Senador Huenchumilla comunica respuesta de Interior y Carabineros por cuestionamientos al desalojo en fundo La Fusta: “Es otro capítulo más de la enorme deuda pendiente del estado con el pueblo mapuche”

El parlamentario DC reiteró que la toma del fundo en Lonquimay se enmarcó en la “demanda legítima” de este pueblo originario, a quien “le fueron usurpadas sus tierras con violencia”, y que sigue esperando “una justa reparación”. Sobre el actuar policial, explicó que existió una orden judicial, según la cual Carabineros debió actuar en conformidad.

Luego que el pasado 02 de junio de 2020, en sesión de sala, el senador Francisco Huenchumilla (DC) solicitara oficiar al Ministro del Interior, para pedir los antecedentes que motivaron el desalojo a 150 familias mapuche en el sector La Fusta de la comuna de Lonquimay (región de La Araucanía), el parlamentario dio a conocer este viernes la respuesta emanada al respecto por parte de la cartera de Interior, y también de la oficialidad de Carabineros de Chile.

Hacia fines del mes de mayo del pasado año, trascendió a través de medios de prensa que efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros desalojaron en plena cuarentena y de forma violenta a estas familias, que habían instalado previamente rucas y pequeñas viviendas en un fundo del sector, y reclamado como propio el terreno.

Los hechos

Debido a estos hechos, y con la respuesta de las autoridades interpeladas en mano, el senador Huenchumilla lamentó que este episodio sea “otro capítulo más de la enorme deuda pendiente que tiene el estado chileno con sus pueblos originarios, y en específico con el pueblo mapuche, porque en el siglo XIX fueron usurpadas sus tierras también por medio de la violencia”.

“Es por ello que distintas comunidades, como en este caso, los miembros de la Comunidad Lof Adkintue, mantienen una reclamación que consideran legítima. Y Mientras esa deuda no sea saldada, digo responsablemente, no es posible esperar por parte del estado, que este tipo de situaciones cese; es probable que las sigamos viendo a lo largo del tiempo”, insistió el legislador.

Mandato

A continuación, el senador detalló que “sin ánimo de justificar la forma en la que actuó la fuerza policial, ni tampoco la inacción con que han actuado los gobiernos de distintos signos, al desconocer las causas de fondo del conflicto de la Macrozona Sur, es necesario explicar que en este caso, la fuerza pública actuó por mandato de una resolución judicial”, detalló el senador.

“De esta manera, la toma del Fundo La Fusta fue calificada por el Juzgado de Garantía de Curacautín como un delito de Usurpación No Violenta, y la resolución de dicho tribunal fue ordenar a Carabineros el desalojo del fundo, en un plazo no superior a 15 días”, explicó.

“Con respecto a lo anterior, Carabineros de Chile respondió al cuestionamiento recordando que, según lo que ordena la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, los tribunales ordinarios y especiales de justicia podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública, y ésta debe prestar a las autoridades judiciales el auxilio necesario, cumpliendo sin más trámite dichas órdenes y no pudiendo calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad”, explicó el parlamentario.

Trasfondo

Luego de esta explicación, el parlamentario DC profundizó en lo que considera el origen del problema en la Región y apeló a una falta de criterio judicial: “la existencia de una orden no justifica desde el punto de vista humanitario, el haber dejado sin hogar a 150 familias en contexto de pandemia, y en específico, cuando la comuna se encontraba en cuarentena”, dijo.

“Mientras el estado no esté dispuesto a sentar a conversar a todas las partes involucradas en este conflicto, para buscar los acuerdos de qué tierras se van a devolver al pueblo mapuche, en qué condiciones, y en qué va a consistir específicamente las reparaciones al mismo pueblo mapuche, a los agricultores o a gremios como el de los camioneros, vamos a seguir teniendo problemas en La Araucanía. Y para qué decir, actos de violencia de mayor o menor magnitud, como los que se han dado en otras zonas de la Región”, advirtió Huenchumilla.

“Esto último seguirá ocurriendo porque dentro del pueblo mapuche hay sectores, minoritarios, de dirigencia que ya no creen en el estado ni en sus promesas, y que se cansaron de esperar por la reparación que sienten que les corresponde. Por eso han pasado a métodos violentos, que no son aceptables en democracia, pero que se han convertido en una cruda realidad con la cual el estado tiene que lidiar día tras día, porque no asume su responsabilidad”, concluyó.