La Tercera Sala ratificó por unanimidad la cautelar que mantiene al parlamentario investigado por delitos de fraude al fisco.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó, de manera unánime, la medida cautelar de arresto domiciliario total para el exdiputado Mauricio Ojeda Rebolledo, quien está imputado como autor de dos delitos de fraude al fisco consumado y un delito de fraude al fisco frustrado.

Con esta resolución, el tribunal de alzada mantuvo intacta la decisión adoptada previamente por el Juzgado de Garantía, estimando que la gravedad de los hechos investigados y los antecedentes reunidos hasta ahora justifican la continuidad de la medida.

La causa seguirá su curso mientras el parlamentario permanece sujeto al cumplimiento estricto del arresto domiciliario total.

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Tras obtener un nuevo cambio en su medida cautelar, el parlamentario continúa recibiendo su dieta y mantiene activo a todo su equipo de apoyo, cuyo financiamiento ha significado más de $100 millones en recursos públicos.

El diputado desaforado Mauricio Ojeda Rebolledo, investigado por fraude al Fisco en la arista Manicure del Caso Convenios, volvió a estar en el centro del debate público luego de que el Juzgado de Garantía de Temuco modificara por quinta vez su medida cautelar, dejándolo esta semana con arresto domiciliario total, en reemplazo de la prisión preventiva que cumplía desde enero.

El cambio judicial, sin embargo, reabrió otra discusión: el costo que ha tenido para el Estado sostener a un parlamentario que no ha ejercido funciones durante prácticamente un año.

De acuerdo con los datos de transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ojeda ha seguido recibiendo su dieta bruta mensual de $7.348.983, lo que se traduce en más de $88 millones desde enero a la fecha.

Pero el monto más significativo proviene de su equipo de apoyo parlamentario, compuesto por cinco funcionarios contratados de manera regular, con un gasto mensual total de $8.863.486. Entre ellos destaca su jefa de gabinete, quien percibe $3.608.905 mensuales, cifra que representa más del 40% del gasto total del equipo.

Con los gastos publicados hasta agosto —y sin registro de suspensión de contratos—, los montos muestran que el equipo completo se mantuvo financiado aun cuando el parlamentario estaba imposibilitado de ejercer. Considerando el periodo enero–agosto, esto equivale a más de $70,9 millones, y la proyección anual supera los $106 millones.

La suma entre dieta parlamentaria y personal de apoyo arroja una cifra que bordea los $200 millones en solo un año, en el que el legislador no ha podido cumplir labores legislativas ni territoriales debido a su situación judicial.

El diagnóstico de fondo, sin embargo, sigue generando inquietud en especialistas y actores políticos: la legislación actual no contempla mecanismos para suspender remuneraciones o estructuras de apoyo en casos de desafuero prolongado o prisión preventiva, lo que deja al Estado sosteniendo costos significativos incluso cuando el parlamentario está impedido de ejercer.

El caso de Ojeda y el de otros parlamentarios, como Catalina Pérez, por el caso Democracia Viva, se han transformado en ejemplos de esta vacancia normativa. Mientras, la causa penal del ex parlamentario continúa avanzando en el Tribunal de Garantía de Temuco.

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El Juzgado de Garantía de Temuco resolvió nuevamente modificar las medidas cautelares del desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, investigado en la arista Manicure del Caso Convenios por presunta malversación de fondos públicos. La jueza Ruth Martínez acogió la solicitud de la defensa y sustituyó la prisión preventiva por arresto domiciliario total, marcando la quinta modificación de cautelar desde que el parlamentario fue imputado el 12 de febrero.

La resolución permitirá que Ojeda abandone el Centro Penitenciario Capitán Yáber, en la región Metropolitana, para trasladarse a La Araucanía, donde cumplirá la nueva medida. Su abogado, Raúl Pérez Cofré, valoró el fallo y señaló que la magistrada “encontró antecedentes suficientes para rebajar la cautelar de su representado”.

El Ministerio Público mantiene agrupadas cuatro investigaciones vinculadas a los mismos hechos, con la finalidad de llevar a juicio oral a los ocho acusados involucrados en este tramo del Caso Convenios. Ojeda enfrenta imputaciones por fraude al fisco reiterado, cohecho, soborno y lavado de activos, delitos asociados a la presunta malversación de más de 730 millones de pesos destinados a programas de capacitación para mujeres en Temuco y Padre Las Casas, cursos que —según la Fiscalía— nunca se ejecutaron.

