La Tercera dio a conocer esta tarde las acciones que el órgano fiscalizador, liderado por Jorge Bermúdez, lleva a cabo a propósito de acusaciones de intervencionismo en el cual el gobierno estaría favoreciendo al Apruebo, de cara al plebiscito del 4 de septiembre.
La entidad dio inicio a una investigación especial en La Moneda, en particular a la cartera liderada por la ministra Camila Vallejos, por su responsabilidad en la campaña Chile Vota Informado, para el cual el Ejecutivo ha hecho una significativa difusión.
Un live de Instagram de los ministros Jackson y Vallejo, en que aparecen comentando el texto propuesto por la Convención Constitucional; la reunión entre el Presidente Boric y la directiva del PS, luego de la cual el diputado Jorge Soto publicó en Twitter que se trataría de una reunión de coordinación por el Apruebo, son parte de los hechos denunciados.
El organismo ordenó adicionalmente dos sumarios para determinar las responsabilidades de carácter administrativo por hechos que contravienen el instructivo de la Contraloría –de abril pasado– sobre la prescindencia electoral. Uno de ellos relativo al MOP por utilizar la cuenta institucional para viralizar contenidos relativos al plebiscito, y otro en el Hospital Regional de Antofagasta, por viralizarse en redes sociales una imagen en las dependencias de un panfleto promoviendo el Apruebo.
Por otra parte, una minuta emitida por el comando del Apruebo ordenó relacionar la agenda del presidente Gabriel Boric con la campaña a favor de la nueva constitución. El concejal Matías Bellolio, en PanAm Post, aseguró que “la campaña del Apruebo está siendo orquestada desde La Moneda».
La imparcialidad que la ley le ordena para la campaña para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre está en entredicho. No obstante el ministro Jackson expresó que estas serían denuncias infundadas. “Ojalá que el tema se despeje lo antes posible”, indicó. No obstante el live en redes sociales quedó descartado y no se le consideró un acto de campaña, quedó al límite de lo que permite Contraloría, que remarcó a través de un instructivo que los funcionarios y servidores públicos no pueden “emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución”, incluyendo medios electrónicos ministeriales, para beneficiar “tendencias u opciones” de cara al plebiscito de salida, que finalmente determinará si la propuesta de la Convención se convierte o no en la nueva Constitución.
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