Esta época de elecciones, es la más adecuada para pensar en soluciones sostenibles a problemas de verdad, justamente porque la tentación de las soluciones populistas florece ahora.
Todos los candidatos a la Presidencia han esbozado sus propuestas para mejorar las pensiones en Chile. El propio gobierno ingresó a la cámara tres proyectos que apuntan a mejorarlas.
No sé de la existencia de una propuesta concreta de la Asociación de AFP. Solo un tibio mea culpa de Andrés Santa Cruz, actual presidente del gremio, reconociendo que no fueron proactivos en anticiparse a sugerir las reformas que pudieron haber mejorado las pensiones muchos años antes de que el movimiento No+AFP movilizara a la opinión pública, al punto de hacer prevalecer la política de “ni un peso más a las AFP” en el propio gobierno.
Las propuestas de Beatriz Sánchez (que recoge la de No+AFP), el proyecto de ley del gobierno y la de Sebastián Piñera, coinciden en el diagnóstico: “las pensiones son bajas”, en que hay que “subir la contribución individual por trabajador” y en que el “financiamiento de las pensiones debe ser mixto”
Y, hasta ahí, pare de contar, el resto es todo discrepancia.
Creo que el análisis debe hacerse desde lo más general a lo más particular, según mi criterio, en el siguiente orden:
Financiamiento mixto.
¿Cuál es el correcto equilibrio entre esfuerzo individual y esfuerzo colectivo?
En un mercado laboral ideal, con remuneraciones de mercado, con pleno empleo, sin trabajo informal, ni subcotizaciones, donde los empleadores enteran correcta y puntualmente las cotizaciones y los independientes cotizan por igual, podríamos prescindir totalmente de cualquier subsidio del estado. En estas condiciones las pensiones se autofinanciarían perfectamente, sin necesidad de reformas.
Parece ser el supuesto utilizado por los creadores del sistema de AFP, justamente la raíz el error, que hace que la promesa de tasas de reemplazo del 70% no se haya cumplido.
No podemos cometer el mismo error dos veces. Tenemos que idear un sistema de subsidios que asegure pensiones adecuadas a todos los trabajadores, pero que a la vez tenga un fuerte incentivo al trabajo formal y al ahorro individual.
Las pensiones deberían autofinanciarse en el mayor porcentaje posible por el simple hecho de que los recursos del estado son siempre limitados, igual que los de una empresa, una familia y un individuo.
Subsidios proporcionales a la densidad de las cotizaciones.
Para que los subsidios no desincentiven el esfuerzo personal, el acceso a estos debería ser siempre proporcional a la densidad de las cotizaciones durante la vida previsional del trabajador.
De otra manera, se incentiva preferir el trabajo informal, un mayor sueldo líquido, sin pago de cotizaciones ni impuestos, porque al final del camino se accede a una pensión mínima garantizada, independiente del esfuerzo personal.
Me atrevo a aventurar que con este sistema se podría fijar la pensión mínima garantizada en términos de una tasa de reemplazo, calculada sobre el promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años. Es decir, una variable de la política sería esta tasa de reemplazo garantizada, que se ponderaría por la densidad de cotizaciones de cada trabajador.
Distinto es el caso de la pensión básica solidaria que representa el piso para aquellos trabajadores que jamás cotizaron en el sistema y que, a mi juicio, debe seguir existiendo.
Mejoras al cálculo de las pensiones.
Las pensiones se recalculan todos los años según su saldo, su expectativa de vida y una tasa de rentabilidad esperada.
Seguro de longevidad.
Un defecto grave de la forma en que se calculan hoy las pensiones, es que estas disminuyen año a año, por el aumento de las expectativas de vida.
Esto se puede evitar suponiendo una cantidad de años de sobrevida (CAS), por sobre la expectativa de vida al nacer) para que la pensión calculada cubra con una renta fija en UF hasta dicha edad. Quiénes la sobrevivan agotarían su saldo y tendrían derecho a la pensión mínima garantizada. El costo de esta medida es ínfimo si se utiliza un CAS de 15 años, es decir, si se financia a las mujeres hasta los 98 años y a los hombres hasta los 94. Como contrapartida el resto de las pensiones se estabiliza automáticamente.