Tras conocerse la resolución, el parlamentario difundió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde reaccionó con una declaración pública de tono desafiante y religioso. “Hay un Dios mirando y les juro que se impondrá la verdad y la justicia… nuevamente de regreso a casa, más fuerte que siempre, y con HAMBRE de justicia… aguante carajo”, escribió, en su primera comunicación tras abandonar el penal.

Con el cambio de cautelar, el diputado desaforado retornará a su vivienda para cumplir arresto domiciliario total mientras avance la preparación del juicio oral en una de las causas de corrupción más relevantes que afectan actualmente a autoridades de La Araucanía.

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La Corte de Temuco revocó el arresto domiciliario total del exparlamentario, estimando que su libertad constituye un peligro para la sociedad. Ojeda alcanzó a estar solo dos días fuera de la cárcel.

El desaforado diputado Mauricio Ojeda deberá regresar a prisión preventiva en la cárcel de Temuco, luego de que la Corte de Apelaciones de la ciudad acogiera el recurso del Ministerio Público y revocara la resolución del Juzgado de Garantía que le había otorgado el beneficio del arresto domiciliario total.

La Tercera Sala del tribunal de alzada consideró que la libertad de Ojeda representa un peligro para la sociedad y para los fines del procedimiento judicial, en el marco de la investigación por su presunta participación como autor del delito reiterado de fraude al fisco en el denominado caso Manicure, vinculado a irregularidades en transferencias de fondos públicos a fundaciones.

Pese a que Ojeda había pagado una caución de 40 millones de pesos, el fallo fue revocado, y el exdiputado deberá retornar a la cárcel tras haber estado solo dos días en libertad, luego de pasar cinco meses en prisión preventiva.

Tras su breve salida el pasado miércoles 4 de junio, Ojeda se manifestó confiado en su inocencia. “Me siento profundamente tranquilo”, señaló entonces. “He visto cómo los jueces en Chile fallan estrictamente en derecho y no por filtraciones descontextualizadas donde el Ministerio Público pretende armar con suposiciones… cuestiones que no existen y que no son”.

Respecto a la solicitud de una pena de 19 años en su contra, Ojeda comentó: “Es una cuestión bastante irrisoria, por decir lo menos. Estuve cinco meses con personas condenadas por crímenes violentos, narcotráfico, violaciones… y que tienen penas menores”.

Por esta misma causa se encuentran también en prisión preventiva por el llamado Caso Manicure, la exjefa de división del Gobierno Regional, Susan Alarcón, así como los representantes de las fundaciones Folab y Educc, Rinet Ortiz. Otros involucrados enfrentan medidas cautelares distintas, como el exjefe de gabinete del Gore, Juan Pablo Leonelli Lepin, quien cumple con reclusión nocturna domiciliaria.

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El ex militante de Republicanos fue imputado por fraude al Fisco, cohecho, soborno y lavado de activos, en el marco de la arista Manicure del caso Convenios. La investigación se extenderá por 30 días.

En prisión preventiva quedó el diputado Mauricio Ojeda, ex militante del Partido Republicano, tras ser imputado por presuntos delitos de corrupción en la arista Manicure del caso Convenios. Según la Fiscalía, Ojeda habría favorecido el traspaso de 730 millones de pesos a las fundaciones Folab y Educc, controladas por los hermanos Ortiz, quienes son amigos personales del parlamentario.

La jueza Leticia Rivera, del Juzgado de Garantía de Temuco, justificó la medida cautelar al destacar que Ojeda, pese a no estar en rebeldía, habría tomado contacto con imputados y testigos de la causa. “El tribunal no puede menos que observar que el imputado en libertad visitó y además tomó contacto con los imputados y con los testigos de la investigación”, señaló la magistrada.

Además, Rivera recalcó que Ojeda se opuso reiteradamente a ser investigado, lo que motivó la decisión de imponer prisión preventiva. “Es posible concluir que no existe una medida cautelar distinta a la prisión preventiva que permita asegurar los fines del procedimiento y la seguridad de la sociedad”, enfatizó.

Ojeda enfrenta cargos por fraude al Fisco reiterado, cohecho, soborno y lavado de activos. El tribunal fijó un plazo de investigación de 30 días, periodo en el cual el diputado permanecerá recluido en la cárcel de Temuco.

El caso Convenios, que ya ha involucrado a diversas fundaciones y figuras políticas, sigue generando impacto a nivel nacional, con esta nueva imputación como uno de los desarrollos más destacados.

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