Trabajadores y trabajadoras de la Obra Isla Cautín, a cargo de Constructora Del Bosque, participaron en una jornada de reflexión organizada por la Comisión de Capital Humano de la CChC Araucanía, con el apoyo de Mutual de Seguridad.

Hablar de salud mental en el lugar de trabajo, reconocer señales de alerta y comprender que cada persona puede cumplir un rol en la prevención, fueron parte de los contenidos abordados durante una jornada de sensibilización realizada en la Obra Isla Cautín, a cargo de Constructora Del Bosque, en Temuco.

La actividad fue organizada por la Comisión de Capital Humano de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Araucanía y contó con la participación de socios y socias, además de trabajadores y trabajadoras de la obra. La jornada de reflexión estuvo dirigida por el psicólogo de Mutual de Seguridad, Sergio Lovera.

Para Brígida Castro, jornal de aseo de la obra, conversar sobre salud mental en el trabajo permite también aprender a acompañar a quienes puedan estar atravesando una situación compleja. “Para mí es un tema importante, tengo un familiar que sufre de depresión, y hablar de esto en el trabajo lo encontré bueno porque podemos capacitarnos en cómo ayudar a un compañero”, comentó.

La trabajadora destacó, además, la importancia de mantener abiertos estos espacios de conversación entre colegas. “Yo siempre ando preocupada por mis colegas jóvenes, les pregunto cómo están, cómo se sienten. Me dicen que soy buena, pero no es que sea buena, es que entiendo el dolor ajeno y no tengo miedo a hablarlo”, relató Castro.

La importancia de hablarlo en el entorno laboral

Desde la CChC Araucanía, el presidente del Consejo Social, Luis Felipe Braithwaite, relevó la necesidad de incorporar la prevención de manera explícita en las políticas del sector. “Hoy en día este tema llegó a nuestras obras, tal vez estaba un poquito invisibilizado, pero tenemos que hacerlo presente en nuestras políticas también de prevención”, sostuvo.

En esa línea, planteó que el bienestar de quienes trabajan en la industria también tiene relación con su desempeño laboral. “Sabemos perfectamente que un trabajador o una trabajadora sana debería tener un mejor rendimiento también y, por ende, tenemos que abordarlo con profesionalismo”, agregó.

La jornada también contó con la participación de la directora regional del Trabajo, Carolina Ojeda, quien destacó el carácter preventivo de la iniciativa y el rol que pueden asumir distintos actores al interior de los espacios laborales.

“Tuvimos la posibilidad de poder construir esta jornada en función principalmente de la prevención”, explicó Ojeda. En ese contexto, valoró la participación de Mutual de Seguridad, pero enfatizó que el objetivo va más allá de informar: “lo que buscamos es que todos seamos agentes de cambio y promotores de la salud mental”.

Ojeda agregó que la construcción de ambientes laborales seguros requiere también del compromiso de los empleadores. “El llamado es a elaborar los protocolos de Ley Karin y trabajar con fuerza en la prevención”, señaló.

La actividad permitió así trasladar la conversación sobre salud mental directamente al lugar de trabajo, generando un espacio de reflexión entre trabajadores, representantes gremiales y actores vinculados a la prevención, con énfasis en la importancia de hablar oportunamente sobre estas materias.

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La Dirección del Trabajo desestimó la denuncia presentada por una secretaria contra el secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Costa Araucanía. Herrera sostiene que fue víctima de una acusación falsa y anuncia acciones legales. La concejala de Carahue Paola Retamal responde que existen otros procedimientos pendientes y advierte que continuará fiscalizando.

Un nuevo capítulo se vivió en torno a Ricardo Herrera Floody, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Costa Araucanía, ex alcalde y consejero regional, luego de conocerse que la Dirección del Trabajo desestimó una denuncia presentada en su contra por una secretaria en el marco de la Ley Karin.

Tras conocerse el resultado, Herrera salió públicamente a defenderse y elevó el tono de sus acusaciones. Aseguró haber sido víctima de un mal uso de la normativa y sostuvo que detrás de la denuncia existirían “manos negras” interesadas en destruir su imagen pública y apartarlo de su cargo en la Asociación.

