Iniciativa presentada por los parlamentarios Carmen Gloria Aravena (indep), José García Ruminot (RN) y Matías Walker (DC) busca modificar el Decreto Ley 2859, que regula la Ley Orgánica de Gendarmería, con el objetivo de que la huelga de hambre quede como una falta grave establecida por ley, y que no sea pueda discriminar en ello en razón del origen étnico , de manera que los reclusos no puedan seguir usando esa medida de presión como herramienta política para obtener beneficios carcelarios en la Macrozona Sur.
Una de las formas que utilizan los reos cuando quieren obtener beneficios carcelarios es declarar huelga de hambre como medida de presión hasta lograr respuesta de la autoridad a sus exigencias.
Medida de presión que han venido realizando con especial frecuencia personas privadas de libertad por graves hechos de violencia y delitos cometidos en la Macrozona Sur y que son parte de los grupos radicalizados que operan en esa zona del país.
Es el caso de José Tralcal y Luis Tralcal, ambos condenados a 18 años por el delito de incendio con resultado de muerte del Matrimonio Luchsinger Mackay, quienes el 2 de marzo pasado emitieron un comunicado manifestando el inicio de una huelga de hambre autoconsiderándose “presos políticos” exigiendo, entre otros, “salida trimestral” y “salida dominical”. El mismo día, la orgánica Weichan Auka Mapu materializó un atentado incendiario en Vilcún a un familiar del Matrimonio Luchsinger Mackay exigiendo “libertad para Tralcal”. Con fecha 22 de marzo, el Consejo Técnico respectivo evaluó positivamente la concesión de los referidos permisos de salida, señalando con relación al requisito vinculado a la conducta, que ambos reclusos tienen “muy buena conducta, no registrando faltas ni sanciones”, haciendo caso omiso por completo de la huelga de hambre que estaban haciendo.
Otro ejemplo ligado al anterior es el caso de Víctor Llanquileo, condenado a 21 años de cárcel por robo con intimidación y porte ilegal de armas, entre otros. En efecto, el 17 de agosto pasado, comunicó el inicio de una huelga de hambre líquida autoconsiderándose también “preso político” y exigiendo su traslado al CET de Cañete desde el CDP de Arauco. Nuevamente por el acceso a múltiples beneficios penitenciarios en el CET. El 29 de agosto pasado la Resistencia Mapuche Lafkenche materializó un grave atentado incendiario al Molino Grollmus dejando en riesgo vital a un adulto mayor que se encontraba en el lugar además de otras dos personas heridas. Dicha orgánica se adjudicó el atentado exigiendo “Traslado al CET para Víctor Llanquileo”. Con fecha 9 de septiembre, se dio a conocer el traslado de Gendarmería a Víctor Llanquileo al CET de Cañete.
Son varios casos donde se repite la mecánica con el mismo propósito. Para evitar que esto siga ocurriendo, los Senadores Carmen Gloria Aravena y José García Ruminot y Matías Walker, presentaron un proyecto de ley que establece como falta grave el realizar huelgas de hambre al interior de las cárceles, cuestión que hoy sólo estaba fijada dentro del reglamento penitenciario y que no aplica, por resolución exenta, a aquellos presos que tienen un determinado origen étnico, generando una discriminación arbitraria.
“El objetivo de este proyecto de ley que hemos presentado es evitar que la huelga de hambre se siga usando como una herramienta política para presionar a las autoridades a que otorguen beneficios carcelarios a personas condenadas o privadas de libertad, cualquiera sea su condición u origen étnico, cuando esa medida de presión ya es una conducta que debiese ser sancionada y una causal para no otorgar beneficio alguno, tal como lo establece el artículo 78 del Reglamento Penitenciario”, indicó la Senadora Carmen Gloria Aravena.
La parlamentaria agrega un elemento adicional, que es que esa consideración como falta grave de la huelga de hambre, cambia cuando se trata de un reo que tiene calidad de indígena, ya que en resolución del año 2020, del Director Nacional de Gendarmería, que aprueba disposiciones sobre aplicación de reglamentación penitenciaria en consideración a la normativa vigente, nacional e internacional, referidas a pertinencia cultural y religiosa en determinadas materias, establece expresamente que “la huelga de hambre desarrollada en forma pacífica no será susceptible de consecuencias disciplinarias”.
“Como se observa, la huelga de hambre `pacífica´ no es considerada una falta grave en el caso de reos pertenecientes a una determinada etnia, lo cual es un doble error, primero porque afecta la igualdad ante la ley, y segundo, porque la huelga en sí mismo es una medida de presión indebida, que por lo mismo no puede ser considerada como `pacífica´, y menos ser motivo para que se otorguen beneficios carcelarios, que incluso podrían motivar la fuga de personas privadas de libertad por delitos gravísimos”, agrega la Senadora Aravena.
En tanto, el Senador José García Ruminot, agregó que “hay que poner atajo a quienes vienen abusando del régimen penitenciario y que intentan vulnerar la ley y las resoluciones judiciales a través de una medida de fuerza, como la huelga de hambre, ya que es una forma de protestar para obtener un beneficio que no corresponde y que no tendría por qué ser otorgado. Esto lo han utilizado en su gran mayoría peligrosos delincuentes vinculados a grupos terroristas en la Macrozona Sur, a quienes les ha dado resultado la fórmula, obteniendo traslados a recintos penitenciarios semiabiertos o incluso salidas periódicas, poniendo en riesgo el cumplimiento de la condena”.
“Como senadores, presentamos este proyecto, de manera que al quedar como una falta grave en la ley, se considere siempre la huelga de hambre en las cárceles, como una falta disciplinaria grave que impida por ese sólo hecho, que quienes la lleven a cabo no puedan obtener ningún beneficio, cualquiera sea la condición u origen étnico de la persona privada de libertad”, concluyó José García Ruminot.
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