La iniciativa fue aprobada en general por la Convención Constitucional y la próxima semana se votará en particular.
Una propuesta para la creación de una Comisión que esté conformada por 15 constituyentes -de forma paritaria e idealmente con experiencia en la materia o estudios académicos afines- es lo que aprobó de forma general la Convención Constituyente en torno a la creación la Comisión de Derechos Humanos y Reparación, la cual fue impulsada por la constituyente del distrito 22, Ruth Hurtado y su par Andrés Cruz.
Según el documento, el objetivo de dicha Comisión será la incorporación de normas, ya sea en el articulado permanente o transitorio de la nueva Constitución, por las cuales se dispongan principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y en la medida que el mandato de la Convención lo permita, el establecimiento de reglas que guíen una eventual acción reparatoria del Estado.
En el caso de reparación, se propone aplicar en las siguientes personas:
1. Personas que con ocasión del legítimo derecho a la manifestacion, hubieren sido víctimas de lesiones físicas o psíquicas, mutilaciones, tortura, apremios ilegítimos, vejaciones, violencia sexual y muerte por parte de agentes del Estado en el contexto del denominado “estallido social”.
2. Miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que en el marco del denominado “estallido social”, producto de denuncias o querellas deducidas por órganos del Estado, incluido el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hubieren sido objeto de persecución penal o destituidos de sus cargos por resolución administrativa, siempre que las imputaciones fueren desestimadas en definitiva por resolución judicial firme.
3. Personas que como consecuencia de la omisión estatal, se hubieren visto afectadas en su integridad física o psíquica, o de manera significativa en su propiedad, producto de su residencia ininterrumpida en áreas o zonas de la ciudad que hubieren sido permanentemente vandalizadas u objeto de destrucción y violencia en el marco de las manifestaciones que sucedieron al denominado “estallido social”. Corresponderá a la autoridad administrativa establecer las zonas que corresponderá declarar “permanentemente vandalizadas u objeto de destrucción y violencia” para efectos de lo establecido precedentemente.
4. Personas que en el marco de los conflictos reivindicatorios o de la violencia rural que afectan a la Macrozona Sur ( comprende las regiones de La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Biobío), hubieren sido víctimas de persecución penal arbitraria o de omisión de los deberes estatales de provisión de orden y seguridad pública con grave perjuicio para su integridad o propiedad.
5. Reparar a las comunidades mapuche y no mapuche (comunidad en su sentido amplio) los actos ilegales de cualquier organo del Estado.
Respecto a los últimos puntos, la constituyente por el distrito 22, Ruth Hurtado, representando a La Araucanía, dijo que “es muy importante considerar a las víctimas de la violencia en la macrozona sur. Ellos han quedado de lado por muchos años y debemos marcar la diferencia. Necesitamos reparar el daño, tanto a los agricultores como a las mismas comunidades mapuche que han sufrido actos ilegales de cualquier órgano del Estado”.
El documento impulsado por Ruth Hurtado, fue suscrito por convencionales de Vamos Por Chile, entre ellos, Luis Mayol, Angelica Tepper y Eduardo Cretton. Además de los convencionales de otras listas como Luis Barceló, Andrés Cruz, Rodrigo Logan y Helmuth Martínez.
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