Superintendencia invita a casas de estudios a entregar asesoría gratuita para deudores

La entrada en vigencia de la Ley N.° 20.720, sobre Reorganización y Liquidación de Activos, facilitó el acceso de miles de nuevos usuarios al sistema concursal chileno mediante la creación de nuevos procedimientos especialmente diseñados para empresas y para personas. Eco de ello es el hecho que, a la fecha, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento- SIR registra cerca de cuarenta mil atenciones a nivel nacional.

En línea con lo anterior, y principalmente debido al aumento exponencial de atenciones, “hemos podido notar que muchas veces los ciudadanos requieren una asesoría especial más específica y personalizada –muchas veces, abarcando materias que van más allá del aspecto concursal- de la que nosotros como institución estamos imposibilitados para brindarles”, expresó la Coordinadora Regional de la SIR, Teresa Valderas Igor.

En tal sentido, y con el objeto de perfeccionar su sistema de atención de público, la SIR a suscrito una serie de convenios de cooperación, tanto con la Corporación de Asistencia Judicial como con facultades de derecho de distintas universidades del país, los que permitirán derivar causas administrativas y judiciales de personas que requieran asistencia jurídica gratuita en los procedimientos contenidos en la Ley N.° 20.720 de Insolvencia y Reemprendimiento.

“Se trata de un gran apoyo no solo para nuestros usuarios, sino también para nuestra institución, porque de esta forma podremos brindar, en conjunto con aquellas, una atención integral a quienes lo requieran” puntualizó la profesional.

Cabe destacar que los convenios suscritos ya están rindiendo frutos y los ciudadanos han recibido una asesoría especializada y gratuita no solo respecto de su situación de insolvencia, sino que también en materias de familia, civil y laboral.

Finalmente, la Coordinadora de la SIR invitó a las casas de estudios a sumarse a este trabajo de cooperación mutua, “donde podamos contribuir como institución en la formación integral de abogados, a través del contacto con la realidad práctica del Derecho, brindando un servicio a la ciudadanía que permita el acceso a la justicia”.