El Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 2015, en específico en educación superior, anunció la meta de: “… alcanzar la gratuidad para el 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables de Chile al fin de mi período, a partir de 2016 aseguraremos que el 60 por ciento más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica, a Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Esto beneficiará a casi 264 mil jóvenes”.
Este anuncio despierta múltiples incertidumbres. Entre éstas, en primer lugar, el 60% de gratuidad en 2016, a la luz de las condiciones actuales, no permite asegurar que llegará al 60% de la población vulnerable ya que sólo se aplicará en instituciones del CRUCH o CFT/IP sin fines de lucro y acreditados. Cabe mencionar que una gran proporción del 60% más vulnerable estudian en instituciones acreditadas con fines de lucro. Es posible augurar que en ese escenario serán sectores menos vulnerables que capturen parte importante de esos recursos
En segundo lugar, ¿cómo clarificar si los estudiantes beneficiados están o estarán matriculados en carreras técnicas (3 años), profesionales (4 años) o universitarias (5 años) y si son estudiantes antiguos o nuevos ¿Convivirán alumnos con gratuidad con alumnos con crédito?
En tercer lugar, una de las certezas es que esta meta ocasionará un efecto discriminador a favor de las universidades del Estado que presentan muy deteriorada su matrícula en pregrado.
En cuarto lugar, ¿cómo evitar que sean afectados los estudiantes vulnerables que estudian o elijan estudiar en centros de formación técnica, institutos profesionales o Universidades, aun cuando estos establecimientos estén acreditados y no cumplan los requisitos adicionales que nada tienen que ver con la calidad?
En quinto lugar, ¿qué pasará con los 5 CFT y 1 IP vinculados a Universidades Estatales, establecidos como S.A. y sólo uno acreditado?
A modo de reflexión, la cuestionada reforma educacional nos dejó la certeza que el gobierno presenta una fuerte animadversión al rol de los privados y ahora muestra la clara discriminación, no hacia la calidad sino a la propiedad.
Nabor Carrillo Estefa
Economista, Santo Tomás
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