- En caso de detectar infracciones, los organismos evaluarán las acciones que estimen pertinentes para ir en defensa de los derechos de las y los consumidores.
- El Servicio desplegó fiscalizaciones durante toda la semana en distintas comunas de la región en los servicios de alojamientos y operadores turísticos.
El Sernac de la región de La Araucanía, junto al Sernatur, fiscalizaron a empresas de Servicios de Alojamientos en la ciudad de Temuco, y operadores turísticos en otras comunas de la región, con el objetivo de verificar en terreno si cumplen con las exigencias establecidas en la Ley del Consumidor y la Ley de Turismo.
En esta oportunidad, se trató de una fiscalización integrada multitarea entre el Sernac y el Sernatur, e implica que cada organismo, de acuerdo a sus propias facultades, fiscaliza o inspecciona a las empresas.
En el caso del SERNAC, el objetivo fue verificar, especialmente aquellos aspectos relacionados con la información de servicios ofrecidos, precios, promociones y ofertas, entre otros antecedentes. En el caso del SERNATUR, revisar si los locales están inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, entre otras materias.
En ese contexto, el Servicio desplegó fiscalizaciones durante toda la semana en distintas comunas de la región, enfocadas en los servicios de alojamientos y operadores turísticos.
El director regional del Sernac, Arturo Araya, explicó que “mediante el despliegue de la facultad de fiscalización el Servicio cumple con su compromiso de tener mayor cobertura e impacto territorial, abarcando nuevas comunas, con miras a prevenir, disuadir y corregir incumplimientos a los derechos de las y los consumidores”.
“Se hace un llamado a que las empresas mantengan publicada una lista de precios a disposición del público en forma visible, accesible y permanente, a fin de que las personas puedan cotizar el servicio de su preferencia” sostuvo la autoridad.
En caso de incumplimiento a la Ley del Consumidor, las empresas arriesgan multas de hasta 300 UTM, esto es, más de 19 millones por cada infracción.
En caso de detectar infracciones tras la fiscalización, los organismos evaluarán las acciones que estimen pertinentes para ir en defensa de los derechos de las y los consumidores.
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