 122 buscan un cupo en el Senado y 650 en la Cámara de Diputados.

La plataforma contiene también las propuestas de quienes formarán parte de la elección del 19 de noviembre y busca ser un aporte para que los ciudadanos puedan votar de manera informada.

Datos consolidados de otras autoridades

Además de la información relacionada a los candidatos, el Consejo para la Transparencia, en conjunto con la Contraloría General de la República, cuentan con el sitio InfoProbidad.cl

Esta página cuenta con las declaraciones de intereses de ministros, parlamentarios, alcaldes y concejales de todo el país. Actualmente, ya son más de 16 mil los informes disponibles en ese sitio web.

Es importante recalcar que los “intereses” son actividades económicas y profesionales en las que participa una persona —remuneradas o no— y aquellas en las que ha participado en los últimos dos años. En tanto, el “patrimonio” de una persona son los bienes muebles e inmuebles adquiridos en Chile y el extranjero, como vehículos, derechos de aguas, acciones, participación en sociedades, entre otros.

Por su parte, un “conflicto de interés” es cuando un funcionario —en el ejercicio propio de su cargo— ve conflictuado el interés general de su función con intereses particulares, lo que podría afectar la necesaria imparcialidad en el cumplimiento de su función pública.

El Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República promueven la realización y publicación de estas declaraciones para prevenir y sancionar los conflictos de intereses de las autoridades, funcionarios públicos y de quienes pretenden ocupar un cargo en algún organismo del Estado.

Las más de 16 mil declaraciones disponibles en www.infoprobidad.cl pueden ser descargadas y utilizadas en formato abierto, ya que se encuentran expuestas de manera clara y amigable ante la ciudadanía.

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El jueves 31 de agosto se realizará el encuentro del que se desprenderán propuestas y preguntas que serán presentadas a los candidatos presidenciales en un debate co-organizado por el Congreso del Futuro.

Temuco se sumó a los conversatorios de ciencia, tecnología e innovación organizados por la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás (UST) y el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), organismo público-privado orientada a fortalecer estas áreas en el país. Se trata del taller “Ciencia y ciudadanos: construyendo un futuro compartido”, el cual se llevará a cabo el jueves 31 de agosto en la casa de estudios superiores.

El encuentro se realizará por primera vez en Temuco, tras el éxito obtenido en otras regiones del país en las que se ha realizado este taller. Además, en esta oportunidad se sumó el CNID promoviendo una de las cinco medidas que presentó a la Presidenta Michelle Bachelet, como parte de su estrategia para fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en Chile de aquí al 2030. Se trata de que el país implemente “Retos Nacionales para el Desarrollo” que puedan ser trabajados con un horizonte de al menos diez años.

“Las inscripciones aún están abiertas, así que invitamos a los profesionales, investigadores, docentes, y a todo aquel que se quiera participar a que se inscriba y participe de este importante evento regional el cual busca crear un punto de encuentro entre investigadores y la comunidad, e intercambiar ideas acerca de los grandes desafíos que afectan al país en dicha materia”, señalo Paola Villagrán, coordinadora del taller “Ciencia y ciudadanos: construyendo un futuro compartido”, de la sede Temuco.

Las inscripciones se realizan a través de la página web de Santo Tomás o a través del siguiente link http://bit.ly/2vPx4D5.

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Del encuentro se desprenderán propuestas y preguntas que serán presentadas a los candidatos presidenciales en un debate co-organizado por el Congreso del Futuro.

Diez regiones se sumarán a los conversatorios de ciencia, tecnología e innovación organizados por la Facultad de Ciencias de la Universidad Santo Tomás (UST) y el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID). Se trata del taller “Ciencia y ciudadanos: construyendo un futuro compartido”, cuya finalidad es crear un punto de encuentro entre investigadores y la comunidad, e intercambiar ideas acerca de los grandes desafíos que afectan al país en dicha materia.

Esta instancia de diálogo se realiza en Santiago y regiones por segunda vez, dado el gran éxito que tuvo en su primera edición. Además, en esta oportunidad se ha sumado el CNID para promover una de las cinco medidas que presentó a la presidenta Michelle Bachelet, como parte de su estrategia para fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en Chile de aquí al 2030. Se trata de que el país implemente “Retos Nacionales para el Desarrollo” que puedan ser trabajados con un horizonte de al menos diez años.

Posteriormente, los resultados del taller serán presentados a los líderes programáticos de cada candidato presidencial e incluidos en la plataforma Vota Inteligente.

Democratizar la ciencia

Soledad Quiroz, jefa de la carrera de Biotecnología de la UST Santiago, señaló que “la idea surge de la necesidad de abrir la conversación sobre la investigación y las ciencias a personas que normalmente no piensan en los efectos de las nuevas tecnologías”. Además, explica Quiroz, esta instancia pretende “abordar dos dimensiones: por un lado, que investigadores puedan ver a través de los ojos de quienes usan las tecnologías las preocupaciones y efectos que no habían percibido, y por otro, otorgar a los ciudadanos la oportunidad de reconocer los aportes y potencialidades de la investigación y la ciencia para una mejor sociedad y enriquecer cada uno de los retos que el CNID ha propuesto”.

Cabe destacar que la conversación en torno a los Retos Nacionales de Desarrollo también se está desarrollando en el sitio web www.masgolesparachile.cl, plataforma que, impulsada por el CNID, estará convocando a amplios sectores sociales para visibilizar ideas y proyectos que ya se están desarrollando en Chile en relación a 6 retos: Agua, “¡Agua para Todo!”; Salud, “¡Salud más Cerca para Todos!”; Resiliencia Frente a Desastres, “¡Golpes que nos Hacen Grandes!”; Minería, “¡Por un Chile Líder Mundial en Tecnologías Verdes!”; Laboratorio Natural Extremo, “Tesoro en el Fin (y Origen) del Mundo”, y Energía, “Chile País de Energías Limpias”.

