Senadora Aravena repudia ataque armado a comitiva de la Fiscalía en sector Pidenco: “Al igual que en Temucuicui, es un territorio donde el Estado no puede ingresar”

La mañana de este miércoles peritos del Servicio Médico Legal (SML)  y personal de la PDI, liderados por la Fiscalía y con resguardo militar, llegaron hasta el fundo Pidenco, en el límite de las comunas de Lumaco y Carahue, con el objetivo de realizar diligencias previas – solicitadas por tribunales – a la exhumación de los restos de Pablo Marchant, miembro de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) abatido por Carabineros durante un ataque armado a un predio forestal en julio de 2021.Pese al resguardo del personal policial y militar, y la presencia de la madre y hermana de Marchant, desconocidos atacaron con disparos la comitiva, al ingreso al predio donde se encuentra inhumado, lo que obligó a suspender la diligencia, ante el riesgo inminente para la vida de todos los asistentes.

El hecho hizo recordar el ataque, también a tiros por parte de desconocidos, a la exministra del Interior Izkia Siches al intentar ingresar a la comunidad Temucuicui, en Ercilla, y en el que se utilizó armamento ocupado para el millonario robo a la empresa Brinks, en agosto pasado.

Por ello, la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena lamentó que “nuevamente debemos ser testigos de un ataque sin mediar provocación, contra civiles que, pese a adherir a la misma CAM, son atacados por cobardes que se amparan en medio del bosque”.

La legisladora, autora de la Ley que endurece las penas contra el delito de usurpación, añadió que “es impresentable para un Estado de Derecho, que aún haya quienes mantienen ocupados terrenos privados, en los que las instituciones del Estado son expulsadas en un intento claro de homicidio”.

“Al igual que en Temucuicui, donde no supimos quién atentó contra la exministra Siches, hoy el sector de Pidenco da muestras claras que también es un territorio donde el Estado no puede ingresar”, fustigó la senadora Aravena, por lo que llamó al Gobierno a disponer de los recursos que sean necesarios para cumplir con las disposiciones judiciales, porque “no puede ser que quienes administran el Estado permitan que sigan existiendo territorios controlados por terroristas”, advirtió.