Defensoría Regional interpuso un recurso de protección en favor de una interna de la cárcel de Angol a quien Gendarmería exigió una intervención especializadas que no tiene disponible para mujeres. Su defensora pública argumentó discriminación de género y abandono por esa institución.
Como una acción que “configura violencia contra la mujer” catalogó la Corte de Apelaciones de Temuco la ausencia de programas de intervención especializados para mujeres condenadas por delitos sexuales, hecho que se evidenció a través de un recurso de protección interpuesto por la defensora pública penitenciaria Giegliola Burgos en favor de una interna de la cárcel de Angol.
La acción jurídica fue acogida en fallo unánime por la Corte de Apelaciones de Temuco, que instruyó a Gendarmería a modificar y/o activar un programa de intervención especializado para mujeres ofensoras sexuales con enfoque de género, oferta que a la fecha sólo está disponible para la población penal masculina condenada por estos delitos.
“Como defensa penitenciaria estamos muy conformes con el resultado, porque la Corte precisamente califica los hechos como violencia contra la mujer, entonces logra entender que esta desigualdad que se da en el régimen penitenciario respecto de hombres y mujeres que cumplen condena por delitos sexuales, provoca una desventaja respecto de la mujer, a la que no se le otorga la posibilidad de ser intervenida”, explicó la abogada.
EL CASO
Para la defensora pública especializada, este recurso de protección marca un antes y un después en la defensa de los derechos de las mujeres privadas de libertad.
Fue en la revisión de postulaciones a beneficios intrapenitenciarios que se detectó el caso de esta interna de la cárcel de Angol, cuya postulación de traslado al Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Valdivia fue rechazada por no contar con un plan de intervención especializado para ofensoras sexuales.
“Nos encontramos con una negativa a la postulación de traslado de una interna, que fue fundamentada por algo que nos llamó la atención: que ella necesitaba una intervención especializada; lo que parece lógico, ya que en el caso de los hombres condenados por delitos de violencia sexual existe un programa de ofensores sexuales, que es un plan de intervención especializado para ellos”, sostuvo Giegliola Burgos.
La defensora pública indagó respecto de la cobertura del programa específico para mujeres, con la idea de postular a la interna y complementar con ello su plan de intervención, tal como lo hacen lo hombres condenados por el mismo delito.
“Hicimos las consultas pertinentes y nos encontramos con que el recinto penitenciario de Angol no tiene ese programa de intervención para mujeres. Indagando más allá encontramos que la dirección nacional de Gendarmería no disponía de este plan de intervención para ninguna mujer que se encontrara cumpliendo condena a lo largo del territorio nacional. Aquí fue donde comenzamos a consultar cuáles eran los motivos por los que no existía esta intervención”, aclaró la defensora pública.
SÓLO EL 1 POR CIENTO
Burgos señaló que, según Gendarmería, existen motivos presupuestarios que no les permiten incorporar estas intervenciones específicas para estas mujeres condenadas, que sólo representan el 1 por ciento de las personas que cumplen condena por este tipo de delitos en los recintos penitenciarios del país, por lo cual los recursos se focalizan en la intervención para hombres, quienes representan el 99 por ciento de la población penal asociada a estos delitos.
Para Giegliola Burgos, este criterio de focalización no es más que un acto de abandono de la institución penitenciaria, que exige a una interna en proceso de revinculación con la sociedad un requisito inexistente, como acceder a un plan especializado para el delito por el que fue condenada, obstaculizando su proceso de reinserción social y restringiendo las posibilidades de acceder a beneficios intrapenitenciarios, tal como lo hacen los hombres condenados por hechos similares.
“Acá existe un acto discriminatorio de Gendarmería, principalmente por la condición de ser mujer (…) Hay un acto arbitrario, porque en el fondo te exijo un requisito no contemplado en la ley para seguir avanzando en tu proceso de reinserción social y, más encima, se genera un imposible de cumplir, porque bajo ningún escenario ella iba a poder acceder a un plan de intervención especializado”, aclaró la abogada.
Con todos estos antecedentes, a fines de enero pasado la defensora penitenciaria interpuso el recurso de protección que, entre otras cosas, solicitó el desarrollo de un programa específico para mujeres ofensoras sexuales.
CORTE ACOGIÓ RECURSO
El viernes 29 de abril, la Corte de Apelaciones de Temuco dio la razón a la defensa pública y acogió el recurso: «Configura una situación de violencia contra la mujer, dado que vulnera la igual protección de la misma ante la ley, al existir programas equivalentes para la población masculina, generando una discriminación no permitida por el ordenamiento jurídico, que vulnera el deber del Estado abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, que debe ser superada”, señala la resolución.
El fallo agrega que Gendarmería ha “incurrido en la omisión, ilegal y arbitraria, consistente en no contar y ejecutar programas de ofensoras sexuales para mujeres condenadas por delitos sexuales, ordenándose que dicha institución debe adoptar las medidas necesarias para asegurar la generación y ejecución de programas para ofensoras sexuales, sea modificando el actual -dirigido a hombres- o generando uno específico para mujeres condenadas por delitos sexuales, en ambos casos con enfoque de género”.
“Estamos contentos, porque el beneficio no será sólo para nuestra usuaria, sino también para todas las mujeres que se encuentren en la misma situación. En la región tenemos más mujeres en el mismo contexto, entonces de este fallo vamos a poder generar soluciones para todas las mujeres que se encuentran bajo la misma dificultad”, cerró la defensora penitenciaria.
La Corte dio a Gendarmería un plazo de seis meses para desarrollar estas mejoras, marcando con ello un hito nacional respecto del avance y defensa de los derechos de las mujeres privadas de libertad.
Por Ana María González M.,
Defensoría Regional de La Araucanía.
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