El parlamentario llamó a dicha cartera y a la ministra Maisa Rojas, a explicar los motivos del retraso del plan, y a “tomar medidas” para su pronta aprobación: “El Lago Villarrica reviste una importancia crucial para nuestra región, no sólo desde el punto de vista turístico, sino también y lo más importante, como hábitat natural de una rica biodiversidad, además de ser el entorno inmediato de decenas de comunidades indígenas”, sentenció.
“Ministra, por favor démosle una respuesta a la comunidad”. Con estas palabras, el senador Francisco Huenchumilla llamó a la jefa de la cartera de Medio Ambiente, Maisa Rojas, para que se acelere la aprobación y consiguiente puesta en marcha del Plan de Descontaminación del lago Villarrica.
“Como senador por La Araucanía, acojo la petición de la Red Vigilantes del Lago y su dirigente Víctor Durán, y hago un llamado enfático al nivel central, a Medio Ambiente y a la ministra Maisa Rojas, para que se acelere la aprobación e implementación de esta iniciativa”, planteó el legislador.
En su requerimiento, el parlamentario enfatizó que “el problema aquí son los plazos, ese es el reclamo al que apunta la comunidad. Efectivamente es preocupante, porque el anteproyecto del Plan fue debidamente formulado, y publicado el 25 de mayo de 2020. De ahí en más, la aprobación de la iniciativa se ha prorrogado hasta en tres ocasiones, ahora, hasta octubre de este año”, dijo.
Llamado
“Por lo tanto, este es un llamado en términos políticos. Al Ministerio de Medio Ambiente y a la ministra Maisa Rojas. El Lago Villarrica reviste una importancia crucial para nuestra Región, y no sólo desde el punto de vista turístico, sino también y lo más importante, como hábitat natural de una rica biodiversidad, además de ser el entorno inmediato de decenas de comunidades indígenas” añadió el legislador.
“Ministra, por favor démosle una respuesta a la comunidad. La Araucanía y sus habitantes luchan por sacar a La Araucanía adelante. No queremos una región rezagada también en lo medioambiental”, solicitó.
Consulta indígena
Sin perjuicio de lo anterior, el senador destacó “que se haya considerado realizar una consulta indígena para la aplicación del plan de descontaminación, porque ello es una obligación del Estado de Chile, que firmó el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios, convirtiéndolo en ley de la República”.
“Realizar una consulta indígena frente a una iniciativa que interviene el entorno de las comunidades, entonces, no es opcional. Pero no siempre se ha entendido así. A veces esta diligencia simplemente se ha pasado por alto sin ninguna explicación. Así que bien”, añadió.
Sin embargo, el senador relevó que “el problema en este caso es otro, y tiene que ver nuevamente con los plazos. El proceso de consulta indígena se inició en noviembre de 2021. Han pasado dos años, pero no sabemos si empezó, si se cerró, ni cuáles son sus resultados”, señaló.
La problemática del lago
El senador Huenchumilla también describió, en términos generales, la problemática que aqueja a las aguas. “Fueron declaradas como saturadas por el ingreso de un exceso de fosfatos artificiales, provenientes de la actividad piscicultora, la actividad agrícola-ganadera y también de urbanizaciones; por ejemplo, en infiltraciones de fosas sépticas de viviendas cercanas”, explicó.
“Estas sustancias favorecen el florecimiento de algas generadoras de toxinas, que a niveles controlados no representan un peligro para bañistas, y por ello los niveles son constantemente monitoreados por la seremi de Salud. Pero también producen aumento de turbiedad del agua. Producen pérdida de playas, porque estas condiciones facilitan la formación de nuevos humedales; e impactan negativamente en la preservación de la flora y la fauna que habita el lago”, añadió.
“Todavía es motivo de controversia la magnitud del vertido de aguas servidas en el lago, que según algunos corresponde a pulsos esporádicos por colapso y rebalse de sistemas de alcantarillados por aguas lluvia, pero otros denuncian periódicamente en redes sociales el vertido de aguas servidas al lago”, agregó el legislador.
El parlamentario, por último, detalló que “la meta consiste en bajar en más de 100 toneladas el ingreso de fosfatos de origen artificial al lago, en un plazo máximo de 15 años, lo cual implica una serie de regularizaciones en la emisión de desechos que llegan a sus aguas. Esto tendría un costo total estimado de más de 100 millones de dólares”, concluyó.
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