Llao sostuvo que esta comisión operó como un mecanismo para cerrar las demandas de restitución de tierras, sin entregar soluciones estructurales, y denunció que, paralelamente, se desmantelaron áreas clave de CONADI, como la Unidad de Cultura —en pleno Decenio de las Lenguas Indígenas sin financiamiento— y la Unidad de Desarrollo, que apoya proyectos económicos para comunidades.
La consejera respaldó sus críticas con datos del proceso de consulta de tierras, indicando que en las cuatro regiones del sur se realizaron 71 reuniones, de las cuales solo 20 decidieron avanzar, mientras 51 optaron por no hacerlo. En el caso de La Araucanía, se llevaron a cabo 29 reuniones, con apenas 6 a favor de avanzar y 23 en rechazo, cifras que, a su juicio, evidencian la falta de legitimidad del proceso.
Añadió que la desconfianza acumulada y la escasez de respuestas concretas también tuvieron una expresión política clara, señalando que parte del pueblo mapuche manifestó un voto de castigo frente a un Estado que no ha estado a la altura de sus compromisos ni de las necesidades territoriales.
Finalmente, Ana Llao llamó al Gobierno a abandonar definitivamente mecanismos sin respaldo y a asumir decisiones políticas reales: avanzar en la restitución de derechos, fortalecer las políticas públicas con recursos efectivos y dejar de insistir en comisiones y consultas que las propias comunidades ya rechazaron.
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