La información recabada da cuenta del conflicto que en lo que se lleva de 2021 ya presenta un gran número de atentados incendiarios y el deceso –el 7 de enero– de dos personas, simultáneamente, en las comunas de Ercilla y Victoria: el inspector PDI Luis Morales asesinado en Temucuicui, y el agricultor y candidato a concejal Orwald Casanova, en el predio Selva Oscura de Victoria. Ambos fueron baleados en el rostro.
El comunicado:
En el año 2020 se registraron 228 denuncias de delitos relacionados al conflicto indígena en la Macrozona Sur, que la componen las Regiones del Bio Bio, De La Araucanía, De Los Ríos y De Los Lagos. Estas se comparan con 305 denuncias del año 2019, y con 849 denuncias del periodo 2018 a 2020.
La cifra del año 2020 representa una disminución del 33 % respecto del año anterior. Esta disminución se explica por el cambio metodológico que la Fiscalía de La Araucanía implementó a partir del 2020 informando sólo las denuncias, denominadas por ésta, como de “alta connotación pública”.
Además, creemos, por un número importante de delitos que no están siendo denunciados. Lo anterior hace que esta conclusión de disminución de la cantidad de denuncias no represente la realidad respecto a la variación interanual en ocurrencia real de delitos. No obstante, si se consideran sólo los delitos de mayor gravedad, Delitos con resultado de muerte y Atentados Incendiarios, en la Macrozona Sur, hubo 172 denuncias en el año 2020, que se comparan con 121 denuncias en el 2019, lo que representa un aumento de un 42%. Dentro de esta categoría, destaca la Región del Bio Bio que subió desde 34 denuncias en el año 2019 a 64 denuncias el año 2020, lo que representa un aumento de 88%. Las cifras incluyen los casos de cinco personas que resultaron fallecidas por actos de violencia asociadas al conflicto durante el año 2020, sin duda el aspecto más lamentable.
Las comunas donde concentran la mayor cantidad de denuncias en el año 2020, son Cañete (30), Collipulli (23), Contulmo (14), Victoria (12) y Ercilla (10), lo anterior representa un cambio respecto a años anteriores. Los afectados, medidos en cantidad de denuncias, principalmente son, Contratistas Forestales (70), Particulares (32), Policías (29), Otras Empresas Productivas Privadas (27), Agricultores (26). En relación a los bienes afectados, informados en denuncias en el año 2020 en la Macrozona Sur, estos alcanzaron a 538, de los cuales 306 corresponden a Vehículos, 142 Maquinarias y Equipos, y 90 a Construcciones.
Del total de denuncias de alta connotación pública del año 2020, en la Macrozona Sur, es decir de las 228 denuncias, 194 (85%) presentaron lienzos, panfletos o pancartas alusivas al conflicto indígena.
La Multigremial de La Araucanía y los gremios que la componen, lamentan profundamente la muerte de personas inocentes, el chofer Sr. Juan Barrios, el joven Sr. Moisés Orellana, el trabajador agrícola Sr. Pedro Cabrera, el agricultor Sr. Pedro Burgos y el carabinero Sr. Eugenio Naín, pérdidas que afectan en forma irreparable a sus respectivas familias.
También lamentamos y expresamos nuestra frustración por el alto nivel de destrucción de maquinarias, equipos e instalaciones, que afectan gravemente a empresarios y trabajadores, estas agresiones constituyen limitaciones graves de sus derechos más básicos, como libertad de trabajo y desplazamiento, además de afectar gravemente el empleo y la capacidad de generar el sustento para sus familias. Todo lo anterior sigue ocurriendo con altísimos niveles de impunidad, sin que las instituciones llamadas a prevenir, investigar, acusar, poner a los responsables a disposición de la Justicia, y sancionar estos actos gravísimos alcancen niveles razonables de eficacia. Ello constituye una falta de justicia evidente para las víctimas, a la vez que estas instituciones no cumplen su importante rol de desincentivar la ocurrencia de estos graves delitos a través de una persecución eficaz.
Se requiere de parte del Gobierno y del Ministerio del Interior, que es responsable de mantener el orden interno, una decisión y acciones destinadas a desarticular las asociaciones ilícitas que operan en absoluta impunidad, y por parte del congreso agilizar y colaborar en el perfeccionamiento de las leyes en materia de seguridad. Por otra parte, es indispensable el repudio de la mayor parte posible de los actores políticos y de las organizaciones de la sociedad civil a estos actos insensatos de violencia.
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