Esta idea no es mía, sino propuesta por el proyecto del gobierno, pero solo para las pensiones más bajas.
Libertad de elección de multifondo.
Las restricciones etáreas y a los pensionados de elegir libremente un multifondo es un inaceptable derroche de recursos. Las restricciones actuales impiden disfrutar de las altas rentabilidades de los fondos de mayor riesgo, en promedio, durante la segunda mitad de nuestra vida previsional, justo cuando tenemos un mayor fondo acumulado.
Al margen de las consideraciones relativas a un eventual atropello al derecho de propiedad y a la libre competencia de los afiliados en su calidad de inversionistas, el proyecto del gobierno propone, no solo no derogar, sino ¡aumentar las restricciones en 10 años y disminuir la velocidad de reacción del trabajador que se quiere cambiar del fondo más riesgoso al más conservador, y viceversa, a casi dos meses!
Nos parece que es de un paternalismo inaceptable. Quedaríamos en manos del criterio del gobierno de turno para decirnos cuándo y cuánto riesgo tomar con nuestros ahorros. Mañana podría llegar al poder un grupo que le interesara que el máximo de nuestros fondos de pensiones se fueran a activos más riesgosos y encontrar la forma de obligarnos a aquello, tal como la restricción que intenta pasar el ejecutivo nos obliga a ser mucho más conservadores.
El multifondo ha tenido la virtud de hacer tangible la propiedad sobre nuestros fondos. Hay quiénes cuestionaban que dicha propiedad fuera real, ya que no había posibilidad hacer nada con dichos fondos ni usufructo inmediato. Desde que existe el multifondo se ha generado un derecho de los trabajadores a decidir cuándo y cuánto riesgo tomar. Una verdadera democratización de las inversiones. ¿Les quita poder a las administradoras? Si, por supuesto.
Pequeñas diferencias en la rentabilidad, producen diferencias exponenciales en las pensiones. Todas las demás variables, tienen efectos lineales.
Nuestra propuesta es derogar todas las restricciones al respecto. El fondo no deja de rentar si Ud. deja de aportar.
Utilización de tasas estimadas de rentabilidad más realistas
Uno de los elementos clave para determinar el monto de una pensión, es la tasa estimada de rentabilidad.
Curiosamente la tasa que se utiliza actualmente (2,94%) es menor que la rentabilidad promedio del fondo E más conservador (3,74%), lo que hace que paguemos pensiones un 10 a 12% menores que las que se podrían pagar asumiendo el riesgo mínimo.
Los únicos beneficiados con ello, son las compañías de seguros que compiten ofreciendo rentas vitalicias menores.
Nuestra propuesta es utilizar la tasa de rentabilidad promedio anual del fondo más conservador. Aumentaría de inmediato las pensiones de los hombres en 10% y las de las mujeres en 12%, sin costo para el estado.
Aumento de la contribución.
Unos de los tres aspectos en que hay acuerdo unánime.
Siempre el aporte es del trabajador.
Varias de las propuestas separan la contribución entre trabajador y empleador. Sinceramente creo que esto es un mal disfraz.
En Chile las remuneraciones se negocian, al momento de contratar a una persona, de acuerdo a las pretensiones de sueldo líquido. Todo es de costo del empleador.
Es cierto, sin embargo, que si aumenta el aporte, hay que tomar una medida transitoria para que la medida no afecte las remuneraciones líquidas actualmente percibidas por los trabajadores, por ejemplo aumentando el sueldo base en la proporción necesaria para que, cubra el aumento del aporte sin afectar su sueldo líquido. Es más transparente sincerar que se trata de un aumento de la remuneración bruta, con todos los beneficios que importa para el trabajador.
