Estamos a un mes de un hecho histórico: el plebiscito para decidir si la Constitución de Pinochet será reemplazada o no. Ante el inminente triunfo del “apruebo”, buena parte de la discusión ha girado sobre quiénes debieran integrar la Convención Mixta Constitucional (CMC) o Convención Constitucional (CC).
Integrantes de las convenciones constitucionales: partidos versus independientes
Es conocido que los partidos son esenciales para la democracia pues ayudan a aislar a outsiders y políticos amateurs. Estos, usualmente, carecen de habilidades de negociación, no responden bien en escenarios exigentes o de crisis, y pueden abrazar ideas poco democráticas. Además, en el caso de que los convencionales constituyentes tuvieran afiliación partidaria, sus respectivos partidos tendrían incentivos para generar disciplina y forzarlos a que se apeguen a lo prometido durante sus campañas, pues, en caso contrario, el partido puede ser castigado electoralmente por la ciudadanía. Sin embargo, dado que la crisis de legitimidad se debe a la desconexión de los partidos con la sociedad, no es sorpresa que la ciudadanía favorezca una opción en la que estos no tengan (tanta) influencia.
Por ello, algunos ven como la solución ideal excluir a parlamentarios y a personas con trayectoria partidaria del proceso que se avecina. Los autodenominados “independientes” serían vistos por la ciudadanía como más confiables y representativos de esta al no estar sujetos a la política partidaria y sus vicios. No obstante, debiéramos preguntarnos qué herramientas tiene el electorado en caso de que las personas elegidas para la CMC o CC no cumplan sus propuestas de campaña o cambien dramáticamente de ideas en medio del proceso, traicionando a sus electores. En este escenario, parece que al electorado no le quedaría más que confiar y esperar que eso no suceda.
La mala reputación de los partidos y la necesidad de contar con ellos para el proceso constituyente es, precisamente, un gran dilema que enfrenta Chile. Si bien los partidos debieran jugar un rol clave agregando los intereses de la ciudadanía y representando sus demandas en este proceso constituyente, la ciudadanía tiene todas las razones para desconfiar de ellos y querer excluirlos de la redacción de la nueva Constitución.
Finalmente, no es correcto creer que todas las personas estarán en igualdad de condiciones para ser parte de la CMC o CC. En cualquiera de estas, veremos que personas con trayectoria política previa (aunque no tengan afiliación partidaria oficial) tenderán a dominar la elección de convencionales constituyentes. Organizaciones religiosas, sindicales, empresariales, etc., así como partidos políticos, intentarán impulsar sus propias candidaturas. Esto en sí no es negativo; es solo un recordatorio para no generar la falsa ilusión de que la “Sra. Juanita” tendrá las mismas chances de ser electa que una persona que cuente con el respaldo de este tipo de organizaciones.
Christopher A. Martínez, PhD
Ciencia Política, UCT
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