Los bienes destinados por el Fisco a las Fuerzas Armadas deberán ser empleados exclusivamente en el objeto para el cual se solicitaron, de lo contrario deben volver al Estado”, aseguró el parlamentario de La Araucanía.
Con el objetivo de que el Ministerio de Bienes Nacionales ejecute el dictamen de Contraloría, que prohíbe al Ejército de Chile vender un terreno en 790 millones de pesos emplazado en una zona estratégica de la comuna de Victoria, el senador, Eugenio Tuma, se reunió con el titular de la cartera, Víctor Osorio.
“Valoramos el dictamen de la Contraloría General de La República y destacamos también la importante labor que ha efectuado Bienes Nacionales en este proceso, que sin duda marca un precedente a nivel nacional”, aseguró el congresista PPD de La Araucanía.
Tuma además aseguró que este dictamen es un respaldo para la gestión del Ministerio de Bienes Nacionales que debe resguardar el patrimonio fiscal, que ahora por mandato del órgano contralor, debe fiscalizar dicha destinación.
“La intención de enajenar el inmueble por parte del Ejército es una muestra palpable de la prescindencia que le otorgó la institución a dicho terreno, por lo tanto lo que corresponde es poner término a la destinación y su restitución al Fisco, para el beneficio de la comunidad de Victoria y La Araucanía en general”, explicó Tuma Zedán.
El dictamen firmado por el Contralor General de la República, establece que “el servicio en cuyo beneficio se hace una destinación tiene la obligación de emplear el bien exclusivamente en el objeto para el cual se solicitó, y si por cualquier motivo dejare de utilizarse en dicho fin, debe ponerlo de inmediato a disposición de la mencionada Secretaría de Estado para su debida administración”.
Es clave destacar también que Tuma ofició a los ministros de Bienes Nacionales y Defensa, que se informen detalladamente los antecedentes de todas las enajenaciones de inmuebles realizadas por alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas.
“No puede ser que los bienes fiscales que son prescindibles terminen en operaciones inmobiliarias y, lo que es peor, que obstruyan la ejecución de proyectos sociales, como lo recién ocurrido en la comuna de Victoria”, acuñó el legislador PPD.
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