El convenio –firmado por el Contralor y el Director (s) del IPS, José Miguel Lagos- integra a Contraloría y Ciudadano en la mencionada red de atención del Estado, que ofrece a las personas acceso a un conjunto de trámites y beneficios en un solo lugar, acercando los servicios públicos a la comunidad. Busca, fundamentalmente, contribuir al conocimiento y usabilidad que las personas tienen del Portal, reforzando el creciente protagonismo de la sociedad civil en la agenda pública.
El Portal fue lanzado por la CGR el 28 de septiembre de 2012, a fin de que los ciudadanos hagan llegar online sus denuncias y sugerencias de fiscalización, en el marco de las acciones de vinculación de la Contraloría y la sociedad civil. Está disponible en www.contraloria.cl/contraloriayciudadano
En la práctica, el convenio se traducirá en que la plataforma informática estará presente en los módulos de autoatención que ChileAtiende tiene en un número importante de sus oficinas. Además, los funcionarios de las 200 sucursales de la red ChileAtiende orientarán a los usuarios para que utilicen esta herramienta online, siempre y cuando los temas sean de competencia de la Contraloría General de la República, es decir, que involucren a servicios públicos centralizados y descentralizados y/o municipalidades. Las consultas telefónicas serán atendidas por el call center de ChileAtiende (101) y derivadas a un número especialmente creado en la CGR para atender a los usuarios (24025810).
ChileAtiende responde a un trabajo conjunto de los Ministerios Secretaría General de la Presidencia y del Trabajo y Previsión Social; y el Instituto de Previsión Social (IPS).
Concebida como una iniciativa para fortalecer la participación ciudadana en la fiscalización, el Portal Contraloría y Ciudadano totaliza 3.142 solicitudes, de las cuales 2.751 corresponden a denuncias y 391 a sugerencias de fiscalización (cifra al 31 de diciembre de 2013).
De ellas, un 46% corresponde al ámbito municipal; un 26,4% a servicios descentralizados (ministerios, intendencias, entre otros); un 19,5% a servicios centralizados o fiscales (de salud, vivienda, universidades estatales, entre otros); y un 5% a otras entidades (corporaciones de derecho privado y sociedades del Estado).
De los aportes ciudadanos ingresados, un 56,7% ha sido incorporado a labores de fiscalización.
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