Servicios de abastecimiento de agua rural no reciben pagos desde agosto y acusan que el Estado no tiene recursos disponibles para cumplir con los tratos asumidos.
Un paro de actividades a contar de este viernes 26 de diciembre anunciaron los dueños de camiones aljibe que abastecen de agua potable a sectores rurales de la Región de La Araucanía, debido al grave retraso en los pagos por parte del Gobierno, los que se mantienen impagos desde el mes de agosto, pese a reuniones y compromisos formales asumidos por las autoridades.
La paralización involucra a 135 camiones aljibe que prestan servicios esenciales en comunas rurales, y fue confirmada tras una reunión sostenida la semana pasada en Temuco con el delegado presidencial regional, Eduardo Abdala, instancia en la que los transportistas solicitaron gestiones urgentes ante el Ministerio de Hacienda y la Subsecretaría del Interior para regularizar la deuda.
Sin embargo, al no concretarse los pagos ni existir una fecha clara de cumplimiento, el gremio ingresó una carta formal a la Delegación Presidencial Regional y a la Contraloría Regional de La Araucanía, informando que suspenderán la distribución de agua a partir de este viernes.
La vocera del gremio, Claudia Fernández, advirtió que esta situación no es nueva y refleja una incapacidad estructural del Estado para cumplir oportunamente con sus obligaciones. “Ya vivimos una situación similar en el año 2021. No se trata de un problema aislado, sino de una constante: el Gobierno asume compromisos, pero no cuenta con los recursos o los libera cuando ya es demasiado tarde”, señaló.
Desde el Ejecutivo, la Delegación Presidencial reconoció la gravedad del escenario. El delegado presidencial subrogante, Leopoldo Rosales, confirmó el retraso en los pagos y admitió las dificultades financieras del proceso. “Efectivamente existe una demora en el pago de los servicios, lo cual lamentamos profundamente. Estamos trabajando para dar una pronta respuesta a las demandas del gremio”, indicó, aunque sin comprometer plazos concretos para la regularización.
La paralización amenaza con afectar directamente a miles de familias rurales que dependen exclusivamente del abastecimiento mediante camiones aljibe, instalando nuevamente el debate sobre la falta de previsión presupuestaria del Gobierno y la reiterada postergación de compromisos en servicios básicos críticos para la región.
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