Gonzalo Rivas, presidente del CNID, explicó el trasfondo de la selección de retos: “Hoy somos reconocidos como los principales exportadores de cobre, pero sabemos que se va a agotar. Es tiempo de preguntarnos ¿cuáles serán los espacios que harán a Chile reconocido como un aporte al mundo? Un ejemplo son los desastres naturales, porque Chile es realmente líder en resiliencia frente a terremotos y eso es una tremenda ventaja porque hoy los desastres naturales en todo el mundo están incrementándose por el cambio climático. Ser líder mundial en eso, o en producción de energía solar, o transformar Magallanes en un gran laboratorio natural, son sólo algunos posibles temas que unen muchas miradas, disciplinas, no sólo científicas”.

El Taller “Ciencia y Ciudadanos: construyendo un futuro compartido”, se realizará este jueves 31 de agosto en la UST Temuco, ubicada en Rodríguez 060. Interesados en participar pueden inscribirse en www.ust.cl

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A la medianoche de este 31 de marzo se acaba el plazo para que autoridades y funcionarios públicos entreguen sus declaraciones de intereses y patrimonio para cumplir con lo contenido en la ley  20.880 de Probidad en la Función Pública.

Según esta norma, las declaraciones y sus concernientes actualizaciones, se deberán efectuar a través de un formulario electrónico único, que será revisado por los respectivos jefes de servicio. Después de esa primera etapa, que concluye hoy,  se derivarán las declaraciones a la Contraloría, las que una vez revisadas, serán remitidas al Consejo para la Transparencia para su posterior publicación en el sitio www.infoprobidad.cl

Es importante considerar que no todas las declaraciones deben estar disponibles en esta página web. Según el respectivo reglamento, sólo son públicas las declaraciones de, por ejemplo, el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, alcaldes, concejales y otras autoridades.

El resto de las declaraciones, que conforman el grueso de los funcionarios que por la nueva ley deben declarar, no serán públicas en el portal, pero quedarán en resguardo del órgano fiscalizador del poder correspondiente.

Estas obligaciones forman parte de la Agenda de Probidad y Transparencia del Gobierno y buscan elevar los estándares y exigencias para quienes ejercen funciones en alguna institución del Estado, revelando su situación patrimonial mientras ejercen su cargo.

De hecho, la ley es clara en señalar que las declaraciones “deberán efectuarse dentro de los treinta días corridos siguientes a la fecha de asunción del cargo y deberá actualizarse anualmente dentro del mes de marzo de cada año. Además, deberá actualizarse por última vez dentro de los treinta días corridos siguientes al cese en sus funciones”.

El Presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María, destacó la utilidad del sitio: “esta plataforma permite que cualquier persona, desde cualquier parte del país, verifique y fiscalice el cumplimiento de la norma y las declaraciones publicadas. Sin embargo, creemos que nuestro rol más importante es promover entre ciudadanos, autoridades y funcionarios públicos la importancia que tiene cumplir con la Ley de Probidad y de cómo esta norma fortalece la democracia y el control social”, señaló.

Los declarantes deberán reportar, por ejemplo, bienes inmuebles, vehículos, acciones, participación en sociedades e incluso los nombres de cónyuges y parientes para evitar irregularidades o anomalías que podrían afectar sus labores al interior de una institución.

Hasta este mediodía ya se encuentran en línea 2.895 declaraciones publicadas: 14 de ellas corresponden a ministros de Estado; 22 son de subsecretarios; 268 de alcaldes y 1.500 son de concejales. Sin embargo, de acuerdo a datos de la Contraloría se encuentran en proceso de análisis alrededor de 60 mil declaraciones.

En este contexto, el proceso de actualización de la plataforma será permanente y sostenido, lo que deriva en que cada vez habrá más información disponible para el análisis y control social, cumpliéndose de esta manera con el espíritu de esta importante innovación legal.

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Ha quedado claro que la única forma de garantizar reformas es hacer buenas reformas, con políticas serias y con sustentabilidad en el tiempo. Ya no bastan ni las consignas, ni las promesas aquí se requieren propuestas concretas, específicas y con una visión de largo plazo.

Nosotros vamos a promover que esa mayoría y social que demanda cambios se expresen por el camino institucional y democrático. Debilitar al Estado es la recta perfecta para los conservadores y populistas, nosotros que los cambios los abordemos con prioridades, que la educación avance en su reforma desde las escuelas públicas, mejorando la infraestructura especialmente en las zonas rurales, que garanticemos la formación de los docentes y mejorando los niveles superiores especialmente donde estudian los hijos de las familias más modestas; los centros técnicos y profesionales.

Los desafíos del país son diversos y amplios, sabemos que un sector no quiere avanzar en las reformas que promueven mayor igualdad, la respuesta debe ser con liderazgo con avances específicos, que demuestren que las políticas públicas y el Estado tienen capacidad de responder a los problemas de las personas y de los territorios.

Vamos a trabajar para recoger las demandas de nuestra región con responsabilidad y a través de una discusión abierta, sin exclusiones vamos a identificar las propuestas para un programa con expresión concreta e nuestra región. Para asumir este desafío las únicas credenciales que se requieren son una trayectoria democrática, capacidad de liderazgo, responsabilidad y voluntad política para tomar decisiones, las que Ricardo Lagos puede exhibir sin lugar a dudas.

Esta organización quedó conformada con vocerías en cuatro temas:

Juventud:  Camilo Retamal 

Mapuche: Eduardo Huenul

Vivienda: Jessica Aguirre

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