Pero fue todavía más lejos. Según Herrera Floody, el uso indebido de la Ley Karin habría “degenerado en fines extorsivos, pecuniarios e incluso políticos”. El secretario ejecutivo también cuestionó que, según sostiene, no se habría respetado en su caso el principio de confidencialidad y reserva, acusando que una edil de una comuna costera divulgó públicamente su identidad, fotografías y antecedentes relacionados con el procedimiento a través de declaraciones a medios de comunicación.

Herrera anunció que recurrirá a la justicia mediante acciones por lo que calificó como destrucción de su imagen pública e injurias calumniosas, además de presentar antecedentes ante la Contraloría General de la República. Asimismo, respaldó la discusión sobre eventuales modificaciones a la Ley Karin y cuestionó aspectos relacionados con la confidencialidad, la trazabilidad de las pruebas y el tratamiento de las denuncias.

“No tengo miedo de fiscalizar”

La respuesta no tardó en llegar. La concejala de Carahue Paola Retamal emitió una declaración pública en la que reconoció expresamente que los antecedentes de la denuncia presentada durante 2026 fueron desestimados por la Dirección del Trabajo y sostuvo que esa determinación “debe ser respetada”.

Sin embargo, hizo una precisión que considera fundamental: ese resultado administrativo, afirmó, no significa que todos los procedimientos laborales o judiciales relacionados con Herrera Floody estén terminados.

Según Retamal, la trabajadora recurrió posteriormente a la justicia y podrá presentar allí los antecedentes y medios de prueba que estime pertinentes, entre los cuales mencionó el testimonio de un testigo y un registro audiovisual que, de acuerdo con la versión de la denunciante recogida por la concejala, no habrían sido considerados en la instancia administrativa. “Será el tribunal competente, y nadie más, quien deberá valorar esas pruebas y resolver conforme a derecho”, enfatizó.

La concejala aseguró además que existen otros procedimientos iniciados por mujeres que trabajaron como secretarias o funcionarias de la Asociación. Entre ellos mencionó acciones iniciadas durante 2025 por otra trabajadora, que comprenderían una querella criminal por hechos denunciados como eventual acoso sexual laboral y una demanda de tutela laboral, cuyo procedimiento tendría una audiencia programada para noviembre de 2026.

También señaló que existiría una denuncia de una tercera secretaria ante la Inspección del Trabajo, relacionada con el reconocimiento de su vínculo laboral y fuero maternal. Retamal insistió en que cada uno de estos antecedentes corresponde a procedimientos distintos y que deben analizarse separadamente.

“Fiscalizar no es condenar”

Frente al anuncio de acciones legales de Herrera Floody, la concejala endureció su respuesta. “Nunca he declarado culpable ni he condenado anticipadamente al señor Ricardo Herrera Floody”, afirmó, recalcando que ha utilizado conceptos como “eventual acoso sexual laboral”, “eventuales irregularidades” y “procesos en curso”.

Luego resumió su posición en tres frases: “Fiscalizar no es condenar. Informar sobre la existencia de procedimientos no es dictar sentencia. Y exigir transparencia y debido proceso no constituye una amenaza contra nadie”.

Retamal argumentó que su actuación se relaciona directamente con su función fiscalizadora como concejala de Carahue, considerando que la Asociación de Municipios Costa Araucanía recibe recursos aportados por municipios como Carahue, Toltén, Saavedra, Nueva Imperial y Teodoro Schmidt.

La edil también cuestionó la estructura de atribuciones existente al interior de la Asociación y sostuvo que los organismos competentes deberían revisar con rigor cualquier situación en que una persona denunciada pudiera intervenir en la tramitación o respuesta institucional de una denuncia formulada en su contra.

Y frente a la posibilidad de enfrentar acciones judiciales, respondió categóricamente: “No aceptaré que el anuncio de acciones legales respecto a ‘una edil de la costa’ sea utilizado para intimidarme o impedir el ejercicio de mis funciones públicas”. Luego lanzó una de las frases más fuertes de su declaración: “No tengo miedo de fiscalizar”.

Abogado advierte que una resolución laboral no cierra necesariamente la discusión penal

A la controversia se sumó Albert Sánchez, de TDefiende.cl, quien planteó que resulta fundamental distinguir entre una investigación desarrollada en el ámbito laboral y un procedimiento penal. Sánchez explicó que una investigación bajo la Ley Karin puede abordar materias relacionadas con acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, mientras que una investigación penal por un eventual delito sigue reglas, pruebas y procedimientos diferentes.

