Con la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República y luego de la rendición de cuentas de todo el programa Proempleo en La Araucanía línea intendencia, que abarcó los meses de enero a junio de 2011 se logró establecer la legalidad de todos los actos administrativos, previamente investigados por el organismo contralor, quedando en evidencia la inexistencia de irregularidades en la ejecución del programa. La información fue dada a conocer este viernes.
Esta acción jurídica, que da respuesta a la resolución 11 y 12 de la intendencia a través del oficio N° 06309 con fecha 20 de octubre de 2011, referido a la regularización de “Los tratos directos de ejecución de obras aprobados con las unidades ejecutoras”, implica que el programa ejecutado por la Intendencia en este periodo fue declarado administrativamente legal, en cuanto utilización de dineros fiscales, proceso de contratación directa de las ejecutoras, comunas, proyectos, beneficiarios, sin perjuicio de los eventuales errores administrativos que pudiesen haberse cometido producto de la urgencia y la mala implementación histórica de este programa.
Frente a los últimos antecedentes, el seremi de Gobierno, Juan Carlos Fernández manifestó “Esta toma de razón por parte de Contraloría, ratifica lo que veníamos señalando; y es que aquí no se perdió ni mal utilizó ni un solo peso de los 733 millones del programa. Los recursos-indicó- llegaron a sus destinatarios, lo que permitió dar empleo a más de 4 mil personas de escasos recursos, disminuyendo sustancialmente las cifras cesantía que históricamente mantenía La Araucanía”. Asimismo, el secretario de gobierno expresó “quiero hacer un llamado a la clase política regional a ser cautos a la hora de denunciar o enlodar gratuitamente el trabajo desarrollado por la máxima autoridad regional, e invitarlos a comprometerse con los grandes desafío que nuestra región ha asumido a través del plan Araucanía y al férreo compromiso del gobierno del presidente Sebastián Piñera de inyectar recursos para el progreso de esta región” sentenció, Juan Carlos Fernández.
En tanto, el jefe del departamento Jurídico de la Intendencia Regional, Alexander Schneider, explicó que la toma de razón “viene en confirmar la legalidad administrativa del programa, quedando en evidencia que las resoluciones de Intendencia se encuentran conforme a la constitución y a las leyes, evidenciando el correcto uso de los recursos públicos”, puntualizó el profesional.
En relación al sumario administrativo desarrollado por el fiscal designado por la Subsecretaria del Ministerio del Interior, Víctor Hugo Merino, la Intendencia se encuentra a la espera de los resultados que arroje dicha investigación, tomando las acciones pertinentes frente a los antecedentes emanados durante este proceso.
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