El diputado Jorge Saffirio Espinoza suscribió, junto a la bancada de parlamentarios Demócratas, un proyecto de ley que busca generar una nueva prórroga para que los Comités de Agua Potable Rural se puedan inscribir en el Registro de Operadores y constituyan un Consejo Consultivo, todo esto para cumplir con la ley 20.998 que entró en vigencia en 2020 y que busca establecer un marco jurídico integral para la producción y distribución de agua potable, así como la recolección, tratamiento y disposición final de aguas servidas en sectores rurales.
La iniciativa, que fue impulsada por el diputado Víctor Píno, se hace cargo de un problema que afecta a la gran mayoría de los comités de Agua Potable Rural, los que aún no cuentan con los recursos necesarios para adaptarse a la nueva normativa en los tiempos previstos. Por estos motivos, ya se aprobó hace algún tiempo un proyecto que establecía una prórroga, siendo esta la segunda iniciativa que apunta a aumentar los plazos para implementar la ley marco de 2020.
Según el diputado Jorge Saffirio, “este es un tema que tiene muy preocupados a los dirigentes de los APR. Recordemos que en nuestra región estos comités de agua potable son fundamentales para asegurar este vital elemento a las familias que viven en el campo, en sectores más aislados donde no hay servicios oficiales de agua potable”.
“El Registro de Operadores, concebido para garantizar la transparencia y trazabilidad en la prestación de los servicios sanitarios rurales, presenta aún una baja tasa de inscripción. A la fecha, muchas organizaciones no han logrado completar el proceso, lo que pone en riesgo la formalización de sus actividades y la calidad del servicio que prestan. Esto se debe, en gran parte, a las limitaciones operativas y la falta de recursos financieros para cumplir con los requisitos exigidos”, señaló el legislador.
Saffirio agregó que “la constitución del Consejo Consultivo también ha encontrado dificultades. La participación de representantes de los comités y cooperativas ha sido baja, debido tanto a la complejidad de la normativa como a la falta de espacios para el diálogo efectivo con el Estado”.
Finalmente, Jorge Saffirio aseguró que “por estos motivos, es fundamental que se concrete una nueva prórroga, para que los plazos de fiscalización comiencen a regir desde el año 2026 y no desde este año, como estaba previsto. No se trata simplemente de posponer obligaciones, sino de generar condiciones para que los comités y cooperativas puedan adaptarse al nuevo marco regulatorio de manera realista y eficiente”.
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