Mientras el Gobierno insiste en que está “cumpliendo con su deber” y que el impacto en Caburgua sería mínimo, comunidades locales y el gobernador Saffirio mantienen su preocupación por el futuro del lago, que consideran un patrimonio natural cuya protección debe primar sobre cualquier interpretación administrativa.
Una fuerte controversia se instaló en La Araucanía tras la decisión de la Dirección General de Aguas (DGA) de cerrar el brazo del Estero La Cascada, medida que busca restituir el cauce original del río Trafampulli y proteger los derechos de agua asociados. La resolución, sin embargo, desató preocupación en vecinos y autoridades regionales, quienes sostienen que la intervención podría profundizar el deterioro ambiental del Lago Caburgua, que ya muestra signos de descenso en sus niveles.
El delegado presidencial de La Araucanía y exdirector de la DGA, Eduardo Abdala, explicó que la intervención responde estrictamente a obligaciones legales. “El tema está relacionado con los derechos de aprovechamiento de agua del río Trafampulli y el Estado tiene el deber de resguardar que ese cauce lleve el recurso”, afirmó. Según detalló, solo el 4% del estero La Cascada llega actualmente al lago Caburgua, cifra que fue corroborada a través de 11 puntos de medición instalados por el organismo técnico.
El Gobierno argumenta que el brazo que alimenta parte del lago no forma parte del cauce natural del Trafampulli, sino que se generó tras la pérdida del antiguo pretil. La reconstrucción del dique busca que el agua retorne a su trayectoria original rumbo al Lago Colico, en la comuna de Cunco. Abdala agregó que la intención es “discutir alternativas para resguardar la caída de agua al lago Caburgua”, intentando contener la preocupación de las comunidades locales, que califican la situación como una amenaza directa al ecosistema del lago.
Las críticas vecinales no han cesado. Voceros del territorio, entre ellos el werken Carlos Quiñenao Colimán, han acusado que “se vendió el agua del Caburgua”, apuntando a que el desvío autorizado por la DGA profundiza el daño ambiental y altera la relación de las comunidades con un recurso natural de enorme valor cultural y turístico.
En paralelo, el gobernador regional René Saffirio expresó abiertamente su rechazo a la medida y llamó al Gobierno a reconsiderar el cierre del brazo del estero. “Estamos ad portas de una situación que no queremos que se repita, hace años fuimos testigos de un espectáculo dantesco que afectaba la naturaleza de una manera impresionante y dolorosa”, advirtió.
Añadió que ha transmitido a las comunidades la urgencia de actuar colectivamente frente a la decisión que hoy se impulsa desde el Ministerio de Obras Públicas. “El cierre propuesto por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas al caudal del río Trafampulli, que alimenta el lago Caburgua, pone en peligro un recurso natural que no pertenece solo a la región”, enfatizó.
La controversia se produce en un contexto donde existen 4,5 millones de litros por segundo otorgados en derechos de agua consuntivos y no consuntivos en La Araucanía —según cifras del propio delegado presidencial— que no están siendo utilizados. Con el nuevo Código de Aguas, estos derechos podrían caducar en un plazo de 5 a 10 años si mantienen su inactividad.
Mientras el Gobierno insiste en que está “cumpliendo con su deber” y que el impacto en Caburgua sería mínimo, comunidades locales y el gobernador Saffirio mantienen su preocupación por el futuro del lago, que consideran un patrimonio natural cuya protección debe primar sobre cualquier interpretación administrativa.
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