Maritza Escobar, directora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Mayor sede Temuco, explica las consecuencias físicas y sicológicas a las que se enfrenta una menor de edad, embarazada, sobre todo si el feto es inviable.
Los casos de violación con resultado de embarazo en menores de edad acontecidos en el último tiempo en el país (uno de ellos en Carahue, con alta repercusión mediática) ha generado un intenso debate, con un no menor contraste de opiniones, muy alejadas unas de otras.
El país está dividido ante esta coyuntura y, más allá de la postura ante el tema, es una realidad a nivel nacional.
Un estudio del connotado académico Ramiro Molina, arrojó que los hospitales públicos en el país atendieron -entre 2001 y 2010- un promedio de 34 mil casos de aborto al año. Estableció que de ellos, casi el 40% sería voluntario. Sin embargo, la cifra se eleva astronómicamente, ya que –asevera Molina- por cada aborto en un hospital, hay otros 10 fuera de la red de salud.
Otro facultativo –el epidemiólogo Elard Koch- presentó una investigación que señala que la cifra anual no supera los 18 mil casos, desmitificando números más abultados. Explica Koch que, cuando una mujer llega a cualquier centro de salud con sintomatologías de aborto y es tratada, existen ocho categorías que el doctor debe considerar para calificar el caso: pérdidas naturales, embarazos molares, embarazos ectópicos (en las trompas de Falopio) y otras causales más ambiguas (estas últimas representan un 16,1% de todos los abortos en Chile). A eso añade un margen estimativo de los procedimientos clandestinos efectuados con misoprostol, medicamento usado para la prevención y tratamiento de úlceras gástricas, que en combinación con otros fármacos como la mifepristona, interrumpe el embarazo, y donde no siempre se termina recurriendo a un centro asistencial.
Pese a estos estudios, al no estar legalizado, establecer cifras de aborto de manera definitiva resulta audaz. Lo que sí se puede asegurar, es que muchas mujeres –sobre todo jóvenes y de escasos recursos- al optar por el aborto ponen en riesgo su propia vida.
SOCIEDAD EN ALERTA
El caso de la niña de 13 años de Carahue, debe poner en alerta a la sociedad, plantea Maritza Escobar, directora de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Mayor sede Temuco.
Alguien de esta edad –enfatiza- por razones físicas y sicológicas, no está preparada para enfrentar la maternidad.
“La mujer alcanza su madurez reproductiva hasta después de cinco años de haber aparecido su primera menstruación, por tanto, hay mayores riesgos maternos, fetales y perinatales cuando concibe un embarazo antes de tiempo”, comenta.
Argumenta la profesional que la adolescencia por sí ya constituye un período complicado o de riesgo, al estar sometido a constantes cambios en el desarrollo físico, psíquico y social. Y si a esto se agrega un proceso de modificaciones y adaptaciones producto de una gestación, lo hace más complicado, y la futura madre adolescente se enfrenta a las inquietudes propias de la gravidez. Ahora, si ese embarazo es producto de una violación, el riesgo o daño es aún mayor.
“Al estar afectada su salud física, psicológica y social, la adolescente embarazada se expone a ciertas complicaciones, como hipertensión inducida por la gestación o preeclampsia, deficiente estado nutricional, desproporción entre la pelvis y el feto, y lesiones traumáticas en el tracto vaginal, entre otras”, expone.
En el caso del bebé, el peso y la edad gestacional de los recién nacidos de madres adolescentes es menor cuando se compara con otras gestantes, lo que los hace vulnerables a presentar sepsis y otras enfermedades que constituyen un alto riesgo y se convierten en un problema biológico y social. Por ello, la mortalidad infantil, neonatal y fetal tardía es muy superior en los hijos de madres menores de 15 años.
“En relación al aspecto psicosocial de una embarazada adolescente, frecuentemente se produce abandono escolar. En Chile, el 80% de ellas deserta del sistema escolar. Este hecho provoca que el adolescente se halle desvinculado de la sociedad, o la magnitud de su situación puede resultar tan insoportable, que a veces conduce a la autodestrucción o suicidio. En general, un embarazo no deseado o no planificado, determina una actitud de rechazo, lo que conlleva a la detección y el control prenatal tardío, con consecuencias negativas para la madre y el recién nacido”, advierte la académica de la U. Mayor.
INVIABILIDAD
Cuando el feto es inviable y sólo vive algunas horas, ciertamente hay repercusiones en el posterior desarrollo mental y social de la joven, tras pasar por una situación de esta naturaleza. No hay que olvidar, que alguien de esta edad aún está en pleno desarrollo.
La matrona, experta en temas relacionados a sexualidad adolescente, subraya que cada situación particular debe evaluarse y tratarse también de forma individual.
“Ante una situación de inviabilidad fetal, nos enfrentamos a diversas reacciones y decisiones maternas y familiares. Mi experiencia profesional, reafirma que desde que se realiza el diagnóstico de una patología fetal incompatible con la vida, requiere un buen manejo prenatal, con una atención profesional integral, ya que todas las circunstancias que rodean a una muerte perinatal y neonatal condicionan una mayor o menor adaptación al proceso del duelo, por lo cual es importante garantizar un adecuado apoyo a este proceso por parte del equipo de salud, para que la madre y su familia asuman, entiendan y superen la situación que les afecta”, recalca.
CONSEJERÍA PROFESIONAL
De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Juventud, el año 2010 casi el 50% de adolescentes de 15 a 19 años declaran haber iniciado su vida sexual a los 16 años (hombres) y 17 años (mujeres), edad que en promedio es menor en la Región de La Araucanía. Según un estudio de 2013, validado por el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y las seremis de salud y Educación, el promedio del inicio de la vida sexual en la Novena Región es a los 22 años.
“Estas cifras, sin embargo, no contemplan el motivo de inicio de la actividad sexual, pudiendo haber sido en algunos casos, sin consentimiento, o producto de abusos sexuales. Existe una proporción de jóvenes entre 15 y 19 que reconoce la existencia de violencia sexual, no obstante, es complejo precisar una cifra concreta”, esboza la profesional.
Por lo mismo, una educación integral de niños, niñas y adolescentes como un proceso formativo continuo, permanente y participativo, constituye una estrategia preventiva que debe fortalecerse en forma conjunta, con todos los actores sociales.
Finalmente, y referente a la idea que busca legalizar el aborto en casos de violación, inviabilidad del feto y riesgo vital de la madre, Maritza Escobar opina que bajo estas tres situaciones, la despenalización del aborto podrían significar un avance legislativo en materia de salud sexual y reproductiva en la medida que este respaldo legal sea responsablemente aplicado, considerando la evaluación médica y en particular la decisión de la mujer afectada, previa información y consejería profesional pertinente.
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