A través de un comunicado, el gremio del gran empresariado rechazó «categóricamente» las declaraciones del dirigente, «en cuanto constituyen una grave amenaza al estado de derecho, la seguridad y el orden público».
«Cuando una persona que es el líder de una organización involucrada en numerosos hechos de terrorismo y violencia señala de manera pública que realizará acciones de sabotaje contra la propiedad privada, corresponde que el Gobierno y los organismos del Estado correspondientes, reaccionen en forma inmediata para evitar que se hagan efectivas sus amenazas. Garantizar la seguridad de las personas y el orden público es una potestad exclusiva e indelegable del Estado de Chile», apuntó el organismo presidido por Juan Sutil.
En esa línea, la CPC sostuvo que «la incitación abierta del señor Llaitul al uso de la violencia para el logro de los objetivos de su organización, constituye en sí una amenaza terrorista que debe ser perseguida con toda la celeridad y eficacia que ello amerita, para evitar nuevos hechos de violencia contra personas y bienes».
«La extrema gravedad de las declaraciones del dirigente de la organización violentista CAM exige que el Gobierno actúe de manera urgente para proteger la vida de las chilenas y chilenos; es su responsabilidad», concluyó.
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