Transcurrido un año del cobarde asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, y luego de este hecho criminal, los actos de violencia en la Región de La Araucanía no han cesado. En concreto lo que ha ocurrido es que el Estado de Chile no ha sido capaz de garantizar la seguridad en la región, con independencia de quien detente el Gobierno.
Y esto tiene múltiples responsabilidades. Desde luego, y la más relevante, es la falta de resultados en la gran mayoría de los casos por parte de las investigaciones que han llevado adelante las policías, los fiscales y, simultáneamente, los jueces también tienen una gran responsabilidad por los numerosos casos en que han dejado libre a personas respecto de los cuales se habían acompañado antecedentes y pruebas que justificaban y probaban su participación en los delitos, debiendo ser condenados.
Más allá de todos los esfuerzos que ha hecho el Gobierno, en términos de aumentar el personal policial, dotar de los medios materiales necesarios para que las policías y los fiscales puedan tener éxito en sus investigaciones, el dato concreto es que gran parte de los casos han terminado sin responsables en la comisión de estos delitos.
Desde el punto de vista legislativo hay cuatro proyectos que tienen gran importancia para fortalecer la labor de policías, fiscales y jueces, y de esa forma obtener mejores resultados en las investigaciones que se llevan adelante por estos hechos.
Dichos proyectos de ley actualmente se encuentran en tramitación en el Senado, y por lo tanto el Gobierno puede y debe darles suma urgencia, priorizándolos frente a otras iniciativas legales.
Estas iniciativas legales son:
1.- Proyecto de ley denominado “Reforma de la Reforma” que está siendo discutido en la Comisión de Constitución del Senado y que tiene por objeto fortalecer las facultades de las policías y los fiscales para que cuenten con más instrumentos y herramientas que les permitan realizar buenas investigaciones, descubrir a los autores de estos delitos y contar con pruebas suficientes para condenarlos.
2.- Proyecto de Control Preventivo de Identidad, este es un proyecto de enorme importancia porque otorga facultades a las policías para que en lugares donde exista ocurrencia permanente de hechos delictuales y de delitos violentos puedan proceder al control preventivo de identidad de las personas que circulan por esos sectores aun cuando no hubiera indicios de que hubiese participado en un delito específico.
Esta es una norma que existe en la gran mayoría de los países que han tenido éxito en la lucha contra la delincuencia. Es urgente que el Senado, que lo votará en general a contar del próximo martes 7 de enero, lo apruebe porque es un instrumento que las propias policías han solicitado reiteradamente, con argumentos técnicos y cifras reales, que al no contar con ello, dificulta la labor preventiva para poder lograr que delincuentes que están circulando o deambulando con el propósito de planificar sus delitos puedan ser controlados debidamente. Todo esto sin afectar bajo ninguna circunstancia la libertad de las personas.
3.- Aquel que modifica el Código Procesal Penal para evitar la dilación injustificada de las audiencias en el juicio penal.
Este proyecto busca evitar que se extienda la persecución de delitos, debido a hechos o solicitudes provenientes de la defensa de los imputados, o bien de los imputados de manera directa, que injustamente busquen alargar los procesos, como por ejemplo el nombramiento de un abogado particular en último momento. Estas son dilaciones injustificadas y premeditadas, como ha ocurrido en el caso del asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay, en el que ha transcurrido más de un año en que el juicio ha sido permanentemente postergado por subterfugios que impiden que se administre justicia, hace que muchos testigos se desistan de declarar e impide contar con pruebas relevantes para condenar a los inculpados.
4.- Y el cuarto proyecto de ley, es uno que sustituye el tipo penal del delito de extorsión establecido en el artículo 438 del Código Penal.
Esta propuesta busca modernizar en nuestra legislación la figura de la extorsión, sancionando a quienes amenacen, solicitando a cambio cualquier tipo disposición patrimonial, sea dinero, especies, productos, entre otros, que implique una pérdida o disminución en el patrimonio de la persona afectada por el temor o la violencia ejercida.
Esto ha afectado directamente a los agricultores de la Araucanía, quienes han sido objeto de requerimientos y amenazas, que han limitado el transporte y la comercialización de sus productos, paralizando en muchos casos sus labores.
Estas cuatro iniciativas legales el Ejecutivo debe darles suma urgencia, ya que se tratan de medidas concretas, precisas, que buscan dotar a la Fiscalía, a la policía y jueces las facultades y atribuciones necesarias para condenar a quienes cometen actos de violencia como ha ocurrido en la Región de La Araucanía.
Por último señalar que los parlamentarios de la Concertación han votado sistemáticamente en contra de las dos primeras iniciativas mencionadas, y por lo tanto, creo que es fundamental que se pronuncien si van a apoyar estas iniciativas legales o no porque una cosa es lamentar permanentemente los hechos de violencia y otra cosa es tomar medidas concretas con el propósito de lograr que estos hechos puedan ser debidamente investigada y los culpables sancionados drásticamente por la ley.
No se saca nada con hacer declaraciones públicas condenando la violencia, pero simultáneamente oponerse a entregar las herramientas y los instrumentos a las policías y a los fiscales para que puedan investigar estos hechos y tener éxito, atrapando a los delincuentes y condenarlos.
Creo que las próximas semanas en el Congreso serán decisivas para que cada cual se haga responsable de sus propias acciones y votaciones, de tal manera de saber quiénes estamos por enfrentar con mano dura a estos delincuentes cobardes y quiénes se quedan sólo en las palabras y después se las lleva el viento.
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