Subsecretario de Justicia firma protocolo de colaboración para la implementación del Tribunal de Tratamiento de drogas para adolescentes en La Araucanía

Con la finalidad de formalizar el compromiso de colaboración institucional para la implementación y funcionamiento del Tribunal de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol para adolescentes en La Araucanía, el Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sebastián Valenzuela Agüero, firmó el protocolo junto al Poder Judicial, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), el Servicio Nacional de Menores (SENAME),  el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública, el cual  permitirá su funcionamiento en coordinación con los servicios e instituciones involucradas.

La importancia de la puesta en marcha de este Tribunal de Tratamiento de Drogas para Adolescentes en La Araucanía, es que constituye una herramienta para contribuir a la especialización del sistema de justicia penal juvenil, mediante la incorporación de un programa que se basa en el acceso temprano, voluntario y supervisado a un tratamiento integral del consumo problemático de sustancias en adolescentes y jóvenes, dentro del marco de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

“La gran ventaja que tienen los tribunales de tratamientos de Drogas, con especial énfasis en adolescentes, es la coordinación interinstitucional. Esto viene con un convenio que se viene trabajando desde el año 2012, en donde participa él Poder judicial, el ministerio público, la defensoría penal pública, SENAME, Senda, fundación Paz Ciudadana. Esto requiere una coordinación bastante importante, además pone de acuerdo a dos mundos que no siempre conversan, el sanitario y el mundo jurídico. Este es un desafío que obliga a trabajar en un objetivo común. Las ventajas que tienen para las personas son inmensas. Mejora la salud y la seguridad pública. TTD es un programa basado en la evidencia, es una política pública, por esto es muy relevante que se inicie en la Región con adolescentes”, señaló el Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela.

De esta manera, el protocolo establece que para determinar el perfil que deben poseer los adolescentes que sean candidatos a ingresar al programa, se debe considerar la existencia de consumo problemático de drogas y/o alcohol evaluado por una dupla psicosocial de SENDA; la voluntad del adolescente para someterse a tratamiento y la existencia de la relación droga y delito.

Por su parte, la directora de SENDA Araucanía, Carolina Matamala, valoró el trabajo conjunto destacando que “el director nacional de Senda, Carlos Charme, ha puesto un fuerte énfasis en el compromiso de este Gobierno para disminuir los alarmantes índices de consumo de alcohol y otras drogas en nuestros jóvenes, por lo que ha sido fundamental el trabajo que se ha coordinado con los diversos actores que son parte de este convenio, donde Senda financiará los tratamientos. La combinación de una supervisión judicial frecuente, junto con la asistencia a un programa de tratamiento, permitirán reducir el uso de sustancias, a la vez que incidirá en la disminución del riesgo de reincidencia en el delito. Sabemos por la Unidad de Seguimiento del Poder Judicial que en población general la reincidencia es de un 70%, mientras que en quienes fueron parte y finalizaron este programa, el nivel de reincidencia es del 15%”.

En tanto la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de La Araucanía, Stephanie Caminondo destacó la firma de este convenio, señalando que “éste es el fruto del trabajo en conjunto de todos los servicios que forman parte de este tribunal y que materializa el compromiso del gobierno del Presidente Sebastián Piñera con nuestros adolescentes, dándoles una oportunidad para rehabilitarse de sus adicciones y, a su vez, para reinsertarse integralmente en la sociedad, mejorando su calidad de vida y la de sus familias”.

Los Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o Alcohol, tanto para adultos como para adolescentes, consisten en un programa inserto dentro del sistema de justicia penal, cuyo objetivo es disminuir la probabilidad de reincidencia delictiva, mediante la derivación a tratamiento de rehabilitación especializado, proceso dirigido por un juez de garantía, de manera de facilitar el cambio y favorecer la adherencia al tratamiento. Para ese fin incorpora una metodología y un conjunto de herramientas dirigidas a personas cuyos delitos están relacionados con el consumo problemático de drogas y/o alcohol.