Por ello, cuestionó que el resultado de un procedimiento laboral pueda interpretarse automáticamente como una resolución respecto de cualquier investigación penal. Según explicó, una conclusión favorable en sede laboral no necesariamente determina lo que pueda resolver posteriormente un tribunal respecto de hechos investigados penalmente.

El abogado también llamó a esperar las respectivas resoluciones judiciales antes de sacar conclusiones definitivas.

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La región registra 1.493 personas bajo estas modalidades laborales, mientras a nivel nacional la cifra alcanza cerca de 150 mil trabajadores. La Dirección del Trabajo recordó que las empresas deben garantizar derechos como la desconexión digital y condiciones adecuadas de seguridad.

La Región de La Araucanía cuenta actualmente con 1.493 trabajadores y trabajadoras que desempeñan sus funciones bajo las modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia, de acuerdo con el último informe publicado por la Dirección del Trabajo (DT).

El reporte, elaborado a partir de los pactos laborales electrónicos registrados por las empresas en la plataforma institucional, revela que a nivel nacional existen 149.816 trabajadores bajo estas modalidades, distribuidos en 6.108 empresas que mantienen vigentes 162.312 pactos laborales.

La Dirección del Trabajo explicó que el teletrabajo corresponde a labores desarrolladas mediante medios tecnológicos, mientras que el trabajo a distancia considera funciones realizadas fuera de las dependencias de la empresa, pero que no necesariamente requieren el uso de herramientas digitales.

La Araucanía entre las regiones con mayor número de teletrabajadores

Después de la Región Metropolitana, que concentra el 87,1% de los trabajadores bajo esta modalidad (130.462 personas), las cifras más altas corresponden a Valparaíso (4.307), Biobío (3.506), Los Lagos (1.917), Antofagasta (1.923), Maule (1.483) y La Araucanía, con 1.493 trabajadores.

El organismo recordó que estas modalidades laborales han adquirido especial relevancia en los últimos años y que diversas normas legales también las contemplan para grupos específicos, como trabajadoras embarazadas o personas responsables del cuidado de niños en edad preescolar, menores de 12 años o personas con discapacidad, siempre que la naturaleza de sus funciones lo permita.

Derechos y obligaciones

La Dirección del Trabajo reiteró que las empresas deben cumplir una serie de obligaciones cuando pactan teletrabajo o trabajo a distancia con sus trabajadores.

Entre ellas se encuentran el respeto al derecho a desconexión fuera de la jornada laboral, la entrega de los equipos y herramientas necesarias para desarrollar las funciones, el financiamiento de su uso y la garantía de condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

Actualmente, la institución cuenta con cerca de 40 materias fiscalizables relacionadas con estas modalidades de trabajo y, desde el año pasado, ha aplicado 114 sanciones, que suman $318 millones en multas.

Más de 700 denuncias

Entre 2025 y lo que va de 2026, la Dirección del Trabajo recibió 711 denuncias, que dieron origen a la investigación de 776 posibles infracciones.

Las principales reclamaciones corresponden al incumplimiento general de la normativa sobre teletrabajo y trabajo a distancia, la falta de ofrecimiento de esta modalidad a trabajadores que tienen derecho a solicitarla y deficiencias en las condiciones de seguridad y salud laboral.

Del total de trabajadores bajo estas modalidades en el país, el 44% realiza exclusivamente teletrabajo, el 51,2% combina trabajo remoto con labores presenciales y el 4,9% desarrolla trabajo a distancia.

Asimismo, el informe muestra que el 96,5% cuenta con contrato indefinido, mientras que hombres y mujeres presentan una distribución prácticamente equilibrada: 51,1% hombres y 48,9% mujeres.

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El objetivo de la campaña “Conoce tus derechos y deberes” es que los jóvenes trabajadores sepan qué derechos deben hacer respetar a su favor en la relación de subordinación y dependencia que mantienen temporalmente con sus empleadores.

