Felipe González
Investigador Universidad Central
El CAE está nuevamente en el ojo del huracán. Esta vez, sin embargo, no por haber financiado el crecimiento desmedido del mercado educativo, ni por las excesivas tasas de interés, la gran carga que llevan muchas familias o el tremendo costo que ha significado para el Estado.
La iniciativa de crear una comisión investigadora apunta a otros hechos que, hasta ahora, no han estado en el debate sobre los créditos estudiantiles. El más importante de todos es que los movimientos sociales —en este caso Deuda Educativa— han tenido que realizar el trabajo que le competía a la clase política y a las instituciones, que es el de velar por los derechos de los endeudados por la educación. Lo han hecho de una manera que ha dejado boquiabiertos a muchos: alzando seis demandas colectivas contra los bancos que han participado en la licitación del CAE, patrocinadas por el abogado y profesor universitario, Belisario Prats, a quien Deuda Educativa encomendó esta tarea. ¿El motivo? Cláusulas abusivas en los contratos del CAE que violan la Ley del Consumidor. ¿El objetivo? Declarar ilegal el pagaré que el banco firmó por el estudiante y, de esta manera, liberar a cientos de miles de la deuda.
La creación de una comisión para investigar las supuestas irregularidades del CAE, impulsada por Camila Rojas y el movimiento Deuda Educativa con apoyo de todos los sectores, es un hito importante para las familias de deudores/as y la ciudadanía en general.
Es un hito para los deudores, porque el CAE está plagado de ‘letras chicas’, propias de un instrumento creado por y para mercados financieros que han hecho la vida imposible a miles de personas que, ante la indiferencia de las autoridades políticas, han debido organizarse con sus propios recursos para demandar justicia.
Es un hito para la ciudadanía, porque el CAE ha tenido un costo fiscal tremendo costeado por todos los chilenos que, en los últimos 2 años, ha representado alrededor del 35% del presupuesto para educación superior del Ministerio. En este sentido, la demanda de los deudores en contra de los bancos no solo es una medida sin precedente en el sistema judicial chileno, sino también una demostración de la incapacidad e incompetencia de las instituciones existentes para hacerse cargo de las asimetrías de poder entre bancos y familias chilenas.
Esto lleva el problema del endeudamiento a otro plano; no el de la discriminación por estar en DICOM, las filas en los bancos para pagar la cuota los días 5 o los llamados incesantes por cobranza. Lo lleva al ámbito de la responsabilidad política y administrativa por una política pública que desbalanceó el poder a favor de bancos e instituciones de educación superior (muchas de las cuales son investigadas por lucro), en detrimento de aquellos que querían estudiar en el país de los bajos salarios y la educación más cara del mundo.
Lo que ha de hacer la comisión investigadora es ponerse del lado de las familias chilenas, esclarecer a la ciudadanía por qué por cada millón de pesos que el fisco compró a los bancos se les entregaron $300.000 pesos adicionales (recarga promedio de alrededor del 30%); cómo se hicieron esas licitaciones; por qué el Sernac no interpuso una demanda contra los bancos cuando se le solicitó; cuáles son las responsabilidades políticas y jurídicas en las cláusulas abusivas; y cómo avanzar para reparar los abusos del ‘Transantiago de la educación superior’, entre muchos otros.
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