Una de las medidas que ocasionó mayor rechazo fue la libertad exigida en relación al “fin a la prisión política en Chile, liberando todas las y los presos de la revuelta y mapuche”. Se trata de una propuesta que busca evadir sentencias de la justicia a personas que han sido condenadas y quienes se encuentran internadas en distintos centros penitenciarios, como autores de delitos perpetrados durante distintas manifestaciones registradas desde octubre de 2019 y que son catalogados como un peligro para la sociedad.
Al respecto, la Constituyente y representante por La Araucanía, Ruth Hurtado, cuestionó que la autoproclamada “vocería del pueblo” amenace “que no van a respetar ninguna de las reglas que dieron inicio a este proceso”.
La dirigente y convencional electa lamentó que “quienes quieran escribir algo de tanta responsabilidad y tan gran magnitud para un país como es la Constitución no quieran respetar las reglas” pues, sostuvo, “ellos no son un poder originario y soberano. Todos nosotros tenemos un poder derivado, una facultad que nos dieron quienes votaron por nosotros para iniciar el proceso de redacción de una nueva carta Magna”
Además de la propuesta de excarcelación de los imputados por delitos, los representantes de “la vocería del pueblo” indicaron que “la prisión política, la represión y la impunidad condicionan hoy la participación de los pueblos, que son los llamados a ser los protagonistas del proceso constituyente”, lo que condicionaría la participación de los pueblos originarios en la redacción de la nueva constitución, rompiendo lo acordado, respecto de su participación en el proceso convencional.
Frente a esta amenaza, Ruth Hurtado recordó, antes de postular a la Convención Constituyente todos los candidatos conocían sus facultades y normas establecidas, pues “las reglas fueron claras y se hacen para cumplirlas”. Por ello, enfatizó que “no podemos desconocer el mandato que tenemos, que es redactar esta propuesta de Nueva Constitución”, para que sea sometida a votación ciudadana. Por lo que condicionar o amenazar la participación es “quitar todo tipo de legitimidad a este proceso , de paso, legitimidad a todos quienes fuimos electos”.
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