Organizaciones feministas y de disidencia de La Región llaman a asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y diversidades en la nueva Constitución, como base para seguir avanzando, entre otras medidas, en una ley de aborto libre para el país.
En agosto del año 2020, la encuesta Ipsos revelaba que un 68% de las personas en Chile se muestran a favor del aborto sin causales. Una cifra acorde al masivo apoyo que han tenido los movimientos feministas en todo el país. Según datos difundidos por la Corporación Humanas, en años recientes, se ha calculado que las mujeres del país se realizarían entre 60 y 70 mil abortos inducidos al año, es decir, cerca de 192 abortos al día. Otros datos, entregados por la Corporación Miles, aseguran que las gestaciones interrumpidas llegarían a los 300 mil anuales. Las estimaciones asumen que la mayor parte de estos se concretan de manera clandestina, sin llegar a ser atendidos en los servicios de salud. Un escenario que sigue siendo perseguido en el Código Penal chileno, para aquellos casos que no están contemplados en la interrupción legal del embarazo en tres causales.
Los movimientos feministas llevan décadas luchando por un aborto libre y seguro, así lo asegura Ana María Vera, sicóloga comunitaria, feminista y candidata constituyente por el Distrito 23. “El aborto es una realidad en todos los países del mundo y en todas las épocas, y el Estado debe resguardar la seguridad y salud de las mujeres, en especial las más precarizadas por este modelo que produce inequidades sociales, económicas y de género. Es urgente un cambio en las normas jurídicas, buscando las condiciones necesarias para habilitar la libertad de decidir”, agrega.
Pero eso no es todo, las demandas feministas y de disidencias sexuales, atraviesan múltiples temáticas no solo a nivel de salud, sino también en educación, medioambiente, justicia, entre otras áreas. “Desde las Organizaciones Sociales, buscamos impulsar, con esta nueva constitución, que exista un reconocimiento expreso de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género, que evite que sectores conservadores minoritarios busquen limitar estos procesos sociales a través de instituciones ilegítimas como el Tribunal Constitucional, tal como ocurrió con la ley de aborto en tres causales y la ley de identidad de género”, señala Diego Lagos, abogado e integrante de la Colectiva disidente Aquí y en la Quebrá del Ají de Temuco.
Por otra parte, la paridad de género asegurada en el órgano constituyente acerca la posibilidad de poner en discusión política estos temas históricamente invisibilizados. “Es sumamente importante que las feministas seamos parte del órgano constituyente para exigir y visibilizar las muchas demandas que han sido silenciadas por años, como, por ejemplo, el derecho a tener una vida libre de violencia”, aclara Camila Reche Alvarez, integrante de Kelluzomoguen, colectiva feminista de Licanray. Otras demandas, igual de relevantes, son el urgente apoyo que requieren las personas, en su mayoría mujeres, que cumplen un rol de cuidados de niñas, niños, ancianos y enfermos, sin aporte económico relevante del Estado. “Esta discusión política no es solo de salud, o de legislación, sino que es una disputa por lograr mayores niveles de democracia, en un país con una profunda crisis de cuidados”, finalizó Ana María Vera, candidata a constituyente de la lista de Organizaciones Sociales y Territoriales del Wallmapu, Ostw.
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