Con un marcado enfoque en la reinserción social de las personas privadas de libertad, se llevó a cabo la segunda edición del “Taller de Gestión Penitenciaria en las Américas”, organizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Gendarmería de Chile.
Durante tres jornadas, autoridades y expertos de 14 países de América Latina intercambiaron experiencias, contrastaron políticas públicas y conocieron el sistema penal chileno, destacando los énfasis del país anfitrión en materia de intervención para la resocialización de los condenados.
El Director Nacional de Gendarmería de Chile, Jaime Rojas Flores, explicó que “el sistema penitenciario chileno se encuentra en un punto clave de desarrollo y perfeccionamiento, donde entendemos que custodia y reinserción son indisolubles. Estudios internacionales indican que los regímenes carcelarios encaminados a la rehabilitación tienen menos problemas de seguridad y desórdenes a nivel penitenciario, además de un impacto positivo en la sociedad a través de la disminución de la reincidencia delictual”.
Para el Coordinador de Operaciones de Américas del Comité Internacional de la Cruz Roja, Martín De Boer, “es muy importante generar un espacio de diálogo e intercambio de buenas prácticas entre los servicios penitenciarios en Latinoamérica. De esta forma contribuimos a que las políticas públicas en la región atiendan esencialmente a las necesidades de los detenidos, entre ellas, construir sistemas con perfiles más humanitarios y dar respuestas a la sobrepoblación en las cárceles”.
Los participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela, visitaron el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, donde conocieron de cerca la forma en la que Gendarmería de Chile entrega educación, trabajo, deporte y recreación a las personas privadas de libertad.
Entre los temas abordados en el taller estuvo: sobrepoblación en las cárceles de Latinoamérica; gestión penitenciaria con un enfoque de derechos humanos; gestión estructural de los sistemas penitenciarios; y trato de personas vulnerables con enfoque diferenciado, esto último considerado como prioritario para todos los servicios penitenciarios de la región.
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