El Presidente de Fundación Ciudad del Niño fue invitado a exponer en una sesión especial del Senado, donde evidenció las situaciones que dificultan la labor que realizan las instituciones de la sociedad civil en este ámbito.
En esta sesión que fue presidida por Adriana Muñoz, Presidenta del Senado, se analizaron los avances de las 94 medidas establecidas en el Acuerdo Nacional por la Infancia adoptado en mayo de 2018.
En su presentación, José Pedro Silva sostuvo que es urgente sacar adelante la ley que crea el Servicio de Protección Especializada a la niñez y adolescencia: “Hoy estamos en la suerte de tierra de nadie en esta materia. En la práctica tenemos una situación grave, porque aparte de la precarización a la cual estamos sometidos para atender a nuestros propios niños, tenemos una gran lista de espera de niños que están siendo hoy vulnerados, maltratados y afectados en sus derechos, quienes no tienen acceso ni siquiera al sistema precario que tenemos hoy en temas de infancia”, afirmó el Presidente de Fundación Ciudad del Niño.
Asimismo, se refirió a la demora en la aplicación de esta ley, indicando que esta realidad está afectando directamente a más de 10 mil niños, niñas y adolescentes que no tienen ni siquiera la posibilidad de optar a una atención y a un soporte proteccional del Estado.
A su vez, transparentó la situación financiera por la que atraviesan las instituciones de la sociedad civil a raíz de las insuficientes subvenciones entregadas por el Estado, razón por la cual éstas deben endeudarse para continuar entregando ayuda y cumpliendo con los estándares y compromisos adquiridos en pro de la niñez. “Hay programas licitados que públicamente estaban previstos para 40 niños y terminan siendo de 120 niños. Ese suplemento que suma más de 10 mil millones, el Estado lo sigue debiendo a las instituciones y todo esto más la lista de espera” afirmó José Pedro Silva.
Fundación Ciudad del Niño lleva más de 86 años ejecutando programas orientados a restituir y proteger los derechos de la niñez en situación de vulnerabilidad, y apoyar a jóvenes en conflicto con la ley en el cumplimiento de sus sanciones judiciales.
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