Todo con la finalidad de otorgar una oportunidad de tratamiento a una población que ha cometido algún delito asociado al consumo problemático de drogas, contribuyendo a la disminución de la reincidencia delictiva y rehabilitación del consumo de drogas.
En el marco del trabajo realizado por la Mesa Regional de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), se firmó el protocolo de acuerdo que define un catálogo de 21 delitos en virtud de los cuales un imputado puede optar a la suspensión condicional de su procedimiento penal, para someterse así a un tratamiento de rehabilitación por dependencia de drogas.
Este importante documento que fue firmado en dependencias de la Corte de Apelaciones de Temuco, fue suscrito por el Seremi de Justicia de la Región de La Araucanía, Luis Felipe Romero Medina, la Presidente de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, María Elena Llanos Morales, el Fiscal Regional (s) de La Araucanía, Alberto Chiffelle y la Defensora Regional, Bárbara Katz.
Recordemos que permitirá, que un mayor número de infractores, no reincidentes, pueda optar a un programa de rehabilitación de su adicción a las drogas, en vez de cumplir tiempo en la cárcel.
En este sentido, el Seremi de Justicia de la región de La Araucanía, Luis Felipe Romero, señaló “un importante convenio que se ha firmado entre las distintas autoridades, ya que recordemos que gran parte de las personas que cometen delitos lo hacen bajo la influencia de las drogas, por esta razón que someter a estas personas a un tratamiento obligatorio, permitirá de manera eficaz que se rehabilite. Esperando con ello bajar las tasas de delincuencia ya que se les entregarán las herramientas necesarias para que puedan ser reinsertados en la sociedad. Todo con la finalidad de no contagiarlos criminológicamente al interior de las unidades penales”.
Mientras que para la Presidenta de la Corte de Apelaciones de Temuco, María Elena Llanos, señaló: “al principio el catálogo era bien restringido, y con la firma que hemos efectuado hoy nos da la posibilidad que las personas que no están tan contagiadas con las drogas puedan rehabilitarse y así puedan integrarse a la comunidad más favorablemente, una vez superado el periodo de observación”.
Por su parte, la Defensora Regional Bárbara Katz argumentó: “Como Defensoría nos hemos preocupamos que fuera lo más amplio posible, de manera de considerar delitos más graves. El TTD es un mecanismo efectivo de reinserción social, según la experiencia que han tenido en otras regiones, por lo que, consideramos favorable su ampliación, de esta manera más personas imputadas y representadas por la Defensoría Penal Pública van a tener acceso a esta salida judicial”.
Catálogo de delitos
Respecto de los delitos que conformarán el catálogo, se acordó que serán los siguientes, Robo por sorpresa; Robo en lugar no habitado; Robo en bienes nacionales de uso público; Hurto simple; Lesiones menos graves; Daños simples; Violación de morada; Porte de arma blanca; Amenazas; Maltrato Habitual; Microtráfico Art. 4 Ley 20.000 Faltas Penales; Receptación; “Cultivo o cosecha de especies vegetales del genero cannabis u otras Art. 8 de la Ley 20.000”, Desacato en contexto de Violencia Intrafamiliar, Desordenes públicos; Manejo en estado de ebriedad; Delitos contra propiedad intelectual; Delitos de la ley de violencia en los estadios y Robo en lugar habitado.
Finalmente, cabe señalar, para que un imputado pueda optar al programa debe cumplir con ciertas condiciones: ausencia de condenas previas (está orientado a primerizos); estar acusado de un delito que no tenga una pena superior a 3 años; haber cometido ese delito en el marco de un consumo abusivo de drogas, tener la voluntad de someterse a una rehabilitación de mínimo un año y máximo tres. Si el programa finaliza exitosamente el caso se sobresee de manera definitiva; de lo contrario, si el infractor no cumple o es formalizado por un nuevo delito, se revoca la suspensión condicional del procedimiento y vuelve a la tramitación normal.
En esta iniciativa participa el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Servicio Nacional de Menores, Gendarmería y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)