Cualquier aumento de la tasa de contribución, sube directamente en la misma proporción las pensiones estimadas, suponiendo que el resto de las variables se mantienen estables.
Por ejemplo, un aumento de la contribución del 10 al 15%, debería aumentar en un 50% las pensiones.
Efectos en el desempleo.
Es muy difícil estimar con certeza el efecto que podría tener un alza del costo laboral entre un 4,68% y un 9,87% (estimación entre la propuesta de Sebastián Piñera y la de Beatriz Sánchez). Si simultáneamente se sube el tope imponible, el costo empresa de los trabajadores de remuneraciones más altas, más sube.
El gobierno estimó que su propuesta de alza de la cotización de 10% a 15%, que subiría el costo laboral en 5,93% aproximadamente, eliminaría entre 2.000 y 380.000 empleos. Un duro impacto en el peor caso. Es imperativo ver cómo mitigarlo.
Mejorar la competencia entre las AFP.
Por precio.
Las diferencias en las comisiones de las AFP son de 3,6 a 1. Es decir la AFP más cara cobra 3,6 veces la comisión de la más barata, sin embargo los afiliados no se cambian masivamente a la más barata y si no fuera porque la AFP que ganó la licitación de carteras afilia automáticamente a todos los trabajadores nuevos, perdería aún más dinero.
Nuestra propuesta es un simple mecanismo que condiciona la pensión al monto de la comisión.
Ya vimos que un aumento del aporte del trabajador impacta directamente en el monto de su pensión. Si fijamos el descuento previsional en un 15%, podríamos descontar la comisión de la AFP desde este 15%, y la diferencia llevarla al fondo de pensiones del trabajador. Esto produciría un impacto inmediato de aumentar un 10% la pensión estimada del trabajador de la AFP más barata respecto de la del trabajador de la AFP más cara. Por supuesto habría que corregir por una vez las tasas de comisiones actualmente cobradas para:
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Sincerarlas y expresarlas en términos porcentuales sobre el aporte
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Corregirlas una vez, proporcionalmente para que las comisiones se mantengan iguales producto del aumento de la contribución y no se produzca un aumento en las utilidades de las AFP producto de la medida.
Por rentabilidad.
Se dice que la norma que castigaba a la AFP cuya rentabilidad caía bajo el 2% del promedio del sistema, se habría suavizado demasiado. Creo que la sola existencia de una norma como esa induce al efecto manada entre las AFP: las hace invertir en más o menos los mismos instrumentos y ninguna se arriesga a diferenciarse.
Proponemos derogar esta norma. Para asegurar la convergencia de los intereses de las AFP con los de los trabajadores es más que suficiente la existencia del Encaje. Creemos que una vez derogada esta norma, recién comenzaría la verdadera competencia por la rentabilidad.
Por servicio.
La propuesta del gobierno habla, en general, de imponer y exigir estándares de servicio mínimo. Algunas ideas:
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Afiliación vía internet, sobre todo en la AFP ganadora de la licitación (para afiliar voluntariamente a un recién nacido hay que concurrir personalmente y no es fácil).
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Disminución de la cantidad de días entre la solicitud de cambio de fondo y su materialización y del cambio de AFP. No hay razón técnica para que el plazo sea superior a las 24 horas. De hecho, cuando se creó el multifondo el plazo era de un día.
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Disminución de la cantidad de días entre la solicitud de cambio de AFP. No hay razón técnica para que el plazo sea superior a 3 días. El plazo actual, hasta el día 15 del mes siguiente a la firma del traspaso, se mantiene igual desde 1981. Hoy el sistema de traspasos electrónicos cambia la figura totalmente.
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Consulta de la rentabilidad obtenida en línea, habida consideración de los cambios de fondos realizados por el trabajador y comparados con haberse mantenido inmóvil en cualquiera de las alternativas vigentes. Hoy esta información se entrega solo al momento de solicitar un cambio de fondo. No puede ser solicitada a voluntad.
Francisco Doren
Experto en Economía
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