En la actividad realizada por la Unidad de Justicia Juvenil del Sename, encabezada por su coordinadora judicial, abogada Roxana Magna, se reunió con tres directores del Programa de Apoyo Socioeducativo (ASE) regional: Carolina Aravena (ASE Cautín); Lucia Maldonado (ASE Malleco) y Juan Pablo Garrido (ASE Cholchol), junto a su contraparte del Ministerio de Educación, la coordinadora regional para jóvenes y adultos, Carla Bravo.
“El objetivo fue establecer conocimientos y coordinaciones dirigidas a jóvenes atendidos/as en los programas socioeducativos, principalmente, quienes no estaban insertos/as en algún tipo de sistema de educación formal o se encuentran con sus estudios suspendidos” destacó Roxana Magna.
Para ello, se establecieron reuniones trimestrales entre las entidades para actualizar toda la oferta programática y mejorar las intervenciones con los jóvenes. Entre las principales solicitudes, están la actualización permanente de los establecimientos examinadores en las diferentes modalidades socioeducativas que los programas ofertan a los jóvenes; revisión del catastro regional de establecimientos educativos para jóvenes y adultos, para de esta forma entregar un abanico de ofertas más consistente; y, por último, la coordinación de las fechas claves para la examinación y procesos propios de la educación formal (PSU, entre otras).
Por su parte, desde el Mineduc, Carla Bravo señaló que “desde la Unidad de Educación para personas jóvenes y adultos de la Seremi de Educación, relevamos la importancia de contribuir a la calidad y pertinencia de los procesos educativos a través de las distintas líneas de apoyo. Brindamos oportunidades de aprendizaje, personales o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación a quienes, por diversas circunstancias, no pudieron iniciar o completar sus estudios oportunamente”.
Los programas de Apoyo Socioeducativo (ASE), tienen como propósito implementar una oferta que contribuya en la reinserción social y educacional de adolescentes y jóvenes que se encuentren en el circuito de la Ley de Responsabilidad Penal Adolecente y que presenten abandono del sistema escolar, rezago en enseñanza básica o media, y/o que se encuentren fuera de los circuitos de inclusión social.
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