Según datos entregados por Carabineros, durante los años 2015 y 2016 en La Araucanía se han registrado 132 casos de robo de cables de cobre utilizados para la conducción de energía eléctrica. Una cifra no menor, ya que ubica a La Araucanía como la 2da región del país (después del Biobío) con el mayor índice de este delito.
Preocupados por esta situación, la cual involucra un desgaste de recursos por parte del Estado y privados, es que la Intendencia, las policías y actores del mundo público y privado conformaron la Mesa de Prevención del Delito de Robo de Cables de Cobre.
En este contexto el Intendente de La Araucanía, Miguel Hernández, afirmó que el objetivo de esta nueva coordinación público–privada es prevenir el robo de cables conductores de electricidad. “En esta instancia de trabajo participan diferentes organismos de Gobierno, las policías, las empresas distribuidoras de electricidad, representantes de organizaciones sociales, entre otros, y la idea es detener el daño que afecta a tanta gente, sobretodo del mundo rural de nuestra región. Por lo tanto, esta Mesa viene a dar respuesta a una sentida aspiración ciudadana, y de hecho ya estamos teniendo buenos resultados”, aseguró el Jefe Regional. El intendente indicó que durante el último tiempo, el daño se ha cuantificado en la pérdida de más de 173 mil metros de cable de cobre.
Por su parte, el Seremi de Energía Aldo Alcayaga, complementado lo dicho por el Intendente, sostuvo que incluso ya hay personas detenidas. “Los buenos resultados se han dado puesto que hemos compartido información operativa con Carabinero, la Policía de Investigaciones y la ciudadanía. Este es un delito que se ha intensificado durante los últimos años, por lo tanto nosotros debemos compartir la información estratégica. Ese es uno de los objetivos de estar constituidos hoy”, puntualizó Alcayaga.
En la reunión, donde se conformó esta Mesa, participaron representantes del Ministerio Público, SII, Aduanas Chile, Seremi de Energía, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Carabineros, PDI, Empresas de Transmisión y Distribución, entre otras, todos dispuestos a frenar este delito que amenaza a los sectores rurales.
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