Esto, tras la solicitud de un grupo de parlamentarios de la instancia de visitar a Peralino y a la machi Francisca Linconao.
Pendiente para el próximo 20 de julio quedó la votación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, luego que se determinara sesionar la primera semana de agosto en Temuco y se solicitara visitar la residencia de José Manuel Peralino, uno de los comuneros imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay el 2013, quien se encuentra con medida cautelar de arresto domiciliario completo.
Esta decisión fue tomada por los miembros de la instancia legislativa, tras la presentación que hicieran un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional para que el secretario general de la Cámara Baja, Miguel Landeros y la Comisión de Ética de la corporación, se pronuncien sobre la petición.
Así lo dieron a conocer los Diputados Diego Paulsen y Germán Becker, ambos legisladores de La Araucanía, tras finalizada la sesión de la Comisión de DDHH.
Al respecto, Paulsen señaló que “a raíz de la presentación que hicimos a la Comisión de Ética y al secretario general de la Cámara, hubo una respuesta verbal donde se señala expresamente que no recomiendan ir, que la comisión no tendría las facultades de hacerlo”.
Similar respuesta entregó Becker precisando que “la secretaría de la comisión nos ha informado verbalmente -y lo hará pronto por escrito- que la Mesa de la Cámara estima que la Comisión no puede constituirse en la vivienda privada de una persona que cuente con una medida cautelar”.
Asimismo, Paulsen manifestó que ahora están a la espera del documento escrito. “El diputado Hugo Gutiérrez pidió que llegara el informe para tomar una decisión, pero de igual manera se irá a sesionar el 1 de agosto a Temuco donde escucharemos a víctimas de los ataques en la región”.
A su vez, Becker apuntó a que esperan “que la Comisión no insista en la visita del señor Peralino y que se centre en hacer la reunión programada con víctimas de terrorismo y también con quienes estimen conveniente”.
Cabe precisar que la carta -firmada por los cinco diputados RN en La Araucanía, quienes rechazan que la Comisión de Derechos Humanos sesione en el inmueble de Peralino- advierte entre sus argumentos que “constituye no solo una impropiedad desde el punto de vista de la interferencia en una investigación judicial, sino también un mal uso de los recursos públicos por lo que supone el traslado de la comisión con este fin particular”.
Asimismo, en la misiva los parlamentarios consideran que “no parece conveniente que las comisiones de la Cámara de Diputados se presten para estrategias procesales o maniobras de conglomerados políticos que una vez más parecen avalar la violencia política. Las denuncias del señor Peralino ya están en conocimiento de los tribunales de justicia, y por tanto la Fiscalía tiene el deber de investigarlas con objetividad, como en todo Estado de Derecho”.
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