Amnistía Internacional manifestó hoy su consternación ante la información de prensa sobre dos casos de niñas, de 11 y 12 años, que fueron violadas por hombres adultos de su círculo cercano y que presentan embarazos avanzados.
Una vez más se hace evidente que el Estado ha fallado en dar protección a las niñas en Chile, especialmente cuando son víctimas de violencia sexual. Ahora que ya fracasó en proteger a estas niñas, el Estado chileno es responsable de otorgarles todo el apoyo necesario mientras lidian con las horrendas consecuencias físicas y sicológicas de haber sido violadas y haber quedado embarazadas como resultado.
Existe acuerdo entre los expertos de que un embarazo presenta riesgos específicos y consecuencias potencialmente de largo plazo para la salud física y mental de las niñas. Amnistía Internacional llama al gobierno chileno a cumplir con sus obligaciones internacionales de asegurar que las niñas en esta situación tengan acceso a todo el apoyo médico, sicológico y legal que necesitan y al cual tienen derecho, incluyendo las necesidades especiales que tienen al ser niñas, dando prioridad a su vida y su salud.
Asimismo, Amnistía Internacional llama al Estado de Chile a avanzar con celeridad en la aprobación del proyecto de ley para regular el aborto en tres causales, de manera de asegurar que niñas en situaciones como los casos conocidos en estos días, tengan verdaderamente todas las opciones y servicios disponibles para afrontar las consecuencias de la violencia sexual vivida, incluyendo la posibilidad de interrumpir el embarazo si así lo consideran necesario.
Dicho proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados incluye la posibilidad de optar por la interrupción del embarazo en caso de violación, pero limitado a las primeras 12 semanas de gestación y 14 semanas tratándose de menores de 14 años. Un plazo tan breve, sobre todo tratándose de niñas víctimas de violencia sexual sistemática y con frecuencia dentro de su entorno cercano, puede implicar en la práctica una barrera de acceso que impone a una niña una maternidad forzada. Este punto tan relevante debe ser corregido en la Cámara del Senado para dar real protección a los derechos humanos de las niñas y mujeres chilenas.
Información adicional
La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el embarazo en adolescentes representa un peligro para sus vidas y que el riesgo de muerte materna es cuatro veces más alto en adolescentes menores de 16 años que en mujeres de más de 20.
El Estado debe asegurar a todas las víctimas de violación tener la opción de servicios seguros, accesibles y legales de aborto, y que las decisiones acerca de continuar o terminar el embarazo sean adoptadas sin coerción y dando prioridad a la vida o salud de la niña.
Los Comités de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, sobre la Tortura, sobre la Violencia contra las Mujeres y la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones expertas, insisten en que se debe ofrecer apoyo continuo a todas las víctimas de violación, para superar el impacto físico y sicológico de su situación, a la medida de sus necesidades particulares, e incluyendo si continuarán o no con el embarazo que resulte de la violación.
Mientras los expertos concuerdan en que el profundo daño causado por la violación y la violencia sexual nunca pueden ser enteramente reparados, estos servicios son esenciales para mitigar las consecuencias.
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