Ley Crédito Solidario… ¿cuándo?

El pasado 27 de enero se firmó la promulgación de la Ley 20.572 que permite la reprogramación de créditos universitarios para todas aquellas personas que se encontraban en situación de morosidad al 30 de junio del 2011, que aún mantienen esta condición, y que no hayan reprogramado anteriormente.

“El Fondo Solidario de Crédito Universitario busca apoyar a todos los jóvenes con mérito académico y con necesidades socioeconómicas para ingresar a las universidades del Consejo de Rectores”, destacó la autoridad. Ello mediante la oportunidad de “dar una segunda oportunidad para personas como tú, que por distintos motivos no han podido pagar oportunamente su crédito”, indicaba la misiva del Ministro de Educación, Harald Beyer.

Los principales opciones que esta ley ofrece son:

• Condonación del 100% de los intereses penales.
• Eliminación de la deuda de los registros de los boletines comerciales al momento de reprogramar.
• Plazos de hasta 10 ó 15 años para reprogramar, según el monto de la deuda.
• Beneficios adicionales para quienes nunca egresaron de alguna institución de educación superior.

“Hoy en Chile hay más de 110.000 deudores morosos, lo que representa una deuda equivalente a $300 mil millones. Es importante destacar que los recursos recuperados permitirán la entrega de nuevos créditos para quienes, en el futuro, deseen estudiar en las universidades del Consejo de Rectores”.

¿Por qué tantos recursos morosos?

El Crédito Fiscal y posteriormente el Crédito Solidario fue el instrumento que por años utilizaron los jóvenes de escasos recursos para poder estudiar. Éste consistía en un crédito que establecía la casa de estudios superiores, que podía alcanzar hasta un 100% del arancel y que debía cancelarse a partir de los dos años de egresado de la universidad. Una vez transcurrido el período la casa de estudios emitía una carta al alumno año a año en el cual le solicitaba que en una fecha determinada hiciera su declaración de ingresos para el año siguiente cancelar proporcional a ello: gratuidad por ingresos de hasta $300.000 aprox. durante el año declarado y el 5% de los ingresos superior a ese promedio de ingresos anual. Esto debía efectuarse TODOS los años, por 12 años.

Esta condición, si bien era extraordinariamente conveniente, tenía algunas deficiencias: si el alumno no recibía la carta o no contaba con la información suficiente previamente, ingresaba a una calidad de morosidad, cargándose automáticamente cada año un 20% de la deuda, con un interés de más del 20% anual, legal y sin prescripción. A eso se suma que la casa de estudios, tenía la libertad de externalizar la deuda con empresas de cobranza, lo que aumentaba en un 20% más el valor de su cancelación. Una persona con una deuda de tres millones, sólo en un año aumentaba el valor de la deuda a más de 4 millones y al año siguiente se aplicaba el mismo interés, pudiendo duplicarla en un breve plazo y podía enterarse recién tras dos años cuando Dicom así lo avisaba.

Desafortunadamente las universidades teniendo las atribuciones optaron por estos cobradores “externos”, sin ofrecer opción al exalumno de efectivamente retornar el valor del crédito solicitado, ni siquiera ofreciendo opciones de reajuste para recuperar el valor real actual, lo que arrojó al sistema miles de no profesionales y profesionales que pasaron por las aulas universitarias y que, incapaz de cubrir estos intereses, fueron marginados del sistema. “Esta universidad (Católica de Valparaíso) me ha mantenido por más de 25 años en Dicom, fui a tratar de pagar de acuerdo a mi sueldo y me exigieron el total de todos los años, no puedo postular a una casa, me produce problemas en el trabajo, en la salud ,si hubiera asesinado a alguien ya estaría libre, si hubiera estafado a los bancos en 5 años estaría limpio, moriré con Dicom, gracias seños Lagos”, manifiesta un ex estudiante en Reclamos.cl.

JP de la Universidad Austral de Chile en la misma página indica, “soy una humilde madre de familia, la cual cometió el peor error de su vida: tratar de surgir estudiando con crédito fiscal (…) quedé cesante y la universidad me envió sus cobranzas. Fui a reclamar a esta institución de que no podía cancelar la deuda por no tenia trabajo, pero ellos me dijeron que debía igual hacerlo porque ellos consideraban las rentas del año anterior. Me dijeron que si no cancelo me enviarán a Dicom, y luego cobro judicial y luego lo más probable que me embarguen lo poco que tengo. Estoy muy angustiada, he pensado en pedirle a algún familiar que me saque un crédito de consumo para poder pagar, pero tampoco creo poder pagar este crédito por que estoy cesante. No sé qué hacer y todo por tratar de surgir estudiando, una carrera que no me ha dado nada más que dolores de cabezas, angustias y gastos… y por los cobros de crédito fiscal. La educación es un negocio y una sinvergüenzura ¿hasta cuándo venderán engaño y jugarán con la ilusión de la clase humilde…?

También de la Universidad Austral, AP indicó: “los tres hermanos incentivados por nuestra madre pasamos por la universidad y los tres actualmente estamos en Dicom. En particular mi deuda ascendió al 90% de todos los años de carrera, me fui de la ciudad y no hice la tramitación correspondiente. Cuando intenté regularizar en 2009, mi deuda capital que inicialmente era de 4 millones, por concepto de intereses subió a prácticamente 9, lo cual podía cancelar en hasta 36 cuotas de $250.000. Absolutamente imposible… decidí que prefería deberle a la U a que me protesten un cheque… Hoy debo, creo, unos 13 millones de pesos y año a año mi devolución de impuesto ingresa a las arcas fiscales sin que se observe alguna amortiguación de la deuda, desde que trabajo al menos he cancelado unos 4 millones en devoluciones”.

Pese al anuncio de condonación de intereses por parte de la autoridad, aún no se ha avanzado nada. El plazo para que la ley opere era abril de 2012, sin embargo a 1 de septiembre, esto parece aún una posibilidad lejana. Mientras tanto mes a mes se abultan las deudas de cientos de ex estudiantes que con familias ya formadas y tras varios años de esfuerzo, ven cómo su esperanza de surgir a partir de su formación profesional no hizo más que llevarles dolores de cabeza. Muchos de ellos están dispuestos a asumir su responsabilidad, retornando la inversión que el Estado hizo en ellos, pero en un escenario razonable, o al menos, de mercado.

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