El martes pasado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ingresó al Congreso una iniciativa legal que busca facilitar el retorno a la normalidad de la actividad judicial a medida que se vaya superando la emergencia sanitaria, anticipándose al atochamiento y a la sobrecarga que afectarán al sector producto de la disminución de ingresos y suspensión se audiencias durante el periodo de excepción constitucional.
Al respecto, la seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Araucanía, Stephanie Caminondo, afirmó que “como parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, desde la llegada del covid 19 a nuestro país, hemos estado continuamente preocupados de facilitar el acceso a la justicia a todas las personas, trabajando tanto con el sector público, como con la sociedad civil ligada a la justicia, con el propósito de generar un Plan de Acción que permita enfrentar el retorno de forma eficaz”.
“Es en este contexto que el Ministerio ha presentado el proyecto, el cual incluye medidas transitorias en el ámbito de la justicia penal, laboral, familiar y civil que permitirán asegurar el buen funcionamiento de la acción judicial durante un retorno a la normalidad sanitaria, evitando el colapso y tomando todos los resguardos necesarios para evitar nuevos contagios”, puntualizó la Seremi.
Desde el inicio de la pandemia y debido a los efectos de las medidas tomadas para evitar la propagación del covid 19, tanto a nivel nacional como al interior del Poder Judicial e instituciones públicas, más del 80% de las audiencias judiciales han sido suspendidas, las audiencias en materias laborales han disminuido un 70%, las de familia en un 80% y las del área penal, en promedio en un 66%.
Es por este motivo que el Proyecto de Ley ingresado al Congreso cuenta con tres grandes lineamientos: dar mayor eficiencia al sistema de justicia; promover las audiencias remotas, limitando la presencia física de las personas en los tribunales de justicia por motivos sanitarios y, finalmente, incorporar en forma permanente los mecanismos que han dado resultado durante el funcionamiento de los tribunales en el periodo de excepción constitucional.
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