El diputado Juan Carlos Beltrán manifestó que este nuevo instrumento legal crea el derecho a la protección y a la reparación integral de los grupos familiares que sufren este flagelo.
Con 118 votos a favor, ninguno en contra y 9 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el derecho a la protección y reparación integral de familias víctimas de femicidio.
Uno de los votos a favor de este nuevo instrumento legal, fue el del diputado por el Distrito 22, Juan Carlos Beltrán Silva quien explicó que dado que el aspecto punitivo relacionado con el femicidio ha tenido grandes avances en el país, “es necesario ahora enfocarse en otros aspectos de la violencia contra las mujeres, como el hecho de que cada asesinato o intento de asesinato en contra de una mujer por el sólo hecho de serlo, afecta a otras personas que pueden ser calificadas como víctimas colaterales del femicidio, y que son quienes tienen relación directa, familiar o afectiva con las mujeres que han sido objeto de la más brutal de las agresiones por causa de género en su contra”.
Asimismo indicó que las víctimas de este delito deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos y por eso deben adoptarse medidas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias.
“El Estado —precisó el Parlamentario Mallequino— debe velar porque, en la medida de lo posible, las leyes dispongan que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma. Eso fue lo que hicimos al aprobar este proyecto de ley”.
El diputado Beltrán manifestó que entre otras cosas, se aprobó que las víctimas podrán solicitar el cambio de fiscal, una vez durante la investigación, sin expresar las razones y que, en los casos de desaparición de mujeres, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, Carabineros y la PDI, deberán iniciar todas las gestiones tendientes a su búsqueda, dentro del plazo máximo de 24 horas de denunciada su desaparición por parte de la familia.
También se aprobaron disposiciones relacionadas con el derecho al acceso a la justicia, derecho a la protección, a la reparación integral, a la protección al trabajo, un derecho especial para víctimas migrantes y la responsabilidad del Estado respecto de las víctimas de femicidio.
“Estas nuevas disposiciones legales —afirmó finalmente Juan Carlos Beltrán— ponen a Chile en la vanguardia de la protección de las víctimas de femicidio en Latinoamérica; la idea, sin embargo, es lograr que este tipo de delitos que tanto afectan a la sociedad y en especial a los hijos de las mujeres blanco de estos terribles ataques, disminuyan al mínimo e incluso desaparezcan y esto se logra, sin duda, a través de la educación y de claridad en las reglas que es lo que estamos haciendo”.
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