Por: Sebastián Álvarez Ramírez
Diputado de la República
Si hay algo que nunca debemos perder, es nuestra capacidad de asombro. Hace algunas semanas anuncié públicamente una solicitud de fiscalización a 13 municipios sobre el tema de la extracción de áridos y sus consecuencias en los ríos de la Araucanía. Sólo bastó eso para que se desatara un verdadero torrente de denuncias, reclamos, llamadas telefónicas y correos aludiendo a este grave problema que amenazaría no sólo con llevarse puentes, sino que afectaría gravemente el frágil equilibrio del medio ambiente de cientos de localidades de norte a sur.
Esto nos ha dejado convencidos de que estamos en la senda correcta, más aún cuando nuestro equipo de abogados nos confirmó que existen vacíos legales sobre el tema y que no existe un cuerpo legal que regule la actividad.
Así de grave está la cosa, y más que perseguir responsables, buscamos que se ordene y se regule una actividad que debilita y deteriora las riberas, lo que junto a las consecuencias del cambio climático, supera inesperadamente todos los limites conocidos. Aumenta la agresividad y caudal de las aguas causando estragos en obras viales, primordiales para la conectividad y desarrollo económico de la cuidad. Permitir que siga quedando gente aislada en esta época del año, no es una opción y sobre todo cuando se han registrado víctimas fatales en lamentables accidentes colaterales.
¿Qué tan grande es la responsabilidad de aquellos que explotan las riberas, sobre la caída de los puentes? ¿En el debilitamiento progresivo de sus cimientos? ¿Quién responde por los accidentes registrados?
Sin duda, esto es sólo la punta del iceberg de un problema cuyas dimensiones estamos dispuestos a develar. La extracción de áridos necesarios para la construcción de diversas obras, especialmente viales, no se detiene. El material pétreo es parte fundamental de las obras y como tal, su extracción debiera ser sometida al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Sin embargo, hoy en día las cuencas de los ríos están en peligro, y las municipalidades reciben un pago de patente que les deja a un lado del problema, irónicamente el mismo que deben enfrentar cuando posteriormente hay accidentes, evacuados y damnificados. ¿Realmente valdrá la pena?
Sacar adelante una ley de Áridos para Chile, es un gran objetivo, es urgente antes de que se la lleve el caudal.
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