Lo anterior, como inmediata respuesta a la reciente aprobación de la Ley que responsabiliza a estas compañías y empresas del cableado en desuso existente en la postación urbana y rural, que hoy afecta no sólo visualmente a las ciudades, sino que de paso da una solución a una problemática que hasta ahora no tenía responsables.
Fue en este contexto que una vez se analizó la entrada en marcha de la Ley que el alcalde puconino en su compromiso irrestricto con el cuidado del medio ambiente y apelando a una idea que él personalmente perseguía hace ya varios años, no dudó en instruir a su equipo de Administración de hacer los oficios y escritos pertinentes, pidiendo a las empresas un plan de trabajo en el corto plazo.
Así, tras el despachó realizado por el Senado hace algunos días, que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones ahora establecerá responsabilidades en las empresas del rubro, las mismas que serán las únicas autorizadas y también mandatadas a la instalación, identificación, modificación, mantención, ordenamiento, traslado y retiro de los cables aéreos o subterráneos.
En su minuto, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, comentó en los diferentes medios de comunicación escrita y radial la medida, señalando que: “Buscamos contribuir a la estética de los entornos, y a descontaminar visualmente los barrios. También buscamos generar espacios públicos más seguros, al evitar que se provoque, por ejemplo, la obstrucción de la correcta iluminación desde los postes en la noche o que se produzcan situaciones de riesgo con lluvias o un volantín”.
Por su parte, el alcalde Barra referido a su decisión explicó que se está en cuenta regresiva con la medida y personalmente a él le preocupa que las empresas no dejen para último minuto las tareas, al menos en Pucón, que por vez primera podría verse completamente distinto con su espacio aéreo más despejado en la próxima temporada estival”, comentó.
Finalmente, cabe destacar que según lo especificado en la misma normativa, todas estas empresas tienen un máximo de 5 meses para realizar las tareas en todas las zonas donde tienen jurisdicción. Y de no hacerlo se expondrán a sanciones de multa que van desde las 100 hasta las 1.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Dineros que además irán en directo beneficio de las arcas municipales.
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