El fiscal César Schibar, al solicitar ampliar el plazo inicial de 30 días, explicó que “sin perjuicio que la fiscalía ha tratado de agotar la totalidad de las diligencias dentro de dicho plazo, han surgido diligencias no predecibles al momento de la formalización de la investigación”, consignó el diario La Tercera en su edición de hoy.
En 40 días amplió el Juzgado de Garantía de Temuco amplió el plazo de investigación que la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía sigue en contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
El líder de la CAM está imputado como autor de delitos consumados contemplado en la Ley Seguridad del Estado, usurpación violenta de predios, hurto madera y atentado a la autoridad, por lo que está cumpliendo desde el 25 de agosto, con la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío en Concepción, tras ser formalizado por una serie de delitos relacionados a la violencia rural en la Macrozona Sur.
El magistrado Alfredo Cox Castro en la audiencia consideró que el actuar de la Fiscalía ha estado acorde a lo esperado, pero que dada la complejidad del caso, se requieren mayores antecedentes y tiempo para su recolección.
“Los hechos por los que ha sido formalizado el imputado son de complejidad, las penas eventuales también dan cuenta de esta complejidad, aun en abstracto, y no hacen algo irracional la solicitud de la ampliación del plazo de investigación, al contrario, las complejidades del caso así lo ameritan”, planteó.
Según el ente persecutor, a partir de una querella por la LSE presentada por el gobierno de Sebastián Piñera, por declaraciones formuladas por Llaitul durante 2020, se inició una investigación por una serie de ataques incendiarios y acciones violentas en la Región de La Araucanía, que se extendieron a otros sectores de la denominada Macrozona Sur, ejecutados por los denominados Órganos de Resistencia Territorial (ORT) de la CAM.
El fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía César Schibar, al solicitar ampliar el plazo inicial de 30 días de la investigación, explicó que “sin perjuicio que la fiscalía ha tratado de agotar la totalidad de las diligencias dentro de dicho plazo, han surgido diligencias no predecibles al momento de la formalización de la investigación”.
“Lo primero dice relación con el análisis de la información del teléfono incautado al imputado Héctor Llaitul Carrillanca al ser detenido”, expuso el persecutor.
De la información que han podido extraer los peritos de la PDI en una primera revisión del aparato, según un informe del 21 de septiembre pasado, figuran 783 contactos, 359 conversaciones, miles de elementos buscados en el historial de Internet, mensajes instantáneos, archivos y más de 45 mil imágenes.
“¿Por qué es importante el análisis? Específicamente en cada uno de los ilícitos hemos sostenido que los ilícitos de incitación a la violencia o de la apología a la violencia contenida en la Ley de Seguridad del Estado, no sólo están constituidos por los dichos del imputado, sino también por la realización de acciones directas del imputado, encaminadas a la realización de dichas conductas. Precisamente en el contenido de este teléfono, hay elementos que dan cuenta precisamente de acciones del imputado, portando armas de fuego, participando de acciones de control territorial, manteniendo acciones de coordinación para el traslado de armamento o elementos de mensajería, recibiendo imágenes de camiones en combustión”, explicó César Schibar.
En la misma audiencia se indicó por parte del fiscal que llamarán en calidad de testigos a periodistas como Mónica Gonzáles Richard Curinao y Boris van der Spek, que publicaron entrevistas a Héctor Llaitul en las que hace referencia al llamado a la violencia armada.
Por su lado el abogado defensor de Llaitul, Rodrigo Román, cuestionó la extensión de la indagatoria.
“Esta es una investigación que se remonta desde enero de 2020. 2 años y medio de investigación. Hay un seguimiento permanente por distintos órganos del Estado a mi representado, no solamente por personal de la PDI que ilegalmente no solamente escuchó conversaciones telefónicas, sino que ilegalmente transcribió conversaciones telefónicas”, afirmó.
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