Aunque no exclusivamente, la campaña está centrada en aquellos jóvenes que se integran por primera vez al mundo laboral, para que lo hagan plenamente informados de las normas laborales esenciales.

La información al respecto está siendo distribuida presencialmente en centros de trabajo preferidos por los jóvenes y también a través de redes sociales.

Autoridades

La directora regional del Trabajo, Carolina Ojeda, dijo que “para la Dirección del Trabajo, los jóvenes que se emplean durante el verano son un foco de especial atención porque sus derechos laborales, previsionales y de higiene y seguridad deben ser cabalmente respetados, igual como los de cualquier trabajador. Por eso nos acercamos a ellos, tanto de modo presencial como a través de nuestras redes sociales, informándoles sobre los contratos de trabajo, las jornadas laborales y de descanso, y todos los demás aspectos que favorecen su inserción íntegra al mundo del trabajo, lo que les permite conocer sus derechos y, asimismo, a los empleadores poder respetarlos”.

A la vez, el SEREMI del Trabajo y Previsión Social, Edison Sanhueza, explicó que “durante el verano muchos jóvenes se incorporan por primera vez al mundo laboral. Es por eso que es fundamental que conozcan sus derechos y que estos sean plenamente respetados. Además, quienes trabajan a la intemperie deben contar con protección adecuada, como bloqueador solar, que es obligación del empleador entregar gratuitamente. Por ende, invitamos también a los empleadores y a los trabajadores a informarse respecto de las materias que corresponden al cuidado y protección de las y los trabajadores”.

En tanto, el alcalde de Curacautín, Hugo Vidal, expresó que “hemos hecho el lanzamiento regional de la difusión del Plan de Empleo Joven. Esta campaña me parece muy importante, muy relevante, para que aquellos jóvenes que están aspirando a su primer empleo puedan contar con información relevante desde el punto de vista legal, normativo y de sus derechos, y también para que sus futuros empleadores puedan tener información que les permita evitar cometer infracciones que luego tengan consecuencias económicas. La finalidad es poder informar oportunamente para prevenir la ocurrencia de infracciones a la normativa, de manera que quiero valorar este trabajo y esfuerzo y agradecer tanto al seremi del Trabajo y Previsión Social como a la directora regional del Trabajo su presencia en Curacautín”. 

Contenido de la campaña

En las cartillas impresas y digitales se informa sobre la escrituración del contrato de trabajo, jornada laboral, remuneración, mantención de calidad de carga de sus padres y trabajo menor (en caso de jóvenes entre 15 y 18 años).

Además, debido a que los trabajos en época estival en que los jóvenes se emplean  -principalmente en teams de verano, turismo, restaurant, etc.- los expone al Sol, se repartirán gorros legionarios y protector solar como Elementos de Protección Personal.

El uso de bloqueador solar para quienes trabajan a la intemperie es un elemento que debe ser suministrado en forma gratuita por el empleador.

Derechos básicos

El mensaje principal de la campaña recuerda que el contrato de trabajo es obligatorio, según lo establece el artículo 9° del Código del Trabajo, y especifica las estipulaciones de su contenido establecidas en el artículo 10° del mismo Cuerpo Legal.

Si el trabajador es menor de 18 años y mayor de 15 años debe contar con la autorización expresa de su padre o madre; a falta de ellos, de las personas o instituciones señaladas en el artículo 13 del Código del Trabajo, y a falta de todos los anteriores, del Inspector del Trabajo. También debe acreditar haber culminado la educación media o estar cursando la educación básica o media.

Este tipo de trabajadores no puede laborar más de ocho horas diarias, solo puede realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud y desarrollo y su empleador/a deberá registrar el contrato de trabajo en la Inspección del Trabajo que corresponda.

Si es carga familiar y su empleo no supera los 3 meses en cada año calendario, conservará esa calidad para todos los efectos legales.

Jornadas

La campaña pone acento también en los tiempos y descansos legales para estos jóvenes.

Por ejemplo, se hace hincapié en que el empleador debe poner a su disposición el Registro de Control de Asistencia, desde el primer día de trabajo y debe efectuar la declaración y pago de las cotizaciones previsionales por los días laborados.

El descanso dentro de la jornada es el tiempo que debe otorgarse al trabajador durante la jornada diaria, para destinarlo a colación. No puede ser menor a 30 minutos. Este tiempo no es parte de la jornada.

