El proyecto busca que se establezcan plazos acotados, regula y sanciona el incumplimiento,garantiza el derecho a la aplicación de intereses por morosidad, y se definen como cláusulas abusivas cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en la ley, además de incorporar el derecho a indemnización.
A pasos agigantados avanza en la Comisión de Economía, la tramitación y discusión del proyecto de ley del senador Eugenio Tuma, que busca garantizar el pronto pago de productos y servicios efectuados por micro y pequeñas empresas, y que establece 30 días como plazo general y el pago de intereses por períodos superiores.
Durante la Comisión de Economía, no sólo los senadores integrantes manifestaron su apoyo a la moción, sino que también los dirigentes de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme) y de la Confederación Nacional Unida de la Micro, Pequeña y Mediana Industria, Artesanado y Servicios (Conupia), quienes asistieron a entregar su postura y a exponer su realidad como emprendedores.
“El proyecto viene a hacer eco de una gran necesidad que los micro, pequeños y medianos emprendedores tenemos en Chile, dado que los pagos muchas veces los realizan a 180 días, situación que sin duda es un abuso de los proveedores que utilizan como crédito el capital de trabajo de las pequeñas empresas”, expusieron los emprendedores ante los senadores integrantes de la Comisión de Economía.
El proyecto
El integrante de las comisiones de Economía y Hacienda, dijo que este plazo máximo de 30 días para cancelar estipulado en el proyecto, podrá ser extensible hasta los 45 días, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes.
“A contar del día 45 se comenzarán a cobrar intereses a las empresas que no cumplan con lo pactado, cuya finalidad es acelerar la cancelación, ya que no es posible que las grandes compañías operen con el capital de trabajo de las micro y pequeñas”, aseguró Tuma Zedán.
Si las grandes empresas no pagan en el plazo convenido tendrán que cancelar el interés máximo convencional, porque es el costo del dinero que las pequeñas empresas deben cancelar al sistema financiero para seguir operando mientras les pagan sus productos o servicios.
Estamos incorporando, añadió Tuma, normas aplicadas en diversos países como Gran Bretaña y España, dado que “estamos muy atrasados en la protección de las empresas más pequeñas y favorecer mayor competencia en el mercado”, recalcó el parlamentario de La Araucanía.
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