La moción, que contó con las firmas de los senadores Girardi, De Urresti, Bianchi y Rincón, es parte de una propuesta integral. Proponen unificar los sistemas de Fonasa, Isapre y Fuerzas Armadas; unificar las fuentes de financiamiento, y aumentar el aporte del Estado vía impuestos; establecer un Plan de Salud universal e integral, y transformar las Isapres hacia “un rol de seguros complementarios”.
Este martes, el senador Francisco Huenchumilla (DC), con el apoyo y las firmas de los senadores Guido Girardi (PPD), Alfonso De Urresti (PS), Carlos Bianchi (Ind.) y Ximena Rincón (DC), ingresó un proyecto de Reforma Constitucional que busca consagrar un “derecho a la salud 2.0”, asegurando que sea “deber del Estado” garantizar el derecho a su acceso “a través de políticas sociales, económicas y ambientales que la promuevan de manera integral”.
En la instancia, Huenchumilla recalcó que la salud debe ser vista “como un derecho social, donde su provisión sea un interés colectivo, y se generen espacios de igualdad. Ello necesariamente excluye el principio del mercado, porque las prestaciones de salud que recibas, en tanto persona, sujeto de dignidad humana, no puede depender de lo que tú puedas pagar”.
El proyecto, en concreto, busca el reemplazo del Artículo 19, numeral 9º de la Constitución Política de la República, que se refiere al derecho a la salud, y cuya redacción –según lo expuesto en la propuesta–, protege actualmente “la libertad de elección (…) el deber constitucional del Estado de asegurar las condiciones del mercado, y no de asegurar derechos sociales”.
La propuesta
De ser aprobada, la Reforma Constitucional declararía el concepto de salud como “un derecho de todas las personas”, donde sea deber del Estado garantizarla “a través de políticas sociales, económicas y ambientales”. El acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de las personas sería “universal e igualitario”, y se realizaría “a través de un Seguro Nacional de Salud”.
A la vez, el senador DC explicó que la reforma integra una propuesta global de cuatro pilares: “Lo primero es universalizar y unificar los sistemas de aseguramiento de la salud, Fonasa, Isapres y Fuerzas Armadas, en un único sistema de seguro público. Ello, con la consiguiente unificación de todas las fuentes de financiamiento, disminuyendo las cotizaciones ligadas al trabajo, y aumentando el aporte del Estado vía impuestos; ese sería el segundo pilar de la propuesta”, manifestó.
“En tercer lugar, se propone crear un Plan de Salud Universal, que proteja a todos y todas con una cobertura integral de prestaciones; y en cuarto lugar, se plantea que transformemos las Isapres, haciéndolas transitar desde su actual rol sustitutivo, hacia un rol de seguros complementarios o suplementarios de carácter voluntario”.
Los argumentos
En la instancia, el senador Huenchumilla entregó el detalle de por qué en Chile, a su juicio, es hora de “consagrar un derecho a la salud 2.0”: “Los argumentos son numerosos, partiendo de que el financiamiento de la salud en Chile involucra un 8,4% del PIB, cifra que es inferior al resto de los países OCDE, con quienes nos gusta compararnos; lo que deriva en que esa falta de inversión publica en el sector la pague la ciudadanía, teniendo que gastar de su bolsillo para acceder a prestaciones”, destacó.
“También está el hecho que el actual sistema de salud en Chile es discriminador y segregador. Un 15% de la población se atiende en las Isapres, instituciones que además hacen una selección por riesgo; los tres cuartos más pobres, se atienden en Fonasa. Las consecuencias de esa selección son absorbidas por Fonasa, que, sin quererlo, termina subsidiando un modelo de discriminación”, planteó el senador DC.
“De esta manera, se genera una diferencia de calidad que es consecuencia de un diseño institucional, creado en otra época, y cuyo objetivo es generar espacio a un mercado de la salud donde se atiendan quienes tienen más recursos”, recalcó.
Lo jurídico
Finalmente, Huenchumilla explicó que “una transformación al sistema de salud debe plantearse como Reforma Constitucional, rompiendo lazos con el modelo de Estado y de país planteado en la Constitución de 1980, dado que el marco regulatorio establecido en dicha carta magna es totalmente incompatible y no deja espacio a la idea de derecho social a la salud (…) lo que se pretende con este proyecto de reforma, es constitucionalizar el derecho a la salud, y para ello es necesario reemplazar aquel apartado de la Constitución que lo que hace es establecer, en la actualidad, un mercado de la salud”, concluyó.
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