El descanso semanal corresponde, por regla general, a los días de descanso obligatorio. Son los domingos y los que la ley declare festivos. Si la empresa labora los domingos y festivos, el joven trabajador tiene derecho a un día de descanso en la semana en compensación por las horas trabajadas el domingo, y otro por cada festivo que labore.

Protección UV

En este aspecto, la campaña enfatiza a empleadores y trabajadores la necesidad de que haya una protección adecuada ante los rayos UV debido a la jornada laboral que se efectúa a la intemperie.

El artículo 184 del Código del Trabajo sostiene que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

Las normas que protegen a los trabajadores de la radiación ultravioleta figuran en el artículo 109 b del Decreto Supremo 594 (1999) del Ministerio de Salud, relacionado con los artículos 184 y 506 del Código del Trabajo

El Decreto Supremo Nº 594 es el Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Y en su artículo 109 b establece los rangos máximos de exposición a la radiación ultravioleta. 

Los empleadores deben contar con un programa escrito teórico-práctico de protección y prevención y hacer la gestión de riesgo contra la exposición ocupacional a radiación UV.

También deben especificar el uso de los elementos protectores de la radiación ultravioleta y ponerlos gratuitamente a disposición de los trabajadores.

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La autoridad explicó que la legislación vigente resguarda el vínculo laboral de las y los trabajadores que se desempeñan como voluntarios del Cuerpo de Bomberos, impidiendo cualquier tipo de sanción o despido por asistir a emergencias.

“El Código del Trabajo protege el espacio laboral de los bomberos que operan en las emergencias, todos los voluntarios y voluntarias de bomberos. Esta protección está establecida en una ley publicada en 2016 y señala expresamente que quienes se rigen por el Código del Trabajo o por el estatuto administrativo están facultados para asistir a los llamados de emergencia, sin que ello afecte su remuneración ni su estabilidad laboral”, detalló la directora regional del Trabajo, Carolina Ojeda Galaz.

Ojeda indicó que, si bien no se han recibido denuncias formales en la región, sí existe preocupación y numerosas consultas relacionadas con eventuales despidos o sanciones por acudir a emergencias.

“El artículo 66 ter establece que todos los trabajadores, tanto del sector público como privado, tienen derecho a desempeñarse como voluntarios del Cuerpo de Bomberos y asistir a llamados por accidentes, siniestros o incendios forestales. El tiempo destinado a la emergencia se considera trabajado para todos los efectos legales”, precisó.

La directora regional recalcó además que los empleadores no pueden considerar estas salidas como abandono de trabajo o inasistencia injustificada, y que, en caso de dudas, pueden solicitar a la Comandancia de Bomberos la acreditación de la concurrencia del trabajador a la emergencia.

Desde Bomberos, valoraron la instancia informativa y el respaldo institucional a la labor voluntaria.

“Para nosotros es fundamental que nuestros voluntarios tengan la tranquilidad de que no perderán su trabajo por cumplir con su vocación de servicio. Esta información es clave tanto para bomberos como para empleadores, especialmente en períodos de alta ocurrencia de emergencias”, señaló Alberto Soto Superintendente de Bomberos  Victoria.

Finalmente, la directora del Trabajo llamó a las y los trabajadores a informarse y a denunciar cualquier vulneración de derechos.

“Ante cualquier duda o eventual incumplimiento, pueden acercarse a nuestras inspecciones comunales o provinciales, o realizar la denuncia a través de nuestro sitio web”, concluyó.

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La normativa vigente establece que, cuando en un lugar de trabajo exista un riesgo grave e inminente para la vida o la salud de las personas, el empleador debe adoptar medidas inmediatas. Entre ellas, informar oportunamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del riesgo y las acciones implementadas para eliminarlo o mitigarlo; suspender de inmediato las faenas y evacuar a las y los trabajadores si el riesgo no puede ser controlado; y disponer de teléfonos de emergencia, visibles y de fácil acceso, que permitan una comunicación expedita ante situaciones críticas.

Medidas adoptadas por la Dirección del Trabajo

En este contexto, la Dirección del Trabajo emitió un dictamen que fija los alcances de las obligaciones de los empleadores en materia de protección de la vida y salud de las y los trabajadores, en concordancia con lo establecido en el Código del Trabajo.

Asimismo, en el sitio web [www.dt.gob.cl](http://www.dt.gob.cl) se habilitó un banner de denuncias dirigido a trabajadores y trabajadoras que se encuentren desempeñando labores en condiciones de altas temperaturas sin contar con los elementos de protección personal adecuados. Además, la ciudadanía puede realizar consultas sobre las obligaciones de los empleadores escribiendo al correo electrónico exposicionaltastemperaturas@dt.gob.cl.

Programa nacional de fiscalización

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, la Dirección del Trabajo ejecutará un   programa nacional de fiscalización, el cual verificará, entre otros aspectos: La identificación de alertas meteorológicas y su comunicación a los trabajadores. La información oportuna sobre los riesgos asociados a la exposición a altas temperaturas y temperaturas extremas. La identificación de peligros y evaluación de riesgos por tareas y puestos de trabajo, con especial atención a trabajadores sensibles, como personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, diabetes, obesidad y mayores de 65 años. La existencia de un plan de hidratación, que asegure al menos   3 litros de agua fresca por persona al día, en cantidad suficiente. La entrega de recipientes portátiles individuales que permitan mantener el agua fresca durante la jornada laboral.

Las sanciones por incumplimiento van desde 4 UTM para microempresas hasta 60 UTM para grandes empresas, por cada infracción constatada. En situaciones de   riesgo inminente, el inspector del trabajo podrá   suspender las labores, conforme al Artículo 28 del DFL N°2.

La directora del Trabajo de La Araucanía, Carolina Ojeda Galaz, señaló que “cuando existen altas temperaturas o calor extremo, la ley es clara: el empleador debe informar, proteger y, si es necesario, suspender las faenas para resguardar la vida y salud de las y los trabajadores. Ningún trabajador o trabajadora debe arriesgar su salud por trabajar con calor extremo. La prevención es un derecho fundamental. Si una persona está trabajando a altas temperaturas y no cuenta con las protecciones adecuadas, puede denunciar ante la Dirección del Trabajo y nosotros vamos a fiscalizar”.

Con estas acciones, la Dirección del Trabajo busca reforzar la prevención, el   cumplimiento normativo y la protección efectiva de quienes continúan desempeñando labores en condiciones climáticas adversas.

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Este feriado implica que los trabajadores del comercio deberán cesar sus labores a más tardar a las 20:00 horas del 24 de diciembre, retomando funciones recién a las 06:00 horas del 26 de diciembre, y en el caso de Año Nuevo, desde las 20:00 horas del 31 de diciembre hasta las 06:00 horas del 2 de enero.

Al respecto, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Edison Sanhueza, realizó un llamado enfático a los empleadores a cumplir con la normativa vigente.

“Este feriado es un derecho irrenunciable de las y los trabajadores del comercio. Como Ministerio del Trabajo hacemos un llamado a los empleadores a organizar sus turnos con anticipación y respetar los horarios establecidos por ley, evitando sanciones y, sobre todo, resguardando el bienestar de quienes día a día sostienen esta actividad económica”, señaló la autoridad.

La normativa contempla excepciones, entre ellas restaurantes, cines, espectáculos en vivo, casinos de juego, expendio de combustibles, farmacias de turno y locales en aeropuertos, así como tiendas de conveniencia adosadas a servicentros que vendan alimentos preparados en el lugar. No obstante, estos trabajadores cuentan con el derecho a descanso bianual alternado, el cual debe ser garantizado por el empleador.

La Directora Regional del Trabajo, Carolina Ojeda, explicó que la Dirección del Trabajo realizará fiscalizaciones para asegurar el cumplimiento de la ley.

“Nuestro rol es velar porque se respeten los derechos laborales. Las fiscalizaciones estarán activas y, en caso de detectar infracciones, los empleadores arriesgan multas que pueden llegar hasta las 20 UTM por cada trabajador afectado, además de la suspensión inmediata de las labores”, indicó.

Asimismo, se recordó que durante los días previos a Navidad el empleador puede extender la jornada hasta en dos horas diarias, solo dentro de los límites que establece la ley, sin que ningún trabajador pueda laborar más allá de las 23:00 horas entre el 10 y el 23 de diciembre, ni después de las 20:00 horas el día 24 de diciembre.

