Constructoras de vivienda social preocupadas por lenta asignación de subsidios para protección del patrimonio familiar

 

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Tras esperar dos años por un nuevo decreto para que las familias vulnerables pudieran postular a vivienda social, periodo en el cual se redujo drásticamente la tasa de aprobación de familias y asignación de recursos para este efecto, ahora las empresas del sector vivienda social suman otra preocupación, como es la escasa asignación de subsidios para el programa de protección del patrimonio familiar PPPF.

Para Claudia González, gerente del CVS, este tema es preocupante, ya que existen serias dudas sobre si existen efectivamente recursos del Estado para este programa de rescate patrimonial, tomando en cuenta la cantidad de rechazos que han tenido los comités de vivienda, a pesar que cumplen técnicamente con todos los requisitos que exige la institucionalidad pública.

"Existen comités de mejoramiento y ampliación que entre 2010 y 2012 ya han realizado hasta 7 postulaciones para ser seleccionados, cuestión que no logramos explicarnos, porque cumplen técnicamente con todos los requisitos exigidos y han debido esperar largamente sin tener respuesta efectiva, lo que les hace desconfiar del sistema o de la capacidad del estado para mantener este programa que ha sido tan exitoso en los últimos años en la región", explica Claudia González.

En la Región de La Araucanía se llegaron a colocar hasta 10.000 subsidios por año para este programa, beneficiando a familias de estratos bajos y medios, con el mejoramiento de distintas partidas de sus vivienda, como cambio de techumbre, sistemas eléctricos, ventanas, puertas y fachadas,  incluso la ampliación de viviendas que fueron entregadas con menos de 40 mts2 en pasadas administraciones.

La gerente del CVS aseguró que "debemos conversar con la autoridad para establecer ciertas condiciones. Si no habrá recursos es mejor señalarlo públicamente y no generar falsas expectativas ni en la comunidad ni en las empresas del sector, porque eso genera desconfianza y desacredita un sistema que venía funcionando bien para detener la obsolescencia de las viviendas y erradicar el hacinamiento", indicó la alta ejecutiva de la asociación gremial.

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