La Dirección del Trabajo dispondrá de canales de denuncia a través de su sitio web www.direcciondeltrabajo.cl y del Centro de Atención Telefónica 600 450 4000, los días 25 de diciembre y 1 de enero, entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a informarse y cumplir la normativa, enfatizando que el respeto a estos feriados es una obligación legal y una señal de compromiso con el trabajo decente.

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Durante la jornada, los equipos inspectivos revisaron las condiciones de higiene y seguridad del lugar, constatando la ausencia de elementos básicos como agua potable, baños y comedor para los trabajadores. Ante estas deficiencias, se procedió a la suspensión inmediata de la faena, en resguardo de la salud y bienestar de las y los trabajadores.

La directora regional del Trabajo, Carolina Ojeda, explicó que “este procedimiento se enmarca dentro de las acciones regulares de fiscalización que realiza la Dirección del Trabajo, especialmente en zonas rurales y faenas temporales. En este caso, se verificó un incumplimiento grave de las condiciones mínimas de higiene y seguridad exigidas por la normativa laboral, lo que pone en riesgo la integridad física de las y los trabajadores. Frente a ello, se aplicó la medida de suspensión de labores hasta que la empresa acredite la corrección de las observaciones detectadas”.

Por su parte, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Edison Sanhueza, señaló que “nuestro compromiso es claro: ningún trabajador o trabajadora en La Araucanía puede estar expuesto a condiciones indignas o inseguras. Como Gobierno del Presidente Gabriel Boric estamos fortaleciendo la fiscalización y la protección laboral, especialmente en sectores donde históricamente ha existido mayor precariedad. El trabajo decente no es solo un derecho, es una condición fundamental para el desarrollo justo y equitativo de nuestra región”.

Estas fiscalizaciones forman parte del plan permanente de control y supervisión que impulsa el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección del Trabajo, con el fin de promover el respeto de los derechos laborales y la prevención de riesgos en todos los sectores productivos del país.

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El descanso comenzará a las 21:00 horas del miércoles 17 de septiembre y se extenderá hasta las 06:00 horas del sábado 20, con algunas excepciones para quienes cumplen turnos rotativos. Ningún trabajador del comercio podrá laborar más allá de esos horarios.

La Directora Regional del Trabajo, Carolina Ojeda, señaló: “Nuestro rol es velar porque los derechos de los trabajadores y trabajadoras se respeten en estas Fiestas Patrias. El feriado obligatorio e irrenunciable no es opcional: todos quienes se desempeñan en el comercio tienen derecho a descansar y estar con sus familias. Por eso estaremos fiscalizando activamente y también respondiendo a las denuncias que lleguen a la Dirección del Trabajo”.

Quiénes deben descansar y quiénes están exceptuados

Se consideran trabajadores del comercio a quienes se desempeñan en establecimientos destinados a la venta directa de mercaderías o productos al público, incluidas las denominadas “tiendas de conveniencia” adosadas a servicentros, siempre que su giro se limite a la venta de productos y no a la preparación de alimentos.

Quedan exceptuados de este feriado los trabajadores de restaurantes, clubes, cines, discotecas, espectáculos en vivo, casinos, locales de juego autorizados, farmacias de urgencia y de turno, expendios de combustibles y tiendas de conveniencia que sí preparen alimentos en el lugar. También podrán funcionar normalmente los negocios familiares o de barrio que son atendidos directamente por sus dueños o familiares sin trabajadores dependientes.

Además, la normativa establece que los trabajadores exceptuados del feriado tienen derecho a descansar al menos una vez cada dos años en estas mismas fechas, lo que debe ser documentado y garantizado por el empleador.

Multas y sanciones

Las empresas que incumplan el feriado obligatorio o el descanso alternado se exponen a multas por cada trabajador sorprendido en infracción, de acuerdo con su tamaño:

• Micro y pequeña empresa: 5 UTM ($346.325)

• Mediana empresa: 10 UTM ($692.650)

• Gran empresa: 20 UTM ($1.385.300)

Además de la multa, los empleadores deberán suspender inmediatamente los turnos, retirar a los trabajadores de sus funciones y cerrar el local.

Denuncias y fiscalización

Las denuncias pueden realizarse a través del sitio web www.dt.gob.cl. La Dirección del Trabajo desplegará un programa nacional de fiscalización, tanto en respuesta a denuncias como mediante recorridos aleatorios, que se realizarán entre las 09:00 y 15:00 horas de ambos días festivos.

En caso de denuncias no tramitadas el 19 de septiembre, estas serán atendidas el día 20 y el jueves 21.

Por su parte, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Edison Sanhueza, destacó: “El llamado es claro: los empleadores deben cumplir con la normativa. Queremos que estas fiestas se vivan con tranquilidad, seguridad y respeto por la ley laboral. Quienes no cumplan arriesgan multas importantes, pero sobre todo vulneran un derecho laboral para los trabajadores”.

Resultados del año anterior

Durante las Fiestas Patrias de 2024, la Dirección del Trabajo efectuó 385 fiscalizaciones, cursando 104 multas por un monto total de $96.200.671. Además, 166 trabajadores fueron suspendidos de sus funciones por incumplimientos detectados.

Con este plan, la autoridad laboral busca asegurar el derecho al descanso de miles de trabajadores y trabajadoras del comercio y del transporte interurbano de pasajeros, así como velar por el cumplimiento de la normativa en fondas y ramadas.

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Durante ese día deberán cerrar sus puertas todos los malls, strip centers, supermercados administrados por una misma razón social o personalidad jurídica. Se exceptúan los locales atendidos por sus propios dueños o aquellos situados fuera de centros comerciales.

El feriado comenzará a más tardar a las 21:00 horas del sábado 28 de junio y se extenderá hasta las 06:00 horas del lunes 30 de junio, salvo modificaciones derivadas de la rotación de turnos.

Además, la DT recordó que los trabajadores que deban prestar servicios durante la jornada electoral tienen derecho a un permiso mínimo de 3 horas para sufragar, sin que este implique descuento salarial. Quienes cumplan funciones como vocales de mesa, delegados o miembros de colegios escrutadores tienen derecho a ausentarse durante toda la jornada.

Este permiso aplica a trabajadores que realicen labores impostergables o especiales, como portuarios, embarcados, repartidores de plataformas digitales, deportistas profesionales y quienes trabajen en faenas que no puedan suspenderse, así como también a trabajadores del comercio que sí están autorizados a abrir, al no estar ubicados en centros comerciales.

La Seremi del Trabajo y Previsión Social de La Araucanía, Claudia Tapia de la Peña, hizo un llamado a las empresas a respetar los derechos laborales en esta jornada cívica, “es importante recalcar que, si bien es cierto, estas primarias son voluntarias a los trabajadores y trabajadoras, se le asisten lo mismo derechos que en cualquier elección. Esto es importante recordarlo porque este tipo de elecciones profundizan la democracia, y es importante que se puedan desarrollar de la mejor manera resguardando siempre el derecho laboral”.

Por su parte, la Directora Regional del Trabajo de La Araucanía, Carolina Ojeda Galaz, informó que el incumplimiento de estos derechos será sancionado. “Toda empresa que no respete el feriado o no otorgue el permiso de votación se expone a multas que van de las 3 hasta las 60 UTM por cada infracción, según el tamaño de la empresa, es decir entre $206.355 hasta $4.127.100. Queremos que cada trabajador y trabajadora tenga claridad sobre sus derechos y sepa que cuenta con respaldo legal para ejercerlos. Igualmente, nuestro servicio a través de las distintas inspecciones provinciales y comunales, se encontrará desplegado en el territorio realizando difusiones los días previos, y el domingo 29 de junio activando los procedimientos de fiscalización en función de las denuncias que se reciban”.

En las últimas elecciones de octubre de 2024, la DT realizó 126 fiscalizaciones, cursando 41 multas: 4 por no otorgar permiso para votar y 37 por incumplimiento del feriado en centros comerciales. En total, 314 trabajadores fueron enviados a sus casas, y las multas sumaron más de 232 millones de pesos.

Las denuncias por vulneración de derechos laborales durante el proceso electoral pueden realizarse llamando al 600 450 4000 o a través de la página de la Dirección del Trabajo www.dt